Comisión analiza reformas al modelo de gestión del fútbol profesional

La Comisión de Constitución del Senado analizó esta semana el avance del proyecto que busca modificar la ley que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), normativa clave en la estructura del fútbol profesional chileno. Durante la sesión, los senadores informaron que el texto recibió un total de 45 indicaciones, tanto de forma como de fondo. La mayoría proviene del Ejecutivo y se enfoca en mejorar la fiscalización, evitar los conflictos de interés y fomentar la participación de los hinchas en la propiedad de los clubes.

El senador Matías Walker, impulsor de la ley vigente y activo promotor de la reforma, explicó que las indicaciones presentadas pretenden corregir situaciones que han generado distorsiones en el funcionamiento de los clubes deportivos. “Queremos terminar con la multipropiedad y con la anomalía de que una misma persona pueda controlar más de un club, o que un representante de jugadores pueda participar en su administración”, afirmó.

Walker también destacó la necesidad de identificar con claridad a los beneficiarios finales de los clubes, es decir, a las personas naturales que detentan su propiedad. Según explicó, este paso es fundamental para avanzar hacia un sistema más transparente y confiable.

Reforma busca fortalecer la fiscalización sin eliminar las SADP

El parlamentario dejó en claro que la reforma no busca eliminar la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas, sino establecer nuevas reglas para evitar que intereses privados opaquen el espíritu deportivo. “Este proyecto no deroga la ley actual, pero sí establece límites y exigencias claras para evitar conflictos que afectan la credibilidad y la equidad del fútbol profesional chileno”, subrayó.

Durante la sesión, la comisión escuchó al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y a su asesor legislativo, Hugo Castelli. Ambos coincidieron con los senadores en que el actual sistema de fiscalización resulta insuficiente. Según señalaron, ni la Federación de Fútbol de Chile ni la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se encuentran inscritas en los registros públicos ni responden ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), lo que complica su supervisión.

Pizarro también advirtió que la normativa vigente no establece inhabilidades ni incompatibilidades para integrar los directorios de los clubes, lo que abre la puerta a conflictos de interés y malas prácticas.

Próxima sesión convocará a actores clave del fútbol chileno

Como parte del análisis del proyecto, la Comisión acordó invitar a una serie de actores clave para la próxima sesión, que se realizará el martes 6 de mayo. Entre los convocados se encuentran el propio ministro del Deporte, representantes de la CMF, el presidente de la ANFP, el titular del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), el presidente del Club Deportivo Universidad Católica, representantes de la organización No Más ANFP y el académico Juan Carlos Silva.

Cabe recordar que la Sala del Senado ya aprobó en general esta iniciativa en diciembre del año pasado. Luego, se abrió un período para presentar indicaciones, el que concluyó con 45 propuestas que ahora serán revisadas en particular. Los senadores anticiparon que la discusión seguirá durante las próximas semanas, dada la complejidad de la materia y el impacto que puede tener en la estructura del fútbol chileno.

Fuente: senado.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Gobierno presenta proyecto para fortalecer requisitos de ingreso a pedagogía y enfrentar déficit docente

Gobierno presenta proyecto para fortalecer requisitos de ingreso a pedagogía y enfrentar déficit docente

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, presentó ante la Comisión de Educación de la Cámara los lineamientos de un proyecto de ley que busca enfrentar la baja sostenida en las matrículas de las carreras de pedagogía. La iniciativa, impulsada por el Gobierno bajo el boletín 17442, apunta a establecer nuevos requisitos de ingreso basados en criterios técnicos, necesidades territoriales y evidencia.

Durante su exposición, Orellana explicó que la matrícula en pedagogía disminuyó un 43,3% entre 2018 y 2022. De mantenerse la tendencia, el país enfrentará un déficit de 33 mil docentes idóneos y especialistas hacia 2030. A esta situación se suma una oferta formativa concentrada geográficamente. Por ejemplo, solo cuatro regiones imparten pedagogía en arte, dos ofrecen especialidad técnico-profesional y tres cuentan con programas en física.

El subsecretario aclaró que el proyecto no eliminará los criterios de selectividad, pero sí permitirá adaptarlos a las realidades locales. El plan contempla un rediseño en la manera en que se define el acceso a estas carreras, con decisiones tomadas por el Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario, mediante acuerdos basados en mayoría absoluta.

Propuesta modifica actual Ley de Educación Superior

La propuesta modifica la Ley 20.129, que regula el sistema nacional de aseguramiento de la calidad en educación superior. Su objetivo es establecer un mecanismo técnico y periódico para definir los requisitos de ingreso a pedagogía, garantizando así la formación de docentes suficientes y bien preparados. El enfoque incluirá criterios de equidad, diversidad y calidad.

Entre las medidas más destacadas, el proyecto plantea:

  • Establecer un procedimiento técnico para definir los requisitos de acceso a pedagogía.

  • Reforzar la equidad y diversidad en el ingreso a estas carreras.

  • Asegurar la formación de docentes calificados en todo el país.

Las universidades solo podrán acreditar carreras de pedagogía si admiten a estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos por el Comité Técnico. No obstante, las instituciones podrán solicitar excepciones fundadas ante el Ministerio de Educación.

Incentivos y apoyo para atraer nuevos talentos docentes

El proyecto se complementará con el plan docente de la cartera, que refuerza el Programa de Atracción de Talento Pedagógico (PATP). A través de este programa, las universidades identificarán estudiantes con vocación pedagógica directamente en liceos y colegios, ofreciendo ingreso especial y liberación del límite de vacantes.

Orellana destacó que, gracias a una indicación aprobada en el proyecto de nuevo financiamiento de la educación superior (FES), el Ejecutivo podrá destinar más de 200 mil millones de pesos para fortalecer el PATP y promover la vocación docente.

El subsecretario también informó sobre medidas para permitir la prosecución de estudios de los docentes sin título. “Existen 14 mil profesores de aula sin título, y son quienes presentan mayor retención en el sistema”, señaló. Para ello, el ministerio conformó una mesa técnica que establecerá condiciones claras y rigurosas para validar la continuidad académica de estos profesionales.

Diputados valoran el debate y piden cambios estructurales

Durante el debate, el diputado Stephan Schubert respaldó la iniciativa y advirtió sobre la “crisis anunciada” en el sistema educativo. A su juicio, la baja en el interés por la pedagogía responde a la pérdida de autoridad del docente y a una creciente carga burocrática.

Helia Molina insistió en abordar el problema desde una perspectiva cualitativa, que considere los factores sociales y comunicacionales que afectan la valoración del rol docente.

Por su parte, Hugo Rey propuso crear un programa de actualización para estudiantes que abandonaron sus carreras de pedagogía, pero cursaron varios semestres. Además, enfatizó que el país debe contar con los mejores profesionales y mantener estándares altos para ingresar a la docencia.

Fuente: camara.cl

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Comisión avanza en proyecto de derechos lingüísticos para pueblos indígenas

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios inició la votación en particular del proyecto de ley que reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas.

El proyecto se originó en una moción presentada por la diputada Ericka Ñanco (FA) y busca fomentar el rescate, promoción y desarrollo de las lenguas, culturas y cosmovisiones indígenas. Durante la sesión, la Comisión respaldó varias modificaciones del Ejecutivo orientadas a mejorar la redacción y precisión del texto. Algunas normas quedaron pendientes para ser consensuadas con la autora de la iniciativa.

Detalles de la iniciativa

Entre los puntos aprobados, se estableció que el Estado reconoce las lenguas indígenas como parte del patrimonio cultural del país. Asimismo, se consignó su deber de salvaguardar, recuperar, revitalizar, conservar, fortalecer, investigar, promover y difundir estas lenguas en el territorio nacional.

El proyecto también señala que los órganos del Estado deben coordinarse para implementar iniciativas y programas de política pública en materia de lenguas indígenas. Además, define estas lenguas como aquellas en uso o en desuso que forman parte del patrimonio cultural indígena, según la Ley Indígena (19.253).

Derechos lingüísticos y educación

El proyecto establece diversos derechos para los pueblos indígenas en relación con sus lenguas:

  • Comunicarse en su lengua, de forma oral o escrita, en el ámbito público y privado, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas. Para ello, los órganos del Estado deberán adoptar medidas para asegurar servicios de interpretación.
  • No ser discriminado por el uso de su lengua. Todo acto de discriminación arbitraria podrá ser denunciado según la ley vigente.

En cuanto a la promoción y enseñanza, el Estado reconoce la importancia de revitalizar las lenguas indígenas y permitir que las comunidades interesadas soliciten apoyo y asesoría conforme a las leyes 19.253 y 21.045. Además, la educación intercultural bilingüe se entiende como una forma de interculturalidad, pero no como la única herramienta para la revitalización cultural.

El Estado también reconoce el derecho de los pueblos indígenas a desarrollar y controlar sus propias instituciones educativas dentro del marco legal. Asimismo, se impulsarán acciones para fortalecer iniciativas autogestionadas por organizaciones indígenas a través de los ministerios de las Culturas, Desarrollo Social y la Corporación de Desarrollo Indígena.

Debate en la Comisión

Uno de los puntos más debatidos fue la eliminación del verbo «garantizar» en la descripción de los derechos lingüísticos. La Subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, explicó que la redacción se ajusta a estándares internacionales, ya que el término podría interpretarse como una exigencia inmediata.

La diputada Ñanco cuestionó esta decisión, argumentando que eliminar «garantizar» debilita la protección de los derechos de los pueblos indígenas. «Si el Estado no los garantiza, ¿qué derechos se pueden defender?», manifestó.

Ante esta inquietud, el Gobierno propuso una indicación para incorporar la garantía de los derechos de manera gradual y progresiva. Otro punto pendiente es el derecho de los pueblos indígenas a aprender, enseñar y recuperar la lengua de sus ascendientes, lo que también se abordará en una indicación de la diputada Ñanco.

Ambos temas serán votados en la próxima sesión.

Fuente: camara.cl

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Comisión de Gobierno Interior avanza en modernización de la ley de lobby

La Comisión de Gobierno Interior continuó la discusión y votación del proyecto que actualiza la ley del lobby y las gestiones de intereses ante autoridades y funcionarios públicos (boletín 16.888).

Durante la votación del Mensaje del Ejecutivo, diputadas y diputados rechazaron diversas propuestas sobre la intermediación. Con ocho votos en contra y sin abstenciones, descartaron la norma que establecía la intermediación como una forma de lobby. Así, la regulación actual se mantiene sin incluir a los intermediarios como sujetos regulados.

También se rechazó una indicación sobre inhabilidades para definir a los lobbistas, con seis votos en contra.

Representación gremial y transparencia

Otro punto clave fue el rol de las organizaciones gremiales en la norma. La comisión aprobó una indicación que aclara que las negociaciones entre asociaciones de funcionarios y sus empleadores no constituyen lobby. Sin embargo, el texto exige registrar estas reuniones en el sistema de audiencias públicas para garantizar transparencia.

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, valoró estos cambios y destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización. “Chile ha sido pionero en la regulación del lobby, pero es fundamental seguir perfeccionando la transparencia para garantizar que las decisiones beneficien el interés general”, señaló.

Próximos pasos en la discusión

Parlamentarios respaldaron la iniciativa, pero expresaron dudas sobre el impacto en la labor legislativa y la relación con ciudadanos. También insistieron en que la normativa debe incluir principios de transparencia y probidad en todos los poderes del Estado.

La comisión continuará con la votación de otros aspectos, incluyendo la implementación de un portal único de lobby, una de las principales innovaciones del proyecto.

Fuente: camara.cl

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Aprueban informe sobre deficiencias en farmacias populares

La Comisión Especial Investigadora de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares aprobó su informe final. En él, se concluye que el modelo de abastecimiento de estas farmacias ha facilitado un sistema que defrauda las arcas municipales. El informe destaca graves deficiencias en la administración y control de los recursos asignados a estas entidades.

Adicionalmente, el documento señala que el actual modelo de abastecimiento de medicamentos gestionado por municipios fomenta irregularidades en el uso de recursos. Según la Contraloría General de la República, la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) presenta fallas significativas en transparencia y control financiero. Estas debilidades aumentan el riesgo de malversación y de incumplimiento de normativas vigentes.

Falta de transparencia y cumplimiento normativo

A su vez, las auditorías realizadas revelaron problemas graves, como la falta de transparencia, la omisión de normativas y una administración de fondos deficiente. Esto, según el informe, crea un entorno favorable para la corrupción y el mal manejo de fondos públicos. «Las observaciones sobre la falta de procedimientos adecuados y el incumplimiento de leyes de compras públicas indican un entorno propenso a la corrupción y al manejo ineficiente de recursos públicos», sostiene el documento.

Propuestas para mejorar la supervisión y el control

Para enfrentar estos problemas, la comisión propone varias medidas. Entre ellas, destaca la necesidad de capacitaciones para los directivos de las farmacias populares y de un monitoreo constante. También se recomienda crear protocolos de comunicación entre entidades fiscalizadoras, como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público. El informe sugiere, además, establecer alianzas estratégicas con universidades para fortalecer la supervisión y transparencia de estas farmacias.

El informe concluye que es esencial mejorar el control interno y la transparencia en el funcionamiento de las farmacias populares. Propone fortalecer la supervisión tributaria mediante un programa de fiscalización más riguroso y plantea que la Cámara de Diputados debe potenciar su facultad fiscalizadora. Para ello, se impulsa la tramitación de una reforma a la ley N°18.918, que impondrá plazos estrictos para la respuesta a los oficios de fiscalización.

El presidente de la comisión, el diputado Eduardo Durán (RN), destacó el esfuerzo de la instancia y se comprometió a presentar el informe ante la Sala de la Cámara de Diputados para avanzar en la implementación de estas recomendaciones.

Fuente: camara.cl

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