La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha adoptado las directrices europeas que establecen los criterios para evaluar la idoneidad de los miembros de los órganos de dirección y de los accionistas de los proveedores de servicios de criptoactivos (PSC), en cumplimiento del reglamento MiCA. Dichas directrices se aplican tanto a los emisores de fichas referenciadas a activos como a aquellos que emiten tokens referenciados a activos (Asset-Referenced Tokens, ART) y exigen el cumplimiento de requisitos específicos tanto para los miembros del órgano de dirección como para los accionistas, ya sean directos o indirectos, con participaciones cualificadas en estas entidades.

Idoneidad de los órganos de dirección

El marco normativo se basa en el Reglamento 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023. Este reglamento establece criterios comunes que deben observarse durante la evaluación de la idoneidad. Tanto las autoridades competentes como los propios PSC deben cumplir con estos criterios. Un aspecto destacable de estas directrices es la flexibilidad que otorgan para aplicar el principio de proporcionalidad. Esto permite ajustar las evaluaciones a las particularidades de cada caso.

evaluación de los miembros del órgano de dirección

En cuanto a la evaluación de los miembros del órgano de dirección, las directrices definen el concepto de idoneidad. Para ello, diferencian varios aspectos clave, como la honorabilidad, los conocimientos y las capacidades. También incluyen la experiencia individual y colectiva, así como el tiempo de dedicación requerido. Además, se especifica el procedimiento que deben seguir los PSC para llevar a cabo la evaluación. Esto incluye la adopción de medidas correctoras cuando fuera necesario, y se detalla el rol de la autoridad competente en el proceso.

Garantía de idoneidad y competencia

Por otro lado, en la evaluación de la idoneidad de los accionistas con participaciones cualificadas, se hace referencia a las directrices conjuntas de las AES. Estas establecen criterios para detectar la existencia de acción concertada o influencia significativa y evalúan la reputación, la competencia profesional, así como la ausencia de indicios que sugieran blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Ambas directrices entrarán en vigor el 4 de febrero de 2025, representando un avance decisivo en la regulación y supervisión del mercado de criptoactivos en Europa.