En una audiencia pública realizada en el Congreso de la República, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez presentó el balance de la gestión institucional al cierre del año y anunció que, a partir del próximo mes, se posesionarán los nuevos contralores municipales y departamentales, quienes asumirán un rol activo en la vigilancia del uso de los recursos públicos en las obras públicas de todo el país.

El anuncio se dio en medio de las preocupaciones expresadas por varios congresistas frente a la persistencia de obras inconclusas, mal ejecutadas o paralizadas, conocidas como “elefantes blancos”, que continúan generando pérdidas millonarias pese a las denuncias y llamados de atención realizados en años recientes. Desde el Legislativo se insistió en la necesidad de fortalecer el control fiscal para evitar que estas situaciones se repitan y queden en la impunidad.

Durante la sesión, se expusieron casos concretos como el de la Ruta de la Libertad, una vía estratégica que busca conectar departamentos del centro del país con la región oriental y aliviar la congestión hacia Villavicencio y Yopal. La obra, que lleva cerca de una década en ejecución, presenta tramos inconclusos y zonas abandonadas, lo que ha impedido que cumpla su objetivo de mejorar la movilidad y el desarrollo regional.

También se solicitó intensificar la vigilancia sobre los contratistas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), al considerar que se trata de uno de los sectores más sensibles del gasto público. Según lo manifestado en el debate, en distintos territorios los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes resultan insuficientes o se agotan antes de finalizar el calendario escolar, afectando la garantía del derecho a la educación y a la nutrición de miles de niños y niñas.

La situación en La Guajira fue otro de los puntos destacados, donde se han invertido cuantiosos recursos en proyectos de acueductos, plantas de tratamiento y sistemas de desalinización que no han sido entregados, han quedado abandonados o no se han ejecutado, a pesar de la crítica problemática de acceso al agua en el departamento.

Frente a este panorama, el contralor general señaló que la posesión de los nuevos funcionarios territoriales estará orientada a priorizar la vigilancia de este tipo de proyectos en todas las regiones. Asimismo, anunció la intención de impulsar una política pública anticorrupción que permita ejercer control fiscal antes, durante y después de la ejecución de las obras financiadas con recursos del Gobierno Nacional, con el fin de prevenir irregularidades y garantizar una inversión eficiente y transparente.

Fuente: camara.gov.co

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