Oct 8, 2025 | Actualidad Prime
Mediante la sentencia STP15949-2025, la Sala de Tutelas n.° 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia amparó los derechos de una víctima del conflicto armado que fue secuestrada y torturada por las extintas Farc en Miraflores (Guaviare), y cuyo caso permanece sin decisión judicial 24 años después de su liberación.
La Corte determinó que la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá vulneró el derecho de acceso a la justicia, el derecho a un juicio en un plazo razonable y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, al mantener el proceso en mora por más de once años desde la imputación.
El alto tribunal advirtió que la gestión del despacho resulta ineficiente y aplica criterios ajenos a la justicia transicional, lo que retrasa gravemente los fallos de la Ley de Justicia y Paz. Además, alertó que esta situación podría activar la competencia de la Corte Penal Internacional por la falta de capacidad o disposición del Estado para sancionar crímenes del conflicto.
La Corte ordenó que, en un plazo de tres meses, se elabore el proyecto de sentencia del caso y que la Sala correspondiente lo discuta y apruebe en un término adicional de dos meses.
Fuente: cortesuprema.gov.co
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Feb 6, 2025 | Actualidad Prime
Durante 2024, el Congreso de la República avanzó significativamente en la aprobación de reformas destinadas a fortalecer el sistema de justicia transicional en Colombia. Estas medidas buscan garantizar una reparación integral a las víctimas del conflicto armado y cerrar definitivamente el capítulo de Justicia y Paz, proporcionando estabilidad y equidad en el marco del posconflicto.
Las reformas incluyen un enfoque integral que articula procesos judiciales y administrativos para mejorar la restitución de tierras, la indemnización individual y colectiva y la atención psicosocial a las víctimas. Asimismo, se establecieron políticas específicas para atender a las víctimas desplazadas, garantizando su retorno o reubicación en condiciones dignas.
Uno de los principales avances fue la creación de la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia, establecida en enero de 2024. Este organismo, conformado por aproximadamente 40 miembros, reúne a sindicatos del sector justicia, jueces, defensores de derechos humanos, representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, feministas, funcionarios de gobierno y miembros de las altas cortes. Su objetivo es elaborar propuestas para la reforma de la justicia, que serán debatidas en el Congreso.
Otro hito relevante fue la sanción de la Ley de Administración de Justicia el 9 de octubre de 2024 por el presidente Gustavo Petro. Esta nueva legislación introduce transformaciones clave, como la modernización de la justicia digital, permitiendo que los procesos judiciales se desarrollen de manera virtual. Además, establece mejoras en la selección de magistrados para las Altas Cortes, promoviendo la transparencia y la equidad de género en el sistema judicial.
Se espera que durante el primer semestre de 2025, el Congreso continúe con la discusión y aprobación de las reformas presentadas por el Gobierno Nacional y la Comisión de Expertos. Estas iniciativas buscan consolidar un sistema judicial más eficiente, transparente y cercano a los ciudadanos, fortaleciendo la confianza en las instituciones y garantizando el acceso a la justicia para todos los colombianos.
Fuente: senado.gov.co
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Ene 6, 2025 | Actualidad Prime
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento de Giovanny Calderón Salazar, exagente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), como miembro de facto de la fuerza pública. La resolución, firmada por el magistrado José Miller Hormiga Sánchez, incluye el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada para el compareciente, además del levantamiento de una orden de captura vigente.
Reconocimiento de hechos y responsabilidad
Durante la audiencia de seguimiento al régimen de condicionalidad y aporte de verdad, celebrada en noviembre de 2024, Calderón reconoció su responsabilidad en nueve de los diez crímenes investigados, cometidos entre 2006 y 2008 en Tolima. Estos crímenes, incluidos en el subcaso Tolima, implicaron asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
El compareciente brindó información que permitió esclarecer el accionar del Gaula Tolima y la participación de miembros del extinto DAS, el CTI y la Fiscalía en estos delitos. También aportó detalles sobre la manipulación de las escenas del crimen y la legalización posterior de los hechos.
La JEP consideró que el aporte de verdad superó el umbral exigido, lo que permitió aceptar su sometimiento. Además, ordenó que Calderón ampliara su testimonio sobre tres hechos nuevos aún no investigados. Por otro lado, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) recibió instrucciones para identificar y ubicar a las víctimas indirectas del proceso, incluyendo la realización de una prueba de ADN en un caso específico.
Compromisos y condiciones
La permanencia de los beneficios otorgados dependerá del cumplimiento del régimen de condicionalidad, el cual exige la contribución efectiva a la verdad, la restauración y la no repetición. Calderón deberá continuar colaborando con la JEP y participar en acciones restaurativas para reparar a las víctimas.
Entre los hechos reconocidos destacan asesinatos cometidos en varias zonas del Tolima, como Chaparral, Ambalema, Alvarado e Ibagué. Sin embargo, en un caso específico, Calderón negó su responsabilidad y la JEP consideró que no existían pruebas concluyentes que lo vincularan.
En consecuencia, la Resolución SDSJ No. 4003 de 2024 establece las bases para que Calderón Salazar resuelva su situación jurídica de forma definitiva, siempre y cuando mantenga sus compromisos ante la JEP. Esta decisión representa un paso importante en el proceso transicional de esclarecimiento de la verdad y reparación de las víctimas en el marco de la justicia transicional en Colombia.
Fuente: jep.gov.co
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