Un nuevo marco para la transparencia institucional

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, una iniciativa que pretende reforzar la transparencia y la rendición de cuentas de los altos cargos públicos. La norma responde a las demandas sociales de mayor control ciudadano, integridad pública y prevención de la corrupción.

El texto amplía las obligaciones de publicidad activa en todas las administraciones y en su sector público institucional, incluyendo la publicación de las agendas institucionales, viajes oficiales y retribuciones del personal directivo y eventual. Esta medida busca homogeneizar la transparencia hasta niveles de subdirección general, reforzando así el derecho de los ciudadanos a conocer la actividad de quienes gestionan fondos públicos.

La Administración General del Estado contará con un régimen sancionador específico para los altos cargos que incumplan sus deberes en materia de transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno adquiere potestad para imponer multas coercitivas de entre 600 y 1.000 euros.

Fomento de la participación ciudadana

El anteproyecto introduce mecanismos innovadores de participación. Destacan las auditorías ciudadanas, que permitirán la colaboración directa de la sociedad con la Intervención General del Estado en la supervisión de políticas y entidades públicas.

Asimismo, se incorporan los pactos de integridad, compromisos que los licitadores deberán asumir en los procedimientos de contratación pública. Dichos pactos incluirán mecanismos de monitorización de todas las fases del proceso, con el objetivo de prevenir la corrupción y aumentar la confianza pública en la contratación estatal.

Integridad y prevención de conflictos de intereses

Por primera vez, la ley introduce una definición general de “conflicto de intereses”, aplicable a todo el personal público. Esta medida se complementará con un registro de abstenciones que reforzará la imparcialidad administrativa.

El texto también extiende al personal eventual las obligaciones de transparencia y declaración patrimonial, siguiendo las recomendaciones de la OCDE y el GRECO. Este personal deberá acreditar su idoneidad, publicar su currículum y realizar declaraciones de bienes y actividades tanto al inicio como al término de su cargo.

El anteproyecto contempla además formación obligatoria en integridad pública y un régimen sancionador específico para el personal eventual.

En consonancia con estándares internacionales

La propuesta se alinea con las recomendaciones de la Comisión Europea, la OCDE y el GRECO, y se integra en las políticas estatales como el Plan de Acción por la Democracia y la Estrategia de Administración Abierta.

El texto pasará ahora por los trámites consultivos antes de su aprobación definitiva y remisión a las Cortes Generales.

Fuente. Consejo de Ministros.