El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad de una sanción administrativa impuesta por infracción en materia aduanera, rechazando que la firmeza administrativa de una liquidación previa impida dicha sanción. La conducta sancionada —relativa al artículo 192 de la Ley General Tributaria— fue calificada como un incumplimiento formal autónomo. Un incumplimiento sin relación directa con una liquidación firme anterior.

La firmeza administrativa y sus límites

El núcleo del recurso de casación giraba en torno a si una liquidación anterior, no impugnada en su momento y por tanto firme, podía invalidar una sanción posterior. La parte recurrente alegó que dicha liquidación era el presupuesto necesario de la sanción. Por lo que debía cuestionarse pese a su firmeza administrativa.

El Tribunal Supremo recordó su jurisprudencia, según la cual la firmeza administrativa no impide revisar actos previos cuando estos constituyen el presupuesto directo del acto sancionador. Esta doctrina, establecida en la sentencia de 23 de septiembre de 2020, busca garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Sanción autónoma por infracción formal

No obstante, en este caso el Tribunal consideró que esa doctrina no era aplicable. La sanción impuesta no derivaba de la liquidación previa, sino de una conducta distinta e independiente: la presentación incorrecta de documentación aduanera. Al no existir conexión jurídica entre la liquidación firme y la infracción sancionada, no era procedente cuestionar la sanción invocando defectos de aquella.

Además, la parte recurrente no formuló alegaciones jurídicas concretas contra la sanción, ni argumentó de manera suficiente la posible ilicitud de la conducta conforme al artículo 192 de la LGT.

Error irrelevante y desestimación del recurso

Aunque el Tribunal reconoció que la sentencia recurrida incurrió en un error al no aplicar la doctrina sobre la firmeza administrativa, entendió que tal omisión no afectaba al fondo del asunto. Se desestima el recurso al no encontrar argumentos jurídicos suficientes.

La firmeza administrativa de un acto anterior no impide una nueva sanción

En consecuencia, el Tribunal confirma que la firmeza administrativa de un acto anterior no impide una nueva sanción cuando esta se basa en una conducta independiente, y no ve necesario establecer nueva doctrina jurisprudencial en este supuesto.