La Corte Constitucional, a través de su Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en las garantías de seguridad para la población firmante del Acuerdo Final de Paz, adoptó nuevas medidas para enfrentar la creciente victimización de los excombatientes de las extintas FARC-EP. Mediante el Auto 1929 de 2024, la Sala diagnosticó graves fallas estructurales en el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida (SPARR), identificando bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales que dificultan su implementación efectiva.
La Sala detectó dos grandes problemas estructurales:
- Desarticulación entre entidades responsables del SPARR. Esta situación está ligada a la falta de implementación de perspectivas diferenciales que atiendan los riesgos específicos de los excombatientes.
- Asignación difusa de responsabilidades. La falta de coordinación entre las entidades nacionales y territoriales genera inequidad en la carga de respuesta, afectando la eficacia del sistema.
Además, destacó la necesidad urgente de garantizar que el sistema cumpla con su propósito de prevenir violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
En un esfuerzo por superar estas fallas, la Corte anunció dos sesiones técnicas para finales de enero y principios de febrero de 2025.
- Primera sesión: Centrada en el componente de alertas tempranas del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), bajo la dirección de la Defensoría del Pueblo, programada para el 31 de enero de 2025.
- Segunda sesión: Enfocada en la respuesta rápida, coordinada por el Ministerio del Interior, que se llevará a cabo el 3 de febrero de 2025.
A las sesiones fueron convocadas diversas entidades gubernamentales como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, y el Ministerio de Defensa, además de organizaciones de la sociedad civil como el Instituto Kroc y la Federación Colombiana de Municipios. También se contará con la presencia de organismos internacionales, como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la MAPP-OEA.
La Corte destacó la importancia de la participación activa de las delegaciones de firmantes del Acuerdo de Paz, quienes podrán aportar su experiencia en el monitoreo y evaluación del SPARR.
Con este espacio de diálogo, la Corte busca fomentar una discusión abierta y transparente que permita encontrar acuerdos concretos para superar los bloqueos identificados. La medida reafirma el compromiso del Estado con la implementación del Acuerdo de Paz y la protección de los derechos de los excombatientes, promoviendo una coordinación efectiva entre las entidades involucradas y garantizando un enfoque integral en la prevención de riesgos.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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