Nov 27, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión de Constitución aprobó en general el proyecto de ley. Se obtuvieron seis votos a favor y dos abstenciones. La iniciativa busca crear un registro de condenados por maltrato animal y establece la incautación de los animales afectados (boletín 16309).
La iniciativa plantea también aumentar las penas de maltrato animal. Esto se aplicaría si se trata de una hembra preñada o recién parida. Además, se busca incorporar la participación de organizaciones de rescate tras la denuncia.
La modificación a la Ley N° 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, contó con el respaldo del gobierno. Esto ocurrió a través de indicaciones presentadas en abril pasado. El Ejecutivo respaldó la moción porque propone nuevas funciones públicas, materia que es de su iniciativa exclusiva.
El texto impulsado por la diputada Carolina Marzan reseña datos de la PDI. Según la PDI, los casos de maltrato animal aumentaron un 7% en 2021. Este incremento se debe a una mayor conciencia ciudadana sobre el delito, lo que ha derivado en más denuncias.
Registro y Modificaciones a la Ley
El diputado Raúl Leiva votó a favor de la moción. Él propuso modificar el Registro General de Tenedores de Mascotas (Ley 21.020). La idea es impedir automáticamente la inscripción de una mascota a cualquier condenado por maltrato. No solo en los casos actuales de inhabilidad perpetua.
El diputado Luis Sánchez se abstuvo de votar en general. Él comparte la preocupación, sin embargo, advirtió sobre la estructura penal. Señaló que el maltrato animal no se debe equiparar al abandono de un niño. «No estamos hablando de lo mismo», recalcó el parlamentario.
Visión de la Sociedad Civil y Perfeccionamiento
Paula Herrera, representante de la ONG Huellitas de Boco, participó en la sesión. Ella detalló el trabajo de su refugio. Informó que más de 400 organizaciones se encuentran registradas. Muchas más ONG informales intentan cubrir un problema que el Estado no ha podido solucionar.
Ella indicó que la llamada Ley Cholito establece una base, pero no es suficiente y debe perfeccionarse. Según afirmó, hoy la violencia está desatada y los cambios necesarios no pueden lograrse con una sola medida.
Fuente: pjud.cl
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Nov 13, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión de Constitución aprobó y despachó a la Sala un proyecto de ley (boletín 17637) que modifica el Código Penal. El objeto es tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad por parte de asociaciones delictivas o criminales.
El texto establece una sanción de presidio menor en su grado mínimo a medio (desde 61 días a 3 años y un día). La pena subirá al grado máximo (hasta 5 años) si el reclutamiento se realiza con violencia, amenazas o coacción, o aprovechando la vulnerabilidad del menor. La norma indica que el consentimiento del menor no exime de responsabilidad al adulto reclutador.
Durante el debate, se discutió la responsabilidad del reclutador menor de edad. Se acordó que, en ese caso, las sanciones se remitirán a la penalidad establecida en la Ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente. El diputado Jorge Alessandri informará el proyecto en la Sala.
Argumentos y Alcance de la Norma
La iniciativa fue presentada por un grupo transversal de diputados, incluyendo a Vlado Mirosevic, debido a la evolución de la delincuencia en Chile hacia estructuras criminales transnacionales.
Se argumenta que es urgente sancionar el reclutamiento de menores de edad, ya que esta práctica incrementa la inseguridad y vulnera los derechos de la infancia y adolescencia.
Se define que reclutar es inducir, promover, facilitar o captar a un niño, niña o adolescente para que participe en una asociación delictiva o criminal.
Fuente: camara.cl
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Nov 28, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión de Constitución de la Cámara retomó la discusión sobre el proyecto que propone disolver la Editorial Jurídica de Chile y establece normas para su liquidación. La iniciativa, enviada por el Ejecutivo en 2013, fue aprobada en su idea de legislar.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que el proyecto busca resolver los graves problemas financieros de la Editorial Jurídica, una corporación de derecho público ajena a la administración del Estado. Entre sus principales dificultades se encuentran deudas tributarias, juicios laborales y embargos.
El proyecto analizado por la Comisión de Constitución plantea la disolución de la editorial a través de un liquidador designado por el Ministerio de Justicia. Además, establece que la Universidad de Chile administrará los sellos de la Editorial Jurídica y Andrés Bello, preservando sus marcas.
Por otro lado, otorga nuevas atribuciones a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), que asumiría el rol de secretaría técnica de la Comisión de Códigos de la República, encargada de la edición oficial de los textos legales.
El director de la BCN, Diego Matte, participó en la sesión y señaló que los trabajadores que se auto despidieron por la insolvencia de la editorial aún enfrentan problemas laborales pendientes. Además, expresó su desacuerdo con la Comisión de Códigos, argumentando que confunde el rol académico con el institucional.
Matte también solicitó avanzar en el reconocimiento legal del Sistema Ley Chile, una plataforma digital que publica más de 4 mil normas y registra un tráfico anual de 32 millones de sesiones.
Debate y cifras financieras
Los diputados respaldaron la disolución, pero pidieron un informe actualizado sobre las deudas de la editorial, considerando que el proyecto tiene 11 años. Según datos presentados por el ministro Gajardo, el informe de la Contraloría de 2022 indica que la editorial acumula deudas tributarias por $18 mil millones, derechos de autor por $834 millones, obligaciones de corto plazo por $21 mil millones y deudas laborales por $458 millones.
El Ministerio de Justicia planea realizar un aporte adicional para cubrir las deudas laborales tras la liquidación, aunque reconoció que las cifras deben ser actualizadas.
Reforma al sistema de nombramientos judiciales
En otro tema, la Comisión de Constitución continuó el análisis de la reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales. Esta propuesta busca modernizar los procesos de designación en el Poder Judicial.
Domingo Lovera, académico de la Universidad Diego Portales, participó en la discusión y destacó la importancia de garantizar la independencia de los jueces. Señaló que los magistrados deben tomar decisiones basadas únicamente en el derecho, sin presiones de las instituciones que los designan ni de sus superiores jerárquicos.
Lovera propuso separar las funciones de nombramiento de las labores disciplinarias y administrativas. También cuestionó la participación del Senado en la ratificación de ternas judiciales, argumentando que no existe una justificación técnica para ese proceso y que se podrían evitar influencias políticas en la designación de los jueces.
El académico subrayó la necesidad de asegurar la pluralidad y la alta calificación técnica en la integración del máximo tribunal, además de establecer mecanismos que reduzcan la posibilidad de tráfico de influencias.
Fuente: camara.cl
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