Se ha declarado la inconstitucionalidad del Decreto-ley 1/2023 de Aragón. 

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España contra el Decreto-ley 1/2023, de 20 de marzo, de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón.

La sentencia concluye que el Decreto-ley vulnera el artículo 86 CE, para la aprobación de este tipo de normas por parte de los gobiernos autonómicos.

Falta de justificación de la urgencia extraordinaria

El recurso del Gobierno de España se fundamenta en la violación del artículo 86 de la CE, que regula el uso de los decretos-leyes. El artículo dispone que solo se pueden aprobar en casos de extraordinaria y urgente necesidad. El TC recuerda que, aunque las comunidades autónomas tienen potestad legislativa, esta se encuentra limitada por la necesidad de justificar adecuadamente la urgencia y la extraordinaria necesidad..

Las justificaciones ofrecidas por el Gobierno de Aragón, en referencia a la pandemia de COVID-19 y al conflicto armado en Ucrania, no son suficientes para cumplir con el presupuesto habilitante exigido por la CE. El TC señala que dichas referencias se presentan de forma genérica y abstracta, sin una explicación clara y razonada que legitime la aprobación urgente

Aunque los efectos de la pandemia y el conflicto en Ucrania han generado situaciones excepcionales, no se ha justificado suficientemente la relación entre los hechos y las medidas. No se explicó de qué forma concreta estos eventos hacían necesario recurrir a la vía del decreto-ley para impulsar la transición energética en Aragón.

Vulneración del procedimiento legislativo ordinario

Además, el Pleno del TC establece que se privó a las minorías parlamentarias de una participación adecuada en la tramitación de una norma. La sentencia considera que la aprobación de la norma fue inapropiada, al introducir cambios estructurales en el modelo energético de la comunidad autónoma. Estos cambios provocan repercusiones en el sistema eléctrico y los costes energéticos de Aragón.

En este sentido, el tribunal advierte que las reformas de gran envergadura, como la introducida por el Decreto-ley 1/2023, deben ser objeto de un proceso legislativo ordinario que permita una discusión detallada y transparente.

La vía del decreto-ley, al acortar los tiempos de debate, se convierte en una herramienta que limita el control parlamentario. Es especialmente grave en comunidades autónomas, donde la tramitación legislativa ya es más ágil que a nivel nacional.

Recurso de inconstitucionalidad 8042-2023.