Una comunicación decisiva en la fase final de los Tribunales de Instancia
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida en el Centro de Documentación Judicial en San Sebastián, ha dirigido una comunicación al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a las consejerías de Justicia de las comunidades autónomas con competencias transferidas. El propósito es coordinar la tercera y última fase de constitución de los Tribunales de Instancia. Esta fase está prevista para el próximo 31 de diciembre, fecha en la que el nuevo modelo judicial quedará implantado en toda España. Esta etapa abarcará todas las capitales de provincia y las ciudades con juzgados de lo Penal, Social o Contencioso-Administrativo. Esto incluye grandes sedes como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.
Necesidad de información y señalética adecuadas
El CGPJ subraya la importancia de ofrecer información clara y accesible a la ciudadanía. Ante la persistencia del modelo de juzgados unipersonales en la percepción pública, el órgano insta a habilitar servicios de atención al público y folletos explicativos. Estos deberían simplificar la comprensión del nuevo sistema. Además, recomienda que la señalética de los edificios judiciales se adapte al modelo de Tribunales de Instancia. Propone sustituir términos como “Juzgado” por “área” o “servicio común”. También se propone incluir el escudo nacional en la señalización para reforzar la percepción institucional del poder judicial.
Inversiones en infraestructuras y digitalización
La Ley Orgánica 1/2025 impone la modernización de las sedes judiciales, lo que requiere inversiones significativas para adaptar los espacios al nuevo modelo organizativo. El CGPJ considera esencial que las Administraciones competentes dispongan de recursos suficientes y mantengan un diálogo constante con las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia. Esto es necesario para resolver las disfunciones detectadas.
En el ámbito tecnológico, el Consejo advierte de la necesidad de una gestión procesal plenamente informatizada. Aunque la ley prevé el expediente electrónico, su implantación es desigual y puede generar retrasos o pérdidas de documentación. Por ello, se insta a las administraciones a reforzar los sistemas informáticos. Además, se urge a los operadores judiciales a utilizarlos activamente.
Personal judicial y refuerzo de plazas
La comunicación también alerta sobre los retrasos en el acoplamiento del personal funcionario y en el nombramiento de los letrados directores de servicio. Estos procesos deben completarse antes del 31 de diciembre. Asimismo, el CGPJ insiste en la necesidad de aumentar el número de jueces para equiparar la ratio española a la media europea. Considera insuficientes las 120 nuevas plazas autorizadas por el Ministerio de Justicia.
