La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el caso en el que una empresa obtenía dinero para supuestas inversiones, sin contar con autorización legal, lo que derivo en la condena de cinco años de prisión por e delito de captación irregular de recursos.

Inconforme el sentenciado promovió un juicio de amparo directo en el que afirmó que el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional porque no define cin claridades cuales son las conductas castigadas penalmente.

También reclamó que es desproporcional la regla prevista en el artículo 90 del Código Penal Federal, el cual dispone que la pena de prisión no debe exceder de cuatro años para poder ser cumplida en libertad a través de distintas condiciones legales. El Tribunal Colegiado negó el amparo. Inconforme, la persona sentenciada interpuso un recurso de revisión.

En este sentido la Primera Sala determinó que el artículo 111 de la Ley referida no es complejo ni confuso para sus destinatarios, ya que únicamente fija las sanciones aplicables para quienes tengan el cargo de administradores en las personas morales que realicen la captación de recursos del público en territorio nacional y su colocación con efectos de servicio de banca y crédito sin autorización para ello, lo cual brinda seguridad jurídica sobre su contenido.

En otro aspecto, la Sala resolvió que el artículo 90, fracción I, inciso a), del Código Penal Federal no afecta de manera desproporcionada el derecho a la libertad personal, toda vez que, si bien limita el beneficio de la condena condicional a penas de prisión de hasta cuatro años, lo cierto es que se trata de una medida constitucionalmente válida, idónea y necesaria porque busca asegurar que quienes cometieron delitos graves cumplan su condena en un sistema que promueve su reinserción en la sociedad. Al mismo tiempo permite a quienes cometieron delitos menos graves, tener la oportunidad de cumplir su pena en libertad bajo condiciones específicas.