Corte Suprema revoca sentencia que declaró prescritos hechos de denuncia pesquera

En fallo identificado con causa rol 199.500-2023, la Cuarta Sala de la Corte Suprema ordenó continuar la tramitación de una denuncia por infracción a la normativa pesquera presentada por Sernapesca, tras detectar errores en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción. Este fallo había confirmado la resolución de primera instancia que declaró de oficio la prescripción de los hechos denunciados.

El máximo tribunal analizó el caso y concluyó que la sentencia recurrida carecía de fundamentos suficientes, incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Según el fallo, los razonamientos del tribunal de alzada eran contradictorios y omitían justificar adecuadamente la aplicación de normas de prescripción de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

La Corte Suprema destacó que la sentencia de segunda instancia no explicitó cómo se sustentaba en las normas jurídicas aplicables, ni aclaró la pertinencia de los argumentos utilizados para justificar la prescripción de la acción infraccional. Esta omisión afectó el derecho de defensa de las partes y vulneró principios de certeza jurídica.

En su resolución, la Corte Suprema invalidó la sentencia de segunda instancia y, mediante una nueva sentencia de reemplazo, revocó la decisión apelada. Ordenó que el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano continúe con la tramitación de la denuncia conforme a derecho.

El tribunal enfatizó la importancia de que las resoluciones judiciales cuenten con fundamentos claros y suficientes para garantizar la transparencia, la razonabilidad de las decisiones y el ejercicio pleno de los derechos procesales de las partes involucradas.

Fuente: pjud.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Avances en la reforma al sistema de pensiones

Avances en la reforma al sistema de pensiones

La Comisión de Trabajo y Previsión Social avanza en el trámite del proyecto que establece un Sistema Mixto de Pensiones, un Seguro Social en el pilar contributivo y mejoras en la Pensión Garantizada Universal. Este trabajo incluye beneficios adicionales y modificaciones regulatorias.

El proyecto, conocido como la reforma a las pensiones, está en pleno proceso de votación. Los legisladores revisan y aprueban cada punto en conjunto con un comité técnico de expertos. Según el protocolo firmado en agosto entre el Congreso y el Ejecutivo, el texto consolidado se presentará en la Sala antes de fin de año.

Principales acuerdos logrados

Desde la firma del protocolo, los parlamentarios han debatido y aprobado los siguientes puntos:

  • Comisiones de intermediación en las AFP: Se limitarán las comisiones que las AFP pagan a gestores locales e internacionales, regulándolas dentro del régimen de inversiones y no por ley.
  • Comité Técnico de Inversiones (CTI): Se analiza su estructura y los requisitos de sus integrantes, evaluando el nivel de experiencia necesario y la prevención de conflictos de interés.
  • Cambio de multifondos a fondos generacionales: Este modelo establece al menos 10 fondos agrupados por ciclos de vida, lo que podría aumentar las pensiones. Se estima un impacto de hasta 27,1% en los hombres y 12,5% en las mujeres dependiendo del escenario.
  • Ahorro voluntario: Los afiliados mantendrán la libertad de elegir su tipo de inversión en esta modalidad.
  • Cobranza municipal centralizada: Se aprobó su creación con administración licitada, aunque faltan detalles específicos.
  • Seguro de lagunas previsionales: Se propone ampliar la cobertura a quienes usen el seguro de cesantía con fondos de sus cuentas individuales.

Datos clave sobre el sistema

Durante las sesiones, se revelaron cifras relevantes que reflejan los desafíos del sistema:

  • Los afiliados pagaron 480 millones de dólares en comisiones indirectas en 2022.
  • El 52% de los afiliados cambió de fondo activamente en los últimos años.
  • Cerca de 315 mil empleadores tienen cotizaciones impagas, afectando a 2,4 millones de trabajadores.
  • Las deudas judicializadas por cotizaciones impagas suman 16 billones de pesos, con el 97% de estas deudas acumuladas por más de cinco años.
  • A junio de 2024, el 7,3% de los cotizantes alcanzó el tope imponible de 84,3 UF.

Próximos pasos

En las próximas semanas, los legisladores deberán resolver temas clave como la distribución del 6% adicional de cotización. El acuerdo más reciente asigna un 3% a cuentas individuales, un 2% a un préstamo estatal y un 1% a la pensión de las mujeres. También discutirán la reorganización de la industria, incluyendo la licitación del stock de afiliados.

La discusión continúa con el objetivo de consolidar un sistema de pensiones más equitativo y sostenible para los trabajadores del país.

Fuente: senado.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Comisión de Constitución aprueba disolución de la Editorial Jurídica de Chile y analiza reforma al sistema de nombramientos judiciales

Comisión de Constitución aprueba disolución de la Editorial Jurídica de Chile y analiza reforma al sistema de nombramientos judiciales

La Comisión de Constitución de la Cámara retomó la discusión sobre el proyecto que propone disolver la Editorial Jurídica de Chile y establece normas para su liquidación. La iniciativa, enviada por el Ejecutivo en 2013, fue aprobada en su idea de legislar.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que el proyecto busca resolver los graves problemas financieros de la Editorial Jurídica, una corporación de derecho público ajena a la administración del Estado. Entre sus principales dificultades se encuentran deudas tributarias, juicios laborales y embargos.

El proyecto analizado por la Comisión de Constitución plantea la disolución de la editorial a través de un liquidador designado por el Ministerio de Justicia. Además, establece que la Universidad de Chile administrará los sellos de la Editorial Jurídica y Andrés Bello, preservando sus marcas.

Por otro lado, otorga nuevas atribuciones a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), que asumiría el rol de secretaría técnica de la Comisión de Códigos de la República, encargada de la edición oficial de los textos legales.

El director de la BCN, Diego Matte, participó en la sesión y señaló que los trabajadores que se auto despidieron por la insolvencia de la editorial aún enfrentan problemas laborales pendientes. Además, expresó su desacuerdo con la Comisión de Códigos, argumentando que confunde el rol académico con el institucional.

Matte también solicitó avanzar en el reconocimiento legal del Sistema Ley Chile, una plataforma digital que publica más de 4 mil normas y registra un tráfico anual de 32 millones de sesiones.

Debate y cifras financieras

Los diputados respaldaron la disolución, pero pidieron un informe actualizado sobre las deudas de la editorial, considerando que el proyecto tiene 11 años. Según datos presentados por el ministro Gajardo, el informe de la Contraloría de 2022 indica que la editorial acumula deudas tributarias por $18 mil millones, derechos de autor por $834 millones, obligaciones de corto plazo por $21 mil millones y deudas laborales por $458 millones.

El Ministerio de Justicia planea realizar un aporte adicional para cubrir las deudas laborales tras la liquidación, aunque reconoció que las cifras deben ser actualizadas.

Reforma al sistema de nombramientos judiciales

En otro tema, la Comisión de Constitución continuó el análisis de la reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales. Esta propuesta busca modernizar los procesos de designación en el Poder Judicial.

Domingo Lovera, académico de la Universidad Diego Portales, participó en la discusión y destacó la importancia de garantizar la independencia de los jueces. Señaló que los magistrados deben tomar decisiones basadas únicamente en el derecho, sin presiones de las instituciones que los designan ni de sus superiores jerárquicos.

Lovera propuso separar las funciones de nombramiento de las labores disciplinarias y administrativas. También cuestionó la participación del Senado en la ratificación de ternas judiciales, argumentando que no existe una justificación técnica para ese proceso y que se podrían evitar influencias políticas en la designación de los jueces.

El académico subrayó la necesidad de asegurar la pluralidad y la alta calificación técnica en la integración del máximo tribunal, además de establecer mecanismos que reduzcan la posibilidad de tráfico de influencias.

Fuente: camara.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Corte de Apelaciones confirma multas contra embotelladora por infracciones laborales

Corte de Apelaciones confirma multas contra embotelladora por infracciones laborales

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantener las multas aplicadas a Embotelladora Andina SA por la Inspección del Trabajo, tras rechazar un recurso de nulidad presentado por la compañía. El fallo unánime, identificado con causa rol 3.878-2023, dictado por la Duodécima Sala del tribunal de alzada, reafirmó las sanciones de 60 UTM cada una, impuestas por incumplir la obligación de informar sobre riesgos laborales a los trabajadores y no actualizar las remuneraciones en los contratos de trabajo.

Argumentos del fallo

El tribunal, compuesto por el ministro Guillermo de la Barra, la ministra Verónica Sabaj y la abogada integrante Magaly Correa, sostuvo que el recurso de nulidad no demostró infracción en la sentencia previa del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechazó el reclamo de multa de la empresa.

El fallo destacó que el recurso tiene un carácter extraordinario y se limita a las causales específicas establecidas en los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo. Según la resolución, su propósito es garantizar sentencias ajustadas a la ley, pero requiere una fundamentación clara y precisa por parte del recurrente.

La Corte recordó que el recurso de nulidad no constituye una instancia para revisar los hechos del caso, ya que esta función recae exclusivamente en el juez que conoció el juicio original. Además, los tribunales superiores no pueden valorar la prueba presentada en el juzgado, salvo que se infrinjan principios de lógica, experiencia o conocimientos científicamente respaldados.

En su dictamen, la Corte concluyó que el recurso presentado por Embotelladora Andina SA no cumplió con los requisitos necesarios para proceder. Por lo tanto, decidió rechazarlo sin costas, manteniendo la validez de la sentencia emitida el 19 de octubre de 2023 por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo en la causa RIT I-271-2023.

De esta forma, la empresa deberá asumir las sanciones por las infracciones detectadas.

Fuente: pjud.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema ordena facilitar audiencias telemáticas solicitadas por tribunal argentino

Corte Suprema ordena facilitar audiencias telemáticas solicitadas por tribunal argentino

La Segunda Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de Cecilia Belén Billordo y ordenó gestionar la factibilidad de realizar dos audiencias telemáticas requeridas por un tribunal de Argentina. La resolución implica coordinar la presencia de un ministro de fe y notificar formalmente al tribunal trasandino.

El fallo, identificado con causa rol 28.336-2024, revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que previamente había rechazado el amparo. La Segunda Sala, compuesta por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Jean Pierre Matus, quien votó en contra de la resolución, y los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Raúl Fuentes, fundamentó su resolución en los principios de protección de derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales ratificados por Chile.

Argumentos del fallo

El tribunal destacó que Billordo enfrenta una situación de vulnerabilidad, ya que es madre de cuatro hijos pequeños, uno de ellos lactante, bajo su cuidado. La extradición a Argentina, según la defensa, pondría en riesgo tanto su libertad como los derechos de sus hijos, quienes quedarían desamparados. Además, se enfatizó que el tribunal argentino solicitó expresamente las audiencias telemáticas para evitar el traslado de la amparada.

La sentencia citó la Convención de Belém do Pará, que obliga a los Estados a considerar la situación de mujeres en contextos de vulnerabilidad, especialmente cuando están expuestas a violencia o privación de libertad.

El fallo ordenó oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar la factibilidad de las audiencias telemáticas. Estas deben realizarse con la certificación de un ministro de fe designado por la Corte Suprema, quien verificará la identidad de Billordo. La Defensoría Penal Pública asumirá la coordinación logística, mientras la Cancillería deberá informar formalmente al tribunal argentino sobre la resolución adoptada.

Con esta decisión, la Corte Suprema busca garantizar los derechos fundamentales de la amparada y sus hijos, cumpliendo con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.

Fuente: pjud.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema confirma fallo que condenó a condominio por multar a residentes por tenencia de mascotas

Corte Suprema confirma fallo que condenó a condominio por multar a residentes por tenencia de mascotas

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados contra una sentencia que favoreció a residentes de un condominio en Antofagasta. Estos demandaron a la administración por aplicarles multas indebidas relacionadas con la tenencia de mascotas.

En un fallo unánime (causa rol 79.916-2023), la Primera Sala, integrada por los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto, Juan Manuel Muñoz Pardo y el abogado integrante Raúl Fuentes, respaldó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. El tribunal ordenó al condominio devolver las sumas cobradas de manera irregular.

El fallo señala que el tribunal de primera instancia verificó el pago de las multas cuestionadas y que este hecho sirvió como base para acoger la demanda. Los jueces confirmaron que los pagos se realizaron, según las papeletas de gastos comunes, y descartaron errores en la valoración de las pruebas.

La administración del condominio argumentó que las multas no estaban debidamente acreditadas, cuestionó la equivalencia entre gastos comunes y multas por tenencia de mascotas, y señaló un supuesto cambio en la carga de la prueba. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó estas alegaciones al considerar que no se denunciaron infracciones a las leyes reguladoras de la prueba.

El fallo también aclaró que la Corte Suprema no revisa los hechos establecidos en una sentencia, salvo que se pruebe que los jueces infringieron las normas legales sobre prueba. En este caso, no se identificaron errores que justificaran alterar los hechos fijados por los tribunales inferiores.

La Corte Suprema reafirmó la obligación del condominio de restituir los montos cobrados indebidamente y destacó que los argumentos de la parte recurrente no alteraron la validez del fallo original. La resolución consolida el criterio según el cual la aplicación de multas debe ajustarse estrictamente a la ley y a las pruebas presentadas.

Fuente: pjud.cl

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