En las primeras semanas de enero de 2025, la crítica situación humanitaria y de seguridad en la región del Catatumbo ha encendido las alarmas entre autoridades, medios de comunicación, firmantes del Acuerdo de Paz y organizaciones civiles. Según datos oficiales, aproximadamente 52.229 personas han sido desplazadas forzosamente y 21.193 permanecen confinadas. Entre los firmantes del Acuerdo de Paz, la crisis ha dejado un saldo de 153 desplazados, 35 confinados, 10 desaparecidos y siete asesinados.
Frente a este panorama alarmante, la Corte Constitucional, a través del Auto 244 de 2025, ha solicitado información detallada al Gobierno Nacional, las entidades territoriales y otras autoridades sobre las medidas adoptadas para la protección de las personas desplazadas y de los firmantes del Acuerdo de Paz. La Corte ha manifestado especial preocupación por el aumento del confinamiento de comunidades, una problemática que ha crecido en la última década y que, en 2021, llevó a la expedición del Auto 811, en el cual se ordenó la creación de una ruta integral de atención para las víctimas. Ahora, en el contexto de la crisis actual, se exige información inmediata sobre el estado de dicha ruta, su diseño, marco jurídico y grado de implementación.
El Auto 244 también indaga sobre las acciones emprendidas para agilizar el registro y la toma de declaraciones de las víctimas, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar soluciones duraderas y efectivas. Además, la Corte ha reiterado su preocupación por la violencia persistente contra los firmantes del Acuerdo de Paz, pese a las órdenes previas de protección establecidas en la Sentencia SU-020 de 2022.
En este sentido, la Corte recordó el Auto 1273 de 2024, en el que instó al Gobierno Nacional a adoptar medidas de seguridad integrales en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), como el de Caño Indio en Tibú, Norte de Santander. La protección de estas comunidades debe abordar no solo medidas de seguridad convencionales, sino también una estrategia basada en la seguridad humana y las garantías establecidas en el Acuerdo de Paz.
La Corte ha requerido información detallada sobre el cumplimiento de estas órdenes tanto en el Catatumbo como en otras regiones del país donde la Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos de nuevas crisis humanitarias. Con esta decisión, la Corte reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las personas desplazadas y de los firmantes del Acuerdo de Paz, e insta al Gobierno a adoptar acciones urgentes, articuladas y eficaces para prevenir y mitigar los efectos de la violencia en las comunidades afectadas.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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