La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su Informe Anual sobre Colombia 2024, en el que reconoce los avances significativos en la implementación de la Justicia Transicional Restaurativa por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El documento destaca logros clave en la protección de los derechos de las víctimas y la consolidación de mecanismos de justicia, al tiempo que señala desafíos pendientes en el proceso.
Uno de los avances más relevantes mencionados en el informe es la adopción de la Medida Cautelar Nacional para garantizar la memoria y la verdad, así como para fortalecer la búsqueda, identificación y entrega digna de víctimas de desaparición forzada. Este mecanismo busca abordar obstáculos estructurales que han limitado la respuesta del Estado en estos casos, incluyendo la falta de consolidación de sistemas de información y el subregistro de víctimas.
El informe también resalta el progreso en los macrocasos de la JEP. En particular, destaca la imputación a seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento de menores en el Caso 07. Asimismo, menciona el primer juicio adversarial iniciado en septiembre de 2024 contra un compareciente que no reconoció su responsabilidad ni aportó verdad.
Otro aspecto relevante del informe es la colaboración de la JEP con autoridades territoriales para la futura imposición de sanciones propias. Se han adelantado diálogos con el sector público y privado, así como con la cooperación internacional, con el fin de garantizar la implementación de estas medidas. Además, la ONU valora los esfuerzos de la JEP en el cumplimiento del régimen de condicionalidad para aquellos comparecientes que no fueron identificados como máximos responsables.
A pesar de estos avances, el informe advierte sobre los desafíos que enfrenta la Jurisdicción. La persistencia de la violencia contra la población civil, el reclutamiento forzado y la desaparición de personas siguen limitando la participación de las víctimas en el Sistema Integral para la Paz. Asimismo, se señala que estos crímenes afectan de manera desproporcionada a grupos vulnerables como la niñez, las mujeres, los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes.
En respuesta a estos retos, la ONU insta a la JEP a avanzar con determinación en la instrucción de nuevos macrocasos, especialmente el Caso 11, que aborda la violencia de género y los crímenes motivados por prejuicios basados en la orientación sexual.
El informe concluye reiterando el compromiso de las Naciones Unidas con el proceso de paz en Colombia y hace un llamado a todas las partes involucradas a fortalecer la implementación de medidas que garanticen los derechos de las víctimas, consolidando así una paz sostenible e inclusiva.
Fuente: jep.gov.co
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