Apertura de causa contra el fiscal general por revelación de secretos. Unanimidad del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha decidido, de manera unánime, abrir una causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Este procedimiento surge de la difusión de datos relacionados con una investigación sobre delitos de defraudación tributaria y falsedad documental, cometidos contra un particular. El tribunal también investigará a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien supuestamente habría proporcionado al fiscal general la información necesaria para elaborar la nota que divulgó estos datos.

Aunque Pilar Rodríguez no es aforada, el Tribunal Supremo ha decidido asumir la investigación conjunta debido a la estrecha relación entre los hechos imputados a ambos funcionarios. La resolución señala que los comportamientos de ambos están tan entrelazados que resulta inapropiado incoar causas separadas. 

Presunta revelación de secretos

La apertura de la causa se basa en la exposición razonada enviada por el TSJ de Madrid y en las denuncias y querellas presentadas. Según se expone, García Ortiz y Rodríguez Fernández habrían incurrido en un delito de revelación de secretos al divulgar, el 14 de marzo de 2024, una nota informativa de la Fiscalía provincial de Madrid. Dicha nota describía la cronología de las diligencias penales contra un particular, información que, según la normativa vigente, no debía haberse hecho pública.

El tribunal fundamenta su decisión en el artículo 417 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios públicos que, con conocimiento derivado de su cargo, revelen informaciones o secretos que no deben divulgarse. 

Por otra parte, también se divulgaron, antes de la nota de prensa, correos electrónicos entre el fiscal del caso y el abogado del particular investigado. Estos correos, enviados por el fiscal de Delitos Económicos, estaban en poder del fiscal general y la fiscal jefa desde el 13 de marzo. Según la investigación, se utilizaron para redactar la nota informativa.

Posible perjuicio al derecho de defensa

El tribunal también analiza si la divulgación de estos correos pudo causar perjuicio al derecho de defensa del particular investigado. La revelación de información relativa a su reconocimiento de culpabilidad en dos delitos fiscales, aunque fuera fuera del proceso judicial formal, podría afectar su derecho a la presunción de inocencia. Además, el Supremo recuerda que esta información no debió divulgarse, ya que estaba sujeta a reserva.

Investigación en curso

A pesar de que aún no se han delimitado los posibles daños causados, el tribunal considera que existen indicios suficientes para iniciar la investigación penal. El objetivo de las diligencias será confirmar o descartar la participación del fiscal general y la fiscal jefa en los hechos imputados.