Contexto de la clasificación del dióxido de titanio como carcinógeno. [TOL10.640.962]
El dióxido de titanio, ampliamente utilizado como pigmento blanco en pinturas, medicamentos, productos alimenticios y juguetes, fue objeto en 2016 de una propuesta de la Agencia Nacional para la Seguridad Alimentaria, el Medio Ambiente y el Trabajo de Francia (ANSES) para su clasificación como sustancia carcinógena por inhalación. La propuesta fue trasladada a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), cuyo Comité de Evaluación del Riesgo (CER) emitió en 2017 un dictamen favorable a dicha clasificación.
Reglamento de la Comisión Europea y recurso
En 2019, la Comisión Europea adoptó un reglamento que clasificaba y etiquetaba el dióxido de titanio como sustancia sospechosa de ser carcinógena por inhalación. Ello siempre que se encontrara en forma de polvo con un contenido igual o superior al 1% de partículas de diámetro ≤10 μm. Varias empresas afectadas por la medida, incluyendo fabricantes, importadores y proveedores, recurrieron la decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea.
Anulación por el Tribunal General
El 23 de noviembre de 2022, el Tribunal General anuló la clasificación y el etiquetado, considerando que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación sobre la fiabilidad de un estudio científico que sustentaba la medida. El Tribunal concluyó que no se habían evaluado todos los elementos relevantes en la valoración del riesgo, incumpliendo así los requisitos de objetividad y exhaustividad exigidos por el Reglamento (CE) n. º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP).
Recursos de casación y decisión final
Francia y la Comisión interpusieron recursos de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General. El TJUE ha desestimado ambos recursos, confirmando la anulación de la clasificación.
Aunque el TJUE reconoce que el Tribunal General pudo haberse extralimitado en su control jurisdiccional, concluye que la decisión de anular la clasificación se justifica por la insuficiencia del análisis científico realizado por el CER, que no consideró todos los datos pertinentes para fundamentar la medida restrictiva.
Fuente. CURIA.
