La Corte Constitucional protegió los derechos de una mujer en condición de discapacidad y ordenó a la Policía restablecer el pago de la sustitución pensional suspendida sin debido proceso, al advertir falta de motivación, desconocimiento de pruebas médicas y vulneración del enfoque diferencial y de las garantías reforzadas en materia de seguridad social y mínimo vital.

Colombia avanza hacia la adhesión a la convención de la ONU contra el mercenarismo tras la aprobación del Proyecto de Ley 579 de 2025 en la Cámara de Representantes, una decisión que busca reforzar la cooperación internacional, fortalecer las políticas de seguridad nacional y prevenir que ciudadanos sean reclutados o utilizados por redes criminales y conflictos armados en el exterior.

La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate un proyecto de ley que reconocerá jurídicamente el desplazamiento por causas climáticas en Colombia, creará un Registro Único de Desplazamiento Ambiental y buscará fortalecer la atención y prevención frente a más de 351.000 personas afectadas por emergencias y desastres naturales.

El Consejo de Estado reafirmó que las facturas no son suficientes para probar la ejecución de obligaciones en un contrato estatal, al negar la demanda de un interventor que reclamaba el pago de actividades supuestamente realizadas durante la suspensión de una obra vial en Bahía Solano. La decisión enfatiza la necesidad de aportar evidencia clara y detallada sobre las labores efectivamente ejecutadas y en las condiciones pactadas.

La Corte Suprema de Justicia reiteró que los empleadores tienen una obligación reforzada de proteger a sus trabajadores en zonas de conflicto o alto riesgo, y confirmó la responsabilidad de una empresa del sector petrolero por la muerte de un operario atacado por un francotirador. El tribunal determinó que la compañía actuó con negligencia al ignorar protocolos y advertencias de seguridad, subrayando que los riesgos derivados del orden público no eximen a las empresas de su deber legal de prevención y protección.

La Corte Constitucional ordenó a la UNP reevaluar con rigor los niveles de riesgo de una exfuncionaria, una líder social y un activista, al advertir fallas en la modificación de sus esquemas de seguridad y reiterar el deber reforzado de protección hacia líderes y defensores de derechos humanos.