Cámara de Diputados aprueba proyecto para restringir armas a procesados por violencia intrafamiliar

La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley que busca prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar (VIF). El proyecto, identificado como Boletín 15936, propone cambios legales para proteger a las víctimas de este tipo de violencia.

La diputada Lorena Fries (Frente Amplio) lideró la iniciativa, respaldada por otros diputados del Frente Amplio, como María Francisca Bello, Diego Ibáñez, Javiera Morales y Gael Yeomans. También se sumó la exdiputada Mercedes Bulnes, fallecida en 2024.

El proyecto considera la posesión de armas como una presunción de riesgo inminente de VIF. Por esta razón, plantea que los jueces puedan dictar medidas cautelares como la prohibición de porte y tenencia de armas, además de su decomiso, en casos de intimidación.

Nuevas facultades para los jueces

La iniciativa permite a los jueces de familia acceder a los registros de armas de la Dirección General de Movilización Nacional. Esto facilitará determinar si una persona denunciada por violencia intrafamiliar tiene autorización para portar armas.

El texto exige que las demandas o denuncias se basen en hechos que afecten la vida, integridad física o psíquica, libertad o indemnidad sexual de la víctima. También aborda casos en que la persona denunciada posea armas sin autorización.

Medidas para condenados

El proyecto establece que quienes sean condenados por violencia intrafamiliar no podrán poseer armas de fuego. Carabineros deberá confiscar las armas, municiones y cartuchos de los infractores en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación de la sentencia.

En el caso de integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones o Gendarmería, se informará a la institución correspondiente para que adopte medidas legales y reglamentarias.

Además, las personas condenadas podrán solicitar excepciones si demuestran que necesitan portar armas para su profesión, pero el tribunal rechazará la solicitud si existe un riesgo grave para la víctima.

Debate en la Cámara

Durante la discusión, varios diputados destacaron el impacto positivo del proyecto en la protección de mujeres, niñas y niños. Se mencionó que el 93% de las armas inscritas en Chile pertenecen a hombres, y que el uso de armas de fuego estuvo presente en un 23,8% de los femicidios de 2022 y un 15% en 2023.

Algunos parlamentarios criticaron que el proyecto no aborda a quienes poseen armas ilegales, señalando que esto representa un desafío más complejo.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, participó en el debate y destacó la importancia de la iniciativa. Subrayó que permitirá aplicar restricciones si se demuestra que el acusado tiene antecedentes de conducta violenta.

El proyecto ahora deberá ser revisado y votado por el Senado para avanzar en su tramitación.

Fuente: camara.cl

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Respaldan protección de datos personales en casos de violencia intrafamiliar

La Comisión de Familia ha respaldado de manera contundente el proyecto de protección de datos personales de víctimas de violencia intrafamiliar (boletín 15872), enviándolo ahora a la Sala. Esta iniciativa busca enmendar la Ley de Violencia Intrafamiliar y los procedimientos ante los Tribunales de Familia y con competencia en lo Penal, con el fin de asegurar la confidencialidad del domicilio, residencia, habitación, lugar de trabajo o estudio de la víctima.

La norma impone la obligación de preservar los datos personales en todos los actos realizados en estos tribunales, así como en los registros informáticos accesibles para la parte denunciada. Además, se insiste en mantener esta reserva durante cualquier fase de la investigación de delitos de violencia intrafamiliar, incluso previo a la formalización o a la imposición de medidas cautelares para la protección efectiva y oportuna de la víctima.

En cuanto a los procedimientos penales y civiles, se introducen modificaciones para garantizar la salvaguardia de los datos personales en casos de violencia intrafamiliar, siempre sin menoscabo de los derechos del denunciado.

El proyecto enfatiza la protección de la información en la presentación de denuncias y querellas, abarcando tanto documentos como registros informáticos a disposición de la parte querellada.

Adicionalmente, la propuesta establece penas significativas para los funcionarios que divulguen la información regulada por esta norma. Quienes incurran en esta conducta se exponen a penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio, lo que implica entre cinco años y un día hasta 15 años de prisión, además de una inhabilidad temporal para ejercer cargos públicos durante el periodo de condena.

Este tema generó debate entre los diputados, con sugerencias de reducción de la pena. Sin embargo, los defensores de la medida argumentaron que está en juego la confianza de la ciudadanía en los Tribunales de Justicia y que, en última instancia, la consecuencia de una divulgación indebida podría ser la muerte de la persona que denuncia.

Fuente: camara.cl