Ago 22, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión de Trabajo aprobó la idea de legislar sobre un proyecto que establece un permiso laboral por la muerte de una mascota o animal de compañía. El proyecto se originó a partir de seis mociones refundidas (boletines 14670, 16755, 16756, 16757, 16759 y 16760).
La iniciativa reconoce que las mascotas son parte de la familia. Su pérdida causa un duelo emocional, con dolor, tristeza y ansiedad en sus dueños. Por lo tanto, el proyecto busca modificar el Código del Trabajo para otorgar un permiso especial de uno o dos días hábiles para vivir el duelo.
Los Puntos de Consenso y el Derecho al Duelo
El presidente de la comisión, diputado Diego Ibáñez, afirmó que existe un acuerdo transversal para legislar sobre la materia. Se definirá una indicación de consenso que abordará puntos clave como la duración del permiso y su pago. También si se exigirá un certificado veterinario y la inscripción en el Registro Nacional de Mascotas.
El diputado Ibáñez dijo que el proyecto busca reconocer el derecho al duelo. Afirmó que el Código del Trabajo ya se ha modificado para incluir permisos por la muerte de familiares. Ahora, se considera la salud mental del trabajador.
Propuestas y Opiniones sobre la Iniciativa
La diputada Daniella Cicardini pidió incluir a niños y jóvenes en la normativa. Por su parte, la diputada Ximena Ossandón expresó la necesidad de tener precaución al modificar la Ley General de Educación para este fin.
La diputada Ossandón también planteó que el permiso sea de un día recuperable. Así no se afecta la productividad. Muchas empresas ya ofrecen este permiso, pero de forma voluntaria. La ley busca regular este beneficio.
Fuente: camara.cl
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Ago 15, 2025 | Actualidad Prime
A tercer trámite fue remitido el proyecto que modifica la Ley N° 20.422. La iniciativa busca dar prioridad a personas con discapacidad en servicios públicos. Esto ocurre luego que la Sala aprobara la propuesta con un artículo único y sus respectivas modificaciones. La Cámara Baja ahora deberá analizar los cambios que realizó el Senado.
La Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad analizó con detalle la moción. Ante el pleno del Senado, el senador David Sandoval explicó que la propuesta busca dar atención preferente en todos los recintos públicos y privados. Esto incluye a todas las personas que tengan el carné que acredite su discapacidad.
El senador Sandoval destacó que el 17% de la población chilena de dos años o más tiene alguna discapacidad. Esta cifra equivale a más de 3.2 millones de personas.
Alcance y Definición del Proyecto
El proyecto busca otorgar atención preferente a quienes tengan con credencial o certificado de discapacidad vigente emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. También incluye a sus cuidadores. La iniciativa aplica a todas las instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios al público.
El texto define «atención preferente y oportuna» como la adopción de medidas que aseguren un trato digno y respetuoso. El objetivo es disminuir los tiempos de espera de las personas.
Para el caso de atenciones de salud, la norma regirá según lo dispuesto en la Ley N° 20.584, que que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
Observaciones y Alcance Actual de la Ley
La Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad solicitó una definición clara de «atención preferente». También pidieron especificar cómo los cuidadores ejercerán este derecho. Además, requirieron precisar cuáles instituciones deberán cumplir con la ley y las posibles sanciones.
A la fecha, esta atención preferente ya aplica en establecimientos de salud y en otras entidades como el Registro Civil, MINVU, FONASA, Chile Atiende y SERNAC, entre otros.
Fuente: senado.cl
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Jun 4, 2025 | Actualidad Prime
El Tribunal Pleno de la Corte Suprema, reunido el pasado lunes 26 de mayo, analizó en profundidad el proyecto de ley que «Regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados que indica». El informe resultante fue remitido a la presidencia del Senado el 28 de mayo.
El proyecto de ley busca establecer un marco normativo para la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad en determinados casos, con el fin de garantizar un trato más humanitario a ciertos condenados. Sin embargo, el informe de la Corte Suprema advierte que su regulación es «parcial e incompleta», ya que se limita a aspectos específicos sin abordar de manera integral la ejecución de las penas privativas de libertad.
El Artículo 1° establece principios generales. Es solo enunciativo, sin mecanismos de aplicación. Carece de herramientas normativas concretas.
El Artículo 2° regula la suspensión por salud. Adolece de imprecisión en las enfermedades. Especialmente en las mentales, lo que genera aplicaciones dispares. No define criterios de certificación médica. Tampoco los efectos jurídicos de la suspensión. Esto genera incertidumbre sobre su duración y revisión. Además, no se aclara la diferenciación de beneficios.
El Artículo 3° permite sustituir pena por reclusión domiciliaria. Presenta una formulación más precisa. Sin embargo, su causal de enfermedades crónicas es amplia. No define qué enfermedades califican. Tampoco «tratamiento adecuado» en el sistema. Esto podría causar inequidad en su aplicación.
El Artículo 4° regula el procedimiento aplicable. Acierta en la competencia del Juzgado de Garantía. También en la posibilidad de apelación. Además, fija plazos procesales adecuados.
Impacto internacional y jurisprudencia
A pesar de estas observaciones, el oficio consigna que la materia del proyecto es de gran importancia por los problemas que aborda, dado que no existe un estatuto moderno que los regule, Chile ha suscrito importantes instrumentos internacionales que así lo sugieren. Entre ellos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores (art. 13), el Estatuto de Roma (arts. 1 y 110), complementados por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
El tribunal destaca que, con base en estas normas del derecho internacional y del ius cogens, la Corte Suprema cuenta con líneas jurisprudenciales (aunque no unánimes y que podrían ser consideradas) que han comenzado a abordar temas como la evaluación mental de condenados para modificar el régimen de cumplimiento (Rol 25.912-2023), la sustitución de penas privativas de libertad de personas mayores (Rol 236.784-2023) y el arresto domiciliario total en casos excepcionales (Rol 3743-2024, entre varios). También se mencionan casos de sustitución de pena a mujeres en sede de amparo (Rol 206.854-2023, Rol 9.886-2024, Rol 87.474-2023).
Finalmente, la Corte reitera lo señalado en un informe anterior (Boletín 16.036-17): aunque los objetivos del proyecto parecen razonables y se alinean con estándares internacionales para personas vulnerables privadas de libertad, podría estar en tensión con otras obligaciones importantes del Estado. Específicamente, se menciona el riesgo de «incentivar la impunidad y la denegación interesada de justicia» en relación con «casos especialmente graves de nuestra historia reciente, tales como los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura entre los años 1973 y 1990″. Además, se advierte una posible mayor carga de trabajo para los tribunales.
Fuente: pjud.cl
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May 1, 2025 | Actualidad Prime
El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, presentó ante la Comisión de Educación de la Cámara los lineamientos de un proyecto de ley que busca enfrentar la baja sostenida en las matrículas de las carreras de pedagogía. La iniciativa, impulsada por el Gobierno bajo el boletín 17442, apunta a establecer nuevos requisitos de ingreso basados en criterios técnicos, necesidades territoriales y evidencia.
Durante su exposición, Orellana explicó que la matrícula en pedagogía disminuyó un 43,3% entre 2018 y 2022. De mantenerse la tendencia, el país enfrentará un déficit de 33 mil docentes idóneos y especialistas hacia 2030. A esta situación se suma una oferta formativa concentrada geográficamente. Por ejemplo, solo cuatro regiones imparten pedagogía en arte, dos ofrecen especialidad técnico-profesional y tres cuentan con programas en física.
El subsecretario aclaró que el proyecto no eliminará los criterios de selectividad, pero sí permitirá adaptarlos a las realidades locales. El plan contempla un rediseño en la manera en que se define el acceso a estas carreras, con decisiones tomadas por el Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario, mediante acuerdos basados en mayoría absoluta.
Propuesta modifica actual Ley de Educación Superior
La propuesta modifica la Ley 20.129, que regula el sistema nacional de aseguramiento de la calidad en educación superior. Su objetivo es establecer un mecanismo técnico y periódico para definir los requisitos de ingreso a pedagogía, garantizando así la formación de docentes suficientes y bien preparados. El enfoque incluirá criterios de equidad, diversidad y calidad.
Entre las medidas más destacadas, el proyecto plantea:
- Establecer un procedimiento técnico para definir los requisitos de acceso a pedagogía.
- Reforzar la equidad y diversidad en el ingreso a estas carreras.
- Asegurar la formación de docentes calificados en todo el país.
Las universidades solo podrán acreditar carreras de pedagogía si admiten a estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos por el Comité Técnico. No obstante, las instituciones podrán solicitar excepciones fundadas ante el Ministerio de Educación.
Incentivos y apoyo para atraer nuevos talentos docentes
El proyecto se complementará con el plan docente de la cartera, que refuerza el Programa de Atracción de Talento Pedagógico (PATP). A través de este programa, las universidades identificarán estudiantes con vocación pedagógica directamente en liceos y colegios, ofreciendo ingreso especial y liberación del límite de vacantes.
Orellana destacó que, gracias a una indicación aprobada en el proyecto de nuevo financiamiento de la educación superior (FES), el Ejecutivo podrá destinar más de 200 mil millones de pesos para fortalecer el PATP y promover la vocación docente.
El subsecretario también informó sobre medidas para permitir la prosecución de estudios de los docentes sin título. “Existen 14 mil profesores de aula sin título, y son quienes presentan mayor retención en el sistema”, señaló. Para ello, el ministerio conformó una mesa técnica que establecerá condiciones claras y rigurosas para validar la continuidad académica de estos profesionales.
Diputados valoran el debate y piden cambios estructurales
Durante el debate, el diputado Stephan Schubert respaldó la iniciativa y advirtió sobre la “crisis anunciada” en el sistema educativo. A su juicio, la baja en el interés por la pedagogía responde a la pérdida de autoridad del docente y a una creciente carga burocrática.
Helia Molina insistió en abordar el problema desde una perspectiva cualitativa, que considere los factores sociales y comunicacionales que afectan la valoración del rol docente.
Por su parte, Hugo Rey propuso crear un programa de actualización para estudiantes que abandonaron sus carreras de pedagogía, pero cursaron varios semestres. Además, enfatizó que el país debe contar con los mejores profesionales y mantener estándares altos para ingresar a la docencia.
Fuente: camara.cl
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Ene 30, 2025 | Actualidad Prime
El proyecto de ley que busca modificar el Código de Aguas quedó en condiciones de ser promulgado tras recibir el respaldo de la Sala del Senado. Con 29 votos a favor, 3 en contra y una abstención, los senadores ratificaron el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias entre ambas Cámaras sobre la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Anteriormente, la Cámara de Diputados también aprobó el proyecto.
En la revisión de los cambios propuestos por el Senado, la Cámara de Origen no aprobó un artículo relacionado con las labores de vigilancia para corregir inobservancias menores al Código de Aguas, debido a la falta de quórum. Esta situación originó la formación de la Comisión Mixta, que logró llegar a un consenso. La presidenta de la instancia mixta, senadora Yasna Provoste, explicó en la sesión que el proyecto busca perfeccionar la fiscalización hídrica y detalló que la redacción final adoptada por el Senado fue la que finalmente se ratificó en la Cámara.
Detalles del proyecto
El proyecto de ley tiene como objetivo mejorar el control de infracciones al Código de Aguas mediante la introducción de un procedimiento administrativo sancionador simplificado. Este procedimiento se aplicará a infracciones menores, cuya excepcionalidad o alcance justifica un proceso más ágil y eficiente. El objetivo es reducir los tiempos de tramitación y ofrecer mecanismos más eficaces para disuadir las infracciones.
Dentro de las medidas, se propone adecuar los mecanismos de notificación en los procedimientos administrativos y adaptarlos a la digitalización del Estado. También se incluirá la experiencia de los funcionarios de la Dirección General de Aguas (DGA) para mejorar la eficiencia de los procesos.
El proyecto abarca procedimientos relacionados con multas de baja cuantía, áreas con escasez hídrica, zonas de prohibición para la explotación de aguas subterráneas, y sanciones que no requieran inspección en terreno.
Fuente: senado.cl
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