Ago 14, 2025 | Actualidad Prime
El Gobierno nacional puso en marcha un plan integral dirigido a las comunidades Nasa del Putumayo, con participación de más de 20 entidades estatales y una vigencia proyectada hasta 2033.
La iniciativa se enmarca en el cumplimiento de la sentencia T-300 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó realizar un proceso de consulta previa con comunidades étnicas. El propósito es establecer, mediante mesas técnicas, metas e indicadores concertados con las autoridades indígenas para impulsar proyectos productivos, restaurar ecosistemas, fortalecer la salud con enfoque intercultural y avanzar en el reconocimiento de derechos territoriales.
El plan fue presentado en Orito ante el Cabildo NASA KWE´SX KIWE por nueve ministerios y diversas agencias nacionales, con el compromiso de coordinar acciones en ámbitos como economía, medio ambiente, salud, educación, cultura y seguridad.
La ejecución estará a cargo de los ministerios del Interior, Justicia, Ambiente, Salud, Agricultura y Defensa, junto con entidades como la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, el SENA, Corpoamazonía y autoridades regionales y locales.
Según el Gobierno, el trabajo conjunto busca integrar diferentes políticas públicas y acciones sectoriales en un plan unificado que articule justicia, desarrollo rural, protección ambiental y fortalecimiento cultural.
Fuente: minjusticia.gov.co
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Jul 4, 2025 | Actualidad Prime
El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que busca fortalecer la conmemoración del Día Nacional de la Niñez y Adolescencia Indígena Ancestrales, iniciativa que ahora queda a la espera de sanción presidencial para convertirse en ley. La medida modifica la Ley 2021 de 2020 y fija el 26 de agosto como fecha oficial en el calendario nacional para la celebración.
La norma establece que este día se conmemorará en todo el territorio colombiano, con el objetivo de reconocer y promover la identidad cultural, las expresiones de los saberes ancestrales y el aporte de los pueblos indígenas al país. A su vez, otorga facultades a entidades estatales, como ministerios y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para adelantar programas, eventos y actividades que apoyen esta conmemoración.
La celebración contempla cuatro ejes fundamentales. En primer lugar, se busca posicionar a la niñez y adolescencia indígena como un tema prioritario dentro de la agenda pública, legislativa y mediática. En segundo lugar, se reafirma su condición como sujetos de derechos, con énfasis en el reconocimiento de políticas públicas diferenciales y especiales, incluyendo a quienes presentan diversidad funcional.
El tercer punto resalta la importancia de celebrar la vida y el rol de los niños y adolescentes indígenas en la pervivencia de los saberes y la cultura de sus pueblos. Finalmente, se promoverá la rendición de informes sobre el estado de las políticas públicas implementadas para su protección y para la promoción de sus conocimientos ancestrales.
En concordancia con el respeto a la multiculturalidad del país, cada comunidad indígena conservará plena autonomía para definir la manera de conmemorar este día, conforme a sus costumbres, creencias y tradiciones sobre el papel de la niñez dentro de sus contextos culturales.
Fuente: senado.gov.co
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Jun 3, 2025 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-140 de 2025, amparó los derechos fundamentales a la participación y a la identidad cultural de la comunidad indígena Totarco, ubicada en el sur del departamento del Tolima. La decisión fue adoptada por la Sala Sexta de Revisión, integrada por el magistrado Miguel Polo Rosero, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y la exmagistrada Cristina Pardo Schlesinger.
El alto tribunal concluyó que la Secretaría de Educación del Tolima vulneró los derechos de la comunidad al no concertar previamente las reglas del procedimiento para seleccionar el personal administrativo de la institución educativa Totarco Dinde, omitiendo así el enfoque étnico que debe orientar estas decisiones en territorios indígenas.
La Corte reiteró la existencia de un vacío normativo en materia de etnoeducación, identificado desde hace más de una década y sobre el cual ya había advertido en 2021 al exhortar al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que expidieran un estatuto educativo específico para los pueblos indígenas del país. En esta ocasión, la Sala subrayó que dicho vacío no solo afecta la designación de docentes y directivos docentes, sino también la selección del personal administrativo, aunque con particularidades propias.
En su fallo, la Corte enfatizó que el procedimiento de selección del personal debe estar precedido de una concertación con las autoridades indígenas, priorizar a los miembros de la comunidad que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria pública y asegurar que quienes resulten elegidos cuenten con conocimientos básicos sobre la comunidad a la que servirán.
Como medida concreta de reparación, el tribunal ordenó al departamento del Tolima adelantar una nueva convocatoria pública para el cargo de auxiliar administrativo en la institución educativa Totarco Dinde, previa concertación con las autoridades de la comunidad indígena sobre las reglas del proceso de selección.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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May 30, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Séptima del Senado de la República, bajo el liderazgo de la senadora Martha Peralta, convocó recientemente una mesa técnica como antesala a una visita institucional directa a la región del Vichada, con el propósito de articular soluciones urgentes frente a la crítica situación humanitaria que enfrentan comunidades indígenas asentadas en el municipio de Puerto Carreño.
La reunión técnica buscó reunir a representantes del Gobierno Nacional y organismos de control, con el objetivo de coordinar acciones interinstitucionales que permitan atender de manera integral y con enfoque diferencial los graves problemas de pobreza extrema, exclusión y abandono estatal que afectan a estas poblaciones.
Durante más de una década, comunidades indígenas de la Orinoquía han sido víctimas de desplazamientos forzados continuos. Esta situación ha obligado a cerca de 700 personas a establecerse en más de 30 asentamientos informales en las afueras de Puerto Carreño, en condiciones que vulneran flagrantemente sus derechos fundamentales. Los asentamientos carecen de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y atención en salud, lo que ha incrementado los niveles de desnutrición infantil y deterioro de la calidad de vida.
En el encuentro, voceros indígenas reiteraron la gravedad de la situación y reclamaron al Estado respuestas eficaces y permanentes. La participación de la Mayora Henny Arlede Gutiérrez Jiménez, en su calidad de Comisionada de Derechos Humanos de Gobierno Mayor, fue clave para evidenciar la falta de atención estructural y la insuficiencia de las medidas tomadas hasta el momento.
La senadora Peralta hizo énfasis en la necesidad de adoptar soluciones concretas a corto, mediano y largo plazo que respondan a la magnitud del problema. También anunció que mientras se concreta la visita institucional al territorio, se avanzará en la formulación de medidas inmediatas, como un modelo claro de atención por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con enfoque diferencial para esta población.
Fuente: senado.gov.co
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Abr 30, 2025 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-081 de 2025, se pronunció sobre una acción de tutela interpuesta por el gobernador de un cabildo indígena del departamento del Cauca contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el marco de un prolongado conflicto territorial con una asociación de docentes, por la propiedad de una hacienda que ambas partes reclaman.
El litigio, que se remonta al año 2017, ha estado marcado por tensiones crecientes entre la comunidad indígena y la asociación propietaria del predio, las cuales han derivado en hechos de violencia, señalamientos mutuos y graves amenazas contra líderes y lideresas del cabildo, así como contra una abogada defensora de derechos humanos que ha acompañado jurídicamente a la comunidad.
La Sala Segunda de Revisión concluyó que no se vulneró el derecho al territorio del cabildo indígena, al comprobar que la asociación de profesores es la legítima propietaria del inmueble y que la comunidad indígena no había iniciado formalmente un proceso de adquisición del predio ante la ANT. No obstante, la Corte reconoció la necesidad de garantizar el acceso progresivo a tierras por parte de la comunidad indígena, en coherencia con su identidad cultural y reclamos históricos.
En consecuencia, ordenó a la Agencia Nacional de Tierras brindar asesoría técnica y acompañamiento integral a las autoridades del cabildo, no solo mediante el suministro de información, sino también a través del acompañamiento activo durante todas las etapas del procedimiento para la adquisición de tierras colectivas. Esta labor deberá realizarse en coordinación con la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, se instruyó al Ministerio del Interior para que establezca una instancia de diálogo entre las partes en conflicto —el cabildo indígena, la asociación de docentes y la ANT— y desarrolle un trabajo territorial con enfoque restaurativo, a fin de superar los conflictos interétnicos e interculturales de manera pacífica y garantizar la no repetición.
En el plano de la seguridad, la Corte reprochó la inacción de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y del Ministerio del Interior frente a las amenazas recibidas por líderes y lideresas indígenas, así como por su asesora jurídica. Señaló que ambas entidades incumplieron sus deberes constitucionales de prevención y protección, al no implementar medidas efectivas a pesar del conocimiento previo sobre los riesgos.
Por tanto, se ordenó a la UNP adoptar nuevas medidas de protección, adecuadas y proporcionales al nivel de riesgo, que deberán ser concertadas con los beneficiarios y mantenerse vigentes mientras persista la amenaza. Además, deberán mantenerse las medidas de emergencia ya implementadas, y toda actuación deberá incorporar un enfoque étnico y de género, en articulación con la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, así como con la Guardia Indígena.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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