Cuestionan Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas

Se ha admitido para estudio,  la acción de inconstitucionalidad 25-018890-0007-CO contra la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y otros delitos, No. 9699

La empresa recurrente alega como razones para solicitar la anulación de la norma del ordenamiento jurídico lo siguiente:

«Las normas se impugnan en cuanto vulneran el principio de culpabilidad consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, al establecer un modelo de responsabilidad objetiva, contrario a la lógica del derecho penal costarricense, que exige imputación personal y subjetiva. Según expone el accionante, las normas impugnadas permiten la atribución de responsabilidad penal a personas jurídicas por actos cometidos por sus representantes legales u otras personas autorizadas para tomar decisiones en su nombre, sin necesidad de probar la culpabilidad subjetiva de la persona jurídica en sí misma.
Particularmente, se cuestionan los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Ley N.º 9699, por configurar un modelo vicarial de atribución de responsabilidad penal, incompatible con el principio de autorresponsabilidad penal. Asimismo, se impugnan los artículos 22, 23 y 24 de dicha ley, relativos a la imposición de medidas cautelares, por permitir su adopción con base en actos de terceros, lo que vulneraría el requisito constitucional de probabilidad de participación delictiva, también derivado del principio de culpabilidad.
El representante de la empresa accionante subraya que el artículo 5 de la ley genera una contradicción interna al señalar que la responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la de las personas físicas, cuando el artículo 4 indica que dicha responsabilidad nace precisamente de las acciones de estas últimas. En consecuencia, se permitiría sancionar a una persona jurídica incluso sin haberse acreditado la comisión de un delito por parte de una persona física, lo cual, a su juicio, representa una violación grave al principio de legalidad y culpabilidad. Por otro lado, se cuestiona el artículo 11 de la Ley N.º 9699 por establecer sanciones que, aunque dirigidas a personas jurídicas, tienen un carácter claramente penal (como la disolución, cancelación de permisos o inhabilitaciones para recibir beneficios públicos), sin que medie una declaración de culpabilidad subjetiva, lo cual, según el actor, equivale a la aplicación de penas sin culpa. La actora argumenta extensamente que la responsabilidad penal debe ser siempre subjetiva, basada en dolo, culpa o preterintención, y recuerda que el propio derecho el propio derecho comparado y la jurisprudencia nacional han rechazado modelos de responsabilidad objetiva en el ámbito penal.»

Estaremos al pendiente de la resolución de este recurso para informarles tan pronto se produzca su votación por parte de los señores Magistrados de la Sala Constitucional.

Fuente: Boletín Judicial No. 144-2025 del 5 de agosto de 2025.

Sala Constitucional confirma permiso de comaternidad

Mediante voto 2025-002790 del pasado 29 de enero,  los señores Magistrados de la Sala Constitucional declararon con lugar la acción formulada contra los artículos 95 del Código de Trabajo y 41 de la Ley Marco de Empleo Público en cuanto omitían contemplar la posibilidad de que, en las familias homoparentales en que se ejerce la comaternidad, la madre no gestante acceda a la licencia o permiso de paternidad.

Se establece en el voto en comentario que esta omisión  vulnera los derechos fundamentales a la igualdad, y a la protección especial de que gozan la familia, las mujeres y las personas menores de edad, en relación con los principios del interés superior del niño y de equidad.

«Parte dispositiva: Se declara con lugar la acción de inconstitucionalidad solo por la omisión del inciso b) del ordinal 95 de la ley nro. 2 del 27 de agosto de 1943 («Código de Trabajo») y del artículo 41 de la ley nro. 10159 del 8 de marzo de 2022 («Ley Marco de Empleo Público») de contemplar la posibilidad de que, en las familias homoparentales en que se ejerce la comaternidad, la madre no gestante acceda a la licencia o permiso de paternidad, lo que vulnera los derechos fundamentales a la igualdad, y a la protección especial de que gozan la familia, las mujeres y las personas menores de edad, en relación con los principios del interés superior del niño y de equidad. En consecuencia, en procura de que el inciso b) del canon 95 del Código de Trabajo y el numeral 41 de la Ley Marco de Empleo Público se interpreten y apliquen en consonancia con tales derechos y principios constitucionales, en lo sucesivo deberá entenderse que los beneficios regulados en esas normas también se podrán otorgar a la madre no gestante que ejerza la comaternidad dentro de una familia homoparental.»  (Tomado textualmente del voto 2025-002790 de la Sala Constitucional.)

Fuente: La Gaceta No. 93 de Viernes 23 de Mayo del 2025