El Juzgado de Garantía de Santa Cruz ordenó, el lunes 10 de marzo, la prisión preventiva del alcalde de Nancagua, Aníbal Osvaldo Valenzuela Cariz. La Fiscalía lo imputó como autor de 15 delitos de otorgamiento indebido de licencias de conducir y tres casos de cohecho agravado. Según la investigación, el edil cometió estos ilícitos entre 2021 y 2023, cuando trabajaba en el Departamento de Tránsito del municipio.
En la audiencia de reformalización (causa rol 1.590-2023), el magistrado Alejandro Vilches Hernández dictó la medida cautelar y dispuso su ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Santa Cruz. El juez fundamentó su decisión en el riesgo que representa la libertad del imputado para la seguridad de la sociedad y la investigación en curso.
El magistrado Vilches señaló que los hechos imputados tienen gravedad, afectan la fe pública y ocurrieron mientras el acusado ejercía un cargo público. Actualmente, ocupa un puesto con mayor responsabilidad y acceso a diversas áreas del municipio, lo que podría obstaculizar la investigación del Ministerio Público. Por estas razones, se acoge la solicitud de los fiscales y se decreta la prisión preventiva.
La Fiscalía detalló que Valenzuela Cariz emitió licencias de conducir sin cumplir los requisitos legales. Entre los beneficiados, figuraban jugadores del club de fútbol Colo Colo. Los registros falsos indicaban que los solicitantes habían aprobado los exámenes prácticos, médicos y teóricos, además de acreditar un domicilio en la comuna, lo que resultó ser falso.
Respecto al cohecho agravado, el Ministerio Público lo acusó de aceptar pagos a cambio de validar exámenes médicos para renovar licencias de conducir, trámite exclusivo de un profesional de la salud.
La Corte Suprema desestimó un recurso de casación presentado por el Colegio Capellán Pascal de Viña del Mar y ratificó la condena que obliga al establecimiento a pagar $5.000.000 por daño moral. La decisión se tomó en respuesta a la demanda de un apoderado, cuya hija sufrió maltrato escolar en abril de 2018 por parte de tres compañeras del colegio.
Argumentos del máximo Tribunal
La Primera Sala del máximo tribunal, compuesta por los ministros Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto García, Mario Carroza Espinosa, María Soledad Melo Labra y la abogada (i) Fabiola Lathrop Gómez, rechazó el recurso del colegio por considerar que carecía de fundamento.
El fallo señaló que el establecimiento argumentó una supuesta vulneración a normas del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil, relacionadas con la carga de la prueba y la validez de documentos. Sin embargo, la Corte determinó que estos errores no influyeron de manera decisiva en la sentencia.
Fundamentación del rechazo
El tribunal estableció que el recurso no abordó normas sustantivas clave sobre la responsabilidad contractual y la indemnización de perjuicios. Además, confirmó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso aplicó correctamente la legislación vigente.
En su resolución, la Corte Suprema concluyó que el recurso de casación carecía de fundamento y, por lo tanto, lo rechazó en su totalidad. Con esta decisión, se mantiene firme la condena impuesta al colegio.
La Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado aprobó en general y por unanimidad el proyecto que busca incrementar la presencia femenina en directorios de sociedades anónimas abiertas y especiales. La instancia recibirá indicaciones hasta el viernes 14 de marzo.
El Quinto Reporte de Indicadores de Género en Empresas en Chile 2023, elaborado por los ministerios de Economía y Hacienda, la Fundación Chile Mujeres y la OIT, reveló que solo el 15,9% de las mujeres participan en directorios y que un 41,8% de las empresas no cuenta con ninguna mujer en sus directivas. Este escenario motivó la iniciativa legislativa, que establece un mecanismo para mejorar la equidad de género en los espacios de toma de decisiones.
Detalles de la iniciativa
La norma aplicará a las sociedades fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, destacó que los espacios más diversos generan mayor productividad y que el mercado exige mayor diversidad en los directorios para mejorar el gobierno corporativo. Además, explicó que el proyecto propone cuotas sugeridas como norma general y un sistema de evaluación periódico basado en indicadores objetivos. Si los resultados no alcanzan las expectativas, el diseño incluirá cuotas obligatorias de manera excepcional y acotada, tras la evaluación de la CMF.
Las senadoras Loreto Carvajal, Paulina Núñez, Claudia Pascual y Yasna Provoste coincidieron en la urgencia de acelerar los cambios y destacaron la importancia del proyecto, junto con la disponibilidad de datos que permiten conocer la realidad actual.
En el debate, recalcaron que la medida no solo responde a principios de justicia e igualdad, sino que también constituye una estrategia clave para el crecimiento y sostenibilidad empresarial. Advirtieron que el cambio cultural por sí solo no ha generado los avances esperados, por lo que resulta fundamental abordar el tema desde una perspectiva regulatoria.
La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones despachó a la Sala el proyecto de ley que modifica el Código Aeronáutico. Con siete votos a favor, la iniciativa avanzó en el Congreso para exigir a las aerolíneas que proporcionen información preventiva sobre la identidad de los pasajeros a las autoridades policiales.
Los diputados Carlos Bianchi (IND), Felipe Camaño (IND), Cosme Mellado (PR), Jaime Mulet (FRVS), Emilia Nuyado (PS) y Jaime Sáez (FA) respaldaron la propuesta con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional y combatir la delincuencia transnacional.
El diputado Carlos Bianchi, autor de la iniciativa, destacó que la medida permitirá identificar y detener a personas buscadas por delitos graves, como tráfico de drogas, terrorismo y trata de personas. Bianchi afirmó que este proyecto representa un paso esencial para mejorar la seguridad en los aeropuertos y garantizar una colaboración efectiva entre aerolíneas y autoridades.
La subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Prefecta General Consuelo Peña, advirtió que cerca de 50 mil personas viajan a diario sin un control adecuado. Peña resaltó la importancia del proyecto para prevenir delitos y mejorar la coordinación con otras entidades.
Protección de datos y cooperación internacional
El proyecto también contempla protocolos para resguardar los datos personales de los pasajeros y cumplir con las normativas de privacidad vigentes. Además, busca facilitar la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional, permitiendo un intercambio ágil de información entre países.
Los legisladores subrayaron que la implementación de controles biométricos a cargo de la PDI y el uso del sistema API-PRN agilizará el cruce de información y generará alertas tempranas sobre pasajeros con órdenes de captura pendientes.
Comisión aprueba normas de pesaje para transportes de carga
En la misma sesión, la comisión dio luz verde al proyecto que modifica las normas de autocontrol en el pesaje de vehículos de carga. La iniciativa pretende proteger la infraestructura vial del daño que provocan los camiones con sobrepeso, ampliando la definición de empresas generadoras de carga para incluir a puertos, aeropuertos y centros de distribución.
Jorge Guerra, jefe del Departamento de Pesaje de la Dirección de Vialidad, explicó que el proyecto fortalecerá la fiscalización mediante la instalación obligatoria de sistemas de pesaje y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.
La medida incluirá a 76 nuevas empresas generadoras de carga dentro de la normativa. Representantes de la Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad (Anatravial) valoraron la decisión y enfatizaron la necesidad de fiscalizaciones más rigurosas, especialmente en zonas rurales donde el paso de camiones con sobrepeso afecta la infraestructura.
Desde la Asociación de Empresarios del Transporte de Carga Internacional (Agetich), sus miembros insistieron en la importancia de fiscalizar las cargas provenientes del Mercosur, ya que muchas de estas no cumplen con la normativa chilena.
La Corte Suprema desestimó un recurso de casación en la forma presentado contra la sentencia que rechazó una demanda de prescripción adquisitiva sobre una propiedad en Las Vertientes, comuna de San José de Maipo. La Primera Sala del máximo tribunal determinó que el recurso no cumplía con los requisitos legales para su admisión.
El fallo unánime, emitido en la causa rol 2.538-2025, contó con la participación de los ministros Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto García, Mario Carroza Espinosa, María Soledad Melo Labra y la abogada integrante María Angélica Benavides Casals. El tribunal concluyó que la presentación carecía de fundamentos adecuados para su procedencia.
Detalles de la decisión
El recurrente argumentó que la sentencia incurrió en un error al limitar la controversia a la prescripción adquisitiva sin considerar la legitimidad del título del demandado. Según la impugnación, este último habría alterado los deslindes del terreno mediante maniobras fraudulentas. Además, el recurso señaló que la resolución omitió pronunciarse sobre la validez del título del demandado y solicitó anular el fallo para acoger la demanda.
El tribunal explicó que la causal de nulidad invocada no se configuró, ya que el fallo de alzada analizó los elementos esenciales de la demanda. Según el análisis de la Corte Suprema, el demandante no poseía un título inscrito que respaldara su posesión, por lo que no podía adquirir la propiedad a través de prescripción adquisitiva, conforme al artículo 2505 del Código Civil.
En su resolución, la Corte Suprema enfatizó que la acción presentada no se dirigía expresamente contra el título del demandado y que la falta de un requisito fundamental impedía evaluar otros argumentos de la demanda. Con base en estos antecedentes, el tribunal rechazó el recurso de casación en la forma interpuesto por el abogado Alfredo Arriagada Figueroa en representación de la parte demandante.
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