Dic 5, 2024 | Actualidad Prime
El Senado concluyó la votación en particular del proyecto que reforma el sistema registral y notarial, cumpliendo así un paso clave antes de su tercer trámite en la Cámara de Diputados.
La iniciativa introduce un procedimiento en el que la Alta Dirección Pública (ADP) seleccionará a los postulantes a notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros. Los candidatos deberán rendir un examen y la ADP elaborará una terna con los mejores puntajes para que el ministro de Justicia y Derechos Humanos haga la nominación final. Esta medida elimina la participación del Poder Judicial en estos nombramientos.
El debate comenzó con la revisión de indicaciones presentadas por el senador Pedro Araya, quien propuso excluir a la ADP del proceso. Argumentó que esta entidad no era la más adecuada para realizar las selecciones. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el senador Alfonso De Urresti defendieron la propuesta, citando recomendaciones de la Corte Suprema. Con 30 votos en contra y solo 4 a favor, la Sala rechazó las indicaciones del senador Araya.
Otras modificaciones aprobadas
Entre las disposiciones aprobadas destaca la obligación del Fiscal Judicial de rendir una cuenta pública anual sobre sus funciones, especialmente en supervisión. Además, deberá mantener información disponible a través de un sitio web.
En cuanto a la creación de nuevos oficios notariales, se rechazaron indicaciones que buscaban establecer criterios específicos, como la obligatoriedad de crear notarías en lugares con más de 20 mil repertorios. La Sala respaldó una norma más flexible que facilita la creación de oficios en zonas alejadas.
El proyecto también eliminó del texto el denominado «folio real electrónico», debido a la magnitud del cambio tecnológico que implica. Aunque las propuestas para incluirlo fueron rechazadas, los senadores coincidieron en que se debe abordar en un futuro proyecto independiente.
Regulaciones y fiscalización
El debate también abordó nuevas normas sobre el funcionamiento de registros conservatorios y la prohibición de contratar parientes en notarías. Se aprobó la facultad del Presidente de la República para dividir o reorganizar oficios conservatorios, excluyendo al Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Por último, se discutieron las facultades del Sernac para fiscalizar el sistema notarial y registral. Tras una aclaración del Ejecutivo sobre el alcance de esta fiscalización, la norma fue aprobada.
El proyecto avanza ahora a su tercer trámite en la Cámara de Diputados, consolidando cambios significativos en la transparencia y modernización del sistema registral y notarial del país.
Fuente: senado.cl
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Nov 28, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión de Constitución de la Cámara retomó la discusión sobre el proyecto que propone disolver la Editorial Jurídica de Chile y establece normas para su liquidación. La iniciativa, enviada por el Ejecutivo en 2013, fue aprobada en su idea de legislar.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que el proyecto busca resolver los graves problemas financieros de la Editorial Jurídica, una corporación de derecho público ajena a la administración del Estado. Entre sus principales dificultades se encuentran deudas tributarias, juicios laborales y embargos.
El proyecto analizado por la Comisión de Constitución plantea la disolución de la editorial a través de un liquidador designado por el Ministerio de Justicia. Además, establece que la Universidad de Chile administrará los sellos de la Editorial Jurídica y Andrés Bello, preservando sus marcas.
Por otro lado, otorga nuevas atribuciones a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), que asumiría el rol de secretaría técnica de la Comisión de Códigos de la República, encargada de la edición oficial de los textos legales.
El director de la BCN, Diego Matte, participó en la sesión y señaló que los trabajadores que se auto despidieron por la insolvencia de la editorial aún enfrentan problemas laborales pendientes. Además, expresó su desacuerdo con la Comisión de Códigos, argumentando que confunde el rol académico con el institucional.
Matte también solicitó avanzar en el reconocimiento legal del Sistema Ley Chile, una plataforma digital que publica más de 4 mil normas y registra un tráfico anual de 32 millones de sesiones.
Debate y cifras financieras
Los diputados respaldaron la disolución, pero pidieron un informe actualizado sobre las deudas de la editorial, considerando que el proyecto tiene 11 años. Según datos presentados por el ministro Gajardo, el informe de la Contraloría de 2022 indica que la editorial acumula deudas tributarias por $18 mil millones, derechos de autor por $834 millones, obligaciones de corto plazo por $21 mil millones y deudas laborales por $458 millones.
El Ministerio de Justicia planea realizar un aporte adicional para cubrir las deudas laborales tras la liquidación, aunque reconoció que las cifras deben ser actualizadas.
Reforma al sistema de nombramientos judiciales
En otro tema, la Comisión de Constitución continuó el análisis de la reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales. Esta propuesta busca modernizar los procesos de designación en el Poder Judicial.
Domingo Lovera, académico de la Universidad Diego Portales, participó en la discusión y destacó la importancia de garantizar la independencia de los jueces. Señaló que los magistrados deben tomar decisiones basadas únicamente en el derecho, sin presiones de las instituciones que los designan ni de sus superiores jerárquicos.
Lovera propuso separar las funciones de nombramiento de las labores disciplinarias y administrativas. También cuestionó la participación del Senado en la ratificación de ternas judiciales, argumentando que no existe una justificación técnica para ese proceso y que se podrían evitar influencias políticas en la designación de los jueces.
El académico subrayó la necesidad de asegurar la pluralidad y la alta calificación técnica en la integración del máximo tribunal, además de establecer mecanismos que reduzcan la posibilidad de tráfico de influencias.
Fuente: camara.cl
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Nov 8, 2024 | Actualidad Prime
La Cámara aprobó por unanimidad el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre agresiones sexuales en el ámbito deportivo, tras una votación en la que participaron 131 legisladores. El documento revisa incumplimientos al protocolo del Decreto Supremo 22, que establece normas para prevenir acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en el deporte nacional. La aprobación busca fortalecer las medidas de prevención y sanción frente a estas situaciones, especialmente a raíz de casos recientes de alto impacto, como el conocido «Caso Cobreloa».
Evaluación de los protocolos y casos de abuso
El informe destaca que, pese a la existencia de un protocolo de prevención establecido en 2019, los responsables institucionales aún muestran serias deficiencias en su implementación. Según la investigación, varias instituciones, incluyendo el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), cometieron errores graves, entre ellos no considerar adecuadamente las denuncias de las víctimas.
Además, la Comisión señala la existencia de casos donde personas no vinculadas directamente al deporte sufrieron abusos perpetrados por deportistas, lo que expone un vacío en los mecanismos de protección para terceros. Este análisis ha evidenciado la falta de capacitación y la necesidad de una especialización más estricta en quienes deben gestionar y responder a estas denuncias.
Propuestas para mejorar la prevención y reparación
El informe propone una serie de reformas para mejorar la prevención y la atención a las víctimas. Entre las medidas recomendadas se encuentra optimizar el registro y la difusión de información sobre niños, niñas y adolescentes que asisten a organizaciones deportivas. Esta propuesta busca que tanto los menores como sus familias conozcan los derechos y protocolos de seguridad existentes.
Asimismo, el texto plantea incorporar medidas restaurativas que reparen los daños causados a las víctimas, así como evaluar sanciones para las instituciones que incumplen o fallan en sus protocolos de prevención. La Comisión también recomienda revisar el rol de los responsables institucionales y asegurar su capacitación en temas de protección y derechos de las víctimas.
Otra de las propuestas clave del informe es la creación de un tribunal nacional de arbitraje deportivo, que permita una mejor regulación y supervisión de los casos de abuso en el deporte. Este tribunal aportaría una estructura disciplinaria más moderna y eficiente para tratar estas denuncias, con el objetivo de evitar la impunidad y fortalecer la confianza en las instituciones deportivas.
En este sentido, el informe solicita que el Presidente de la República presente un proyecto de ley que dé origen a este tribunal, además de reformas a la ley orgánica constitucional del Congreso para que las personas citadas a comisiones investigadoras tengan la obligación de comparecer y declarar, ya que actualmente su asistencia es voluntaria.
Conclusión del informe
El informe de la Comisión Especial Investigadora pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de prevención, capacitación y respuesta institucional frente a las agresiones sexuales en el deporte. Con propuestas que abarcan desde reformas legales hasta la creación de un tribunal especializado, la Cámara de Diputados busca asegurar un entorno deportivo seguro y libre de abusos. Ahora, las recomendaciones quedan en manos del Poder Ejecutivo y otras instituciones que deberán evaluar y aplicar los cambios necesarios para proteger a las víctimas y prevenir futuros casos de abuso en el ámbito deportivo.
Fuente: camara.cl
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Sep 13, 2024 | Actualidad Prime
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y envió a segundo trámite el proyecto que tipifica el delito de corrupción en el deporte. Esta iniciativa, que busca prevenir y sancionar conductas que vulneran la integridad de la competencia deportiva, fue respaldada por una amplia mayoría de 97 votos a favor y 13 abstenciones.
El proyecto, impulsado en su origen por un mensaje del Ejecutivo y una moción presentada por el exdiputado Matías Walker, junto a las diputadas Erika Olivera y Marisela Santibáñez, establece sanciones claras para quienes alteren o manipulen resultados en eventos deportivos, afectando la equidad de las competiciones. El objetivo es asegurar que los resultados deportivos no se vean influidos por factores externos ajenos a lo meramente deportivo.
Entre las principales medidas, el proyecto introduce modificaciones a la Ley del Deporte, incorporando sanciones penales para quienes ofrezcan o reciban beneficios económicos o de otra índole con el fin de influir en el resultado de una competición. Las penas propuestas incluyen reclusión menor en su grado medio, que va de 541 días a 3 años, así como multas que podrían duplicar el beneficio recibido o aceptado.
Adicionalmente, se establecen inhabilidades para personas condenadas por corrupción deportiva, impidiéndoles acceder a beneficios de la Ley del Deporte o ejercer cargos directivos en organizaciones deportivas. El proyecto también refuerza las obligaciones de las federaciones deportivas y otras entidades vinculadas al deporte, al exigirles reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), especialmente si reciben financiamiento público.
Durante el debate, diversos parlamentarios expresaron su apoyo a la iniciativa, destacando la necesidad de proteger la integridad del deporte frente a la corrupción, que convierte las competiciones en simples espectáculos sujetos a intereses económicos y apuestas ilegales. No obstante, algunos sectores plantearon críticas, considerando que la norma podría ser demasiado específica y compleja para su aplicación en el ámbito penal.
El proyecto ahora deberá ser discutido en el Senado, donde se espera continúe el debate sobre la mejor forma de regular la corrupción en el deporte.
Fuente: camara.cl
Sep 6, 2024 | Actualidad Prime
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Ejecutivo un importante proyecto de ley que modifica la Ley 20.422, que establece medidas de igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad. El proyecto, identificado bajo el boletín 15250, busca promover la accesibilidad universal en los recintos destinados a la actividad física o deportiva, garantizando que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones.
La iniciativa surge en el marco del compromiso de Chile con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el país. El texto del proyecto incorpora una nueva norma que establece que «toda institución pública o privada que se encuentre habilitada para promover actividad física o deportiva, procurará realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos destinados a propiciar la accesibilidad universal». Estos cambios tienen como objetivo asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder sin restricciones a los espacios deportivos, respetando su derecho a la igualdad de oportunidades.
Según datos aportados en el informe que acompaña la propuesta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de mil millones de personas en todo el mundo viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 15% de la población global. Si bien se han logrado avances significativos en la lucha contra la discriminación, persisten barreras importantes en cuanto a la accesibilidad de espacios tanto públicos como privados, especialmente en el ámbito deportivo y recreativo.
El proyecto subraya que muchas familias en Chile aún enfrentan limitaciones para disfrutar de su derecho a la recreación, especialmente cuando alguno de sus miembros vive con discapacidad física, cognitiva o sensorial. La falta de infraestructura adecuada, como rampas de acceso y baños adaptados, es un problema recurrente en los recintos destinados a la actividad física y deportiva, lo que impide una participación plena.
Durante el debate en la Sala, legisladores de diversas bancadas manifestaron su apoyo a la iniciativa y destacaron la importancia de seguir trabajando en políticas que promuevan la igualdad y accesibilidad universal. Los parlamentarios llamaron al Ejecutivo a priorizar estos proyectos y a tomar medidas concretas para eliminar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el país.
Fuente: camara.cl
