La Corte Constitucional de Colombia ha emitido la sentencia T-248 de 2024, reafirmando los derechos de las comunidades indígenas de la Amazonía a decidir sobre la implementación de proyectos REDD+. El fallo protege su autonomía, libre determinación, integridad cultural y territorial, y ordena a las empresas y al Estado garantizar su consentimiento libre, previo e informado, así como la creación de un protocolo con enfoque étnico para estos proyectos.

El Gobierno y la Agenda Nacional Campesina han firmado un acuerdo crucial para avanzar en la Reforma Agraria y la Reforma Rural Integral en Colombia. Los 31 puntos clave del acuerdo incluyen medidas para facilitar el acceso a tierras, reactivar la economía rural y promover la sustitución de cultivos ilícitos, marcando un paso significativo hacia la mejora de las condiciones de vida del campesinado.

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que eleva de categoría a municipios de la Amazonía y Orinoquía, incluyendo a Mocoa, Putumayo. Esta medida, que espera la sanción presidencial, permitirá a estas ciudades recibir mayores recursos económicos, mejoras en infraestructura y cambios tributarios. Mocoa, con 65 mil habitantes, se beneficiará significativamente en su proceso de reconstrucción tras la tragedia natural de hace siete años.

El Consejo de Estado condena a Metroplús y a las contratistas AIA Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. y Estyma S.A. por la muerte de un peatón en una obra del sistema de transporte de Medellín en 2009. La sentencia ordena la reparación a los familiares de la víctima y destaca la responsabilidad solidaria de las empresas en el incidente, subrayando la importancia de la seguridad en las obras públicas.

La Corte Constitucional, en la sentencia T-102 de 2024, falló a favor de un vendedor ambulante con VIH en Armenia, Quindío, protegiendo sus derechos al trabajo, mínimo vital e igualdad tras intervenciones municipales en el espacio público. La Corte ordenó a la Alcaldía ofrecer alternativas laborales y políticas inclusivas para los vendedores informales no censados.

La Corte Constitucional ha ordenado al gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, Ricardo Roa Barragán, responder a las solicitudes de información sobre los gastos de la campaña, amparando los derechos de petición y acceso a la información de la periodista Jineth Alicia Prieto Velasco. La decisión destaca la importancia de la transparencia en los procesos electorales y reafirma la protección especial que tienen los derechos de los periodistas en su labor de informar a la sociedad sobre asuntos de interés público.