La Comisión de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de la Mujer realizaron un seminario para analizar los impactos de la Ley 21.484. Representantes de instituciones como juzgados de familia, la Corporación de Asistencia Judicial y el Registro Civil expusieron datos y reflexiones sobre la implementación de esta normativa que busca garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias.

La senadora Loreto Carvajal, presidenta de la Comisión, inauguró el evento enfatizando la importancia de agilizar las medidas establecidas por la ley. Recordó que esta norma nació gracias al trabajo de diversas senadoras y un mensaje presidencial, con el objetivo de establecer mecanismos efectivos para el cobro de pensiones adeudadas.

La ministra Antonia Orellana destacó que, hasta octubre, los tribunales de familia lograron ordenar el pago de más de 1,3 billones de pesos mediante los mecanismos previstos en la ley, lo que ha permitido recuperar cerca de $588 mil millones. Este monto representa casi el doble de lo recaudado hasta mayo. También señaló que el 37% de los deudores inscritos en el registro han saldado sus deudas o alcanzado acuerdos judiciales.

Evaluación del sistema y propuestas de mejora

La jueza Paz Pérez, del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, analizó el funcionamiento de la normativa y sugirió ajustes para optimizar su impacto. Propuso crear un sistema de recopilación de datos estadísticos con enfoque en infancia y género, que permita identificar obstáculos y evaluar si el modelo actual cumple con los estándares necesarios para garantizar el derecho de los menores a un nivel de vida adecuado.

Rodrigo Mora, director de la Corporación de Asistencia Judicial, expuso los resultados de un programa piloto que ofrece orientación y representación judicial a mujeres demandantes de pensiones alimenticias en la Región Metropolitana. Destacó que la iniciativa ha superado las metas establecidas en cobertura y cumplimiento de casos.

El abogado Félix Marín, del Servicio de Registro Civil e Identificación, resaltó los beneficios del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que incluye restricciones para los deudores, mayor transparencia en los procesos de cobro y datos útiles para diseñar políticas públicas. Según sus cifras, hasta la fecha, 262.785 personas figuran como deudoras, acumulando una deuda total de más de $20 mil millones.

Queda trabajo por hacer

Parlamentarios presentes coincidieron en que, aunque se han logrado avances, es necesario profundizar los esfuerzos. La senadora Claudia Pascual subrayó la importancia de cambiar la cultura del no pago, mientras que el senador Gustavo Sanhueza propuso prohibir que deudores registrados puedan postularse a cargos de elección popular.

Por su parte, la senadora Fabiola Campillai, desde su experiencia personal, enfatizó que la ley representa un gran avance, pero llamó a seguir trabajando para garantizar que más hombres cumplan con sus obligaciones de pensión alimenticia.

El seminario cerró con un llamado transversal a fortalecer los mecanismos existentes y promover cambios legislativos y culturales que permitan construir una sociedad más responsable y comprometida con el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Fuente: senado.cl

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