Ago 1, 2025 | Actualidad Prime
El Gobierno radicó el Proyecto de Ley 75 de 2025 y el Proyecto de Ley 76 de 2025. El primero regula el uso, fabricación, comercialización y control de drones y sistemas antidrones, mientras que el segundo expide una nueva Ley de Defensa Nacional.
El ministro de Defensa alertó sobre el uso criminal de drones, con 162 ataques este año. La nueva ley propone sanciones penales y administrativas. También crea registros nacionales y una regulación interinstitucional que involucra a varias entidades del Estado.
La nueva Ley de Defensa Nacional busca articular capacidades estatales. Su fin es garantizar la supremacía del poder civil y una alineación con el derecho internacional humanitario. Con ella, se busca una estructura eficaz para los desafíos de seguridad nacional.
Dignificación y Bienestar para la Fuerza Pública
Se presentó un proyecto para reformar el estatuto de soldados profesionales. Esta reforma, la primera en 23 años, incluye mejoras salariales, formación integral y profesionalización. Establece, además, garantías para el ascenso, los derechos laborales y la protección de las familias de los fallecidos en servicio.
Finalmente, se propuso una reforma a la Ley de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Se busca aumentar el aporte estatal del 4% al 5% y ampliar su portafolio. Ofrecería servicios como créditos para educación y libre inversión.
Propósito sin Orientación Partidista
Los ministros coincidieron en que estos proyectos no tienen orientación partidista. Su propósito superior es la defensa de la vida, del orden constitucional y del bienestar. «Si queremos seguridad, debemos invertir en seguridad», concluyó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Proyecto de Ley radicado para reconocer derecho de pueblos indígenas a gobernar sus territorios
Jul 31, 2025 | Actualidad Prime
El Gobierno radicó un instrumento jurídico que reconoce la justicia propia de 115 sistemas de justicia indígena. El proyecto refuerza el derecho de los pueblos a gobernar sus territorios de manera autónoma, brindando seguridad jurídica a sus derechos y particularidades.
También establece mecanismos de coordinación interjurisdiccional. Se incluyen herramientas como la traducción de lenguaje y capacitación para autoridades judiciales. El objetivo es promover una justicia más inclusiva, siguiendo la jurisprudencia del fuero indígena.
Reglamentación y Fundamentos del Proyecto
La iniciativa fue radicada por el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. Busca establecer la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y el Sistema Judicial Nacional, reglamentando el artículo 246 de la Constitución.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, afirmó que esta coordinación es una garantía del acceso a la justicia. La iniciativa pretende llenar vacíos normativos que han afectado a las comunidades indígenas por décadas.
Montealegre aclaró que no se crean ni modifican competencias. El proyecto establece reglas para mecanismos de coordinación efectivos y principios que resuelvan conflictos sin improvisación.
Salvaguardas para los Derechos de las Mujeres
El proyecto incluye salvaguardas para los derechos de las mujeres. Establece compromisos de debida diligencia para la JEI y la Justicia Ordinaria. Esto busca transformar prácticas que puedan afectar los derechos de las mujeres en las comunidades.
El proyecto es resultado de un trabajo conjunto de entidades del Sector Justicia, la Rama Judicial y organizaciones indígenas, en el marco de la COCOIN. Con esta propuesta, el Gobierno busca garantizar la justicia a los pueblos indígenas, respetando su identidad cultural.
Fuente: presidencia.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Modifican medida cautelar para trámite ambiental en Sabana de Bogotá
Jul 30, 2025 | Actualidad Prime
El Consejo de Estado determinó que el Ministerio de Ambiente no debe reiniciar el proceso. En otras palabras, este proceso busca establecer lineamientos ambientales para el uso del suelo en la Sabana de Bogotá. Por el contrario, debe continuar el trámite, pero incluyendo una reunión con el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH).
Así las cosas, esta decisión modifica una medida cautelar anterior. Previamente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había ordenado al Ministerio reiniciar el proyecto desde etapas preliminares.
Rol del CECH y Omisión Gubernamental
La sentencia del Consejo de Estado del 28 de marzo de 2014 ordenó constituir el CECH. Su objetivo es dirigir y coordinar actividades en la cuenca del Río Bogotá. Además, lo integran, entre otros, el Ministerio de Ambiente, el Distrito de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la CAR.
El Consejo de Estado encontró que el Gobierno Nacional es responsable ante el CECH. Por lo tanto, el Ministerio debía acudir a este Consejo al expedir el reglamento ambiental.
Ratificación de Medida Cautelar
Dado que el Ministerio no demostró haberse reunido con el CECH, la Sala ratificó la medida. En consecuencia, es necesario imponer una medida cautelar que garantice dicha reunión. Esto asegura, además, la participación del CECH en el proceso.
Fuente: consejodeestado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Consejo de Estado anula cobro de tasa de seguridad en factura de energía en Valle del Cauca
Jul 29, 2025 | Actualidad Prime
El Consejo de Estado declaró nula una ordenanza de la Asamblea Departamental del Valle de 2016. Esta ordenanza creó una tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana. Dicha tasa se recaudaría mediante la factura del servicio de energía.
La decisión establece que la Asamblea carecía de competencias. Aunque una ley habilitaba a entes territoriales a crear tasas de seguridad, esa norma no precisó el hecho generador del cobro.
Fundamento Legal y Precedente Constitucional
El fallo se apoya en la sentencia C-101 de 2022 de la Corte Constitucional. Esta sentencia declaró inexequible el inciso 2º del artículo 8 de la Ley 1421 de 2010. Dicho mandato legislativo autorizaba el cobro de la tasa, pero «no describe ninguna conducta o evento concreto» que la originara.
Por todo lo expuesto, la sala estableció la incompetencia de la Asamblea Departamental del Valle. No tenía facultad para expedir el acto administrativo demandado, dado el vicio en la ley que la habilitaba.
Fuente: consejodeestado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Condenan a tres exgobernadores de La Guajira por contrato sin requisitos legales
Jul 28, 2025 | Actualidad Prime
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a tres exgobernadores de La Guajira. Hernando David Deluque Freyle fue hallado responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Recibió 103 meses de prisión, multa de 262,68 smlmv ($81.168.120) e inhabilitación por 108 meses y 20 días.
Los gobernadores encargados Alejandro Magno Builes Suárez y Raúl Nicolás Gragozo Daza también fueron condenados. Se les impuso 100 meses de prisión, multa de 131,34 smlmv ($40.584.060) e inhabilitación por 105 meses y 15 días. Se les negó la ejecución condicional de la pena, pero se les concedió prisión domiciliaria.
Fraccionamiento y Violación de Principios Contractuales
El proceso se relaciona con el fraccionamiento irregular de contratos. Los procesados suscribieron contrato sin cumplimiento que violaron principios del estatuto de contratación. Esto lesionó la administración pública de La Guajira.
La Sala afirmó que los exgobernadores tenían las facultades para respetar la contratación pública. Sabían que no cumplir con los principios de transparencia y selección objetiva dañaba la administración pública, pero optaron por continuar.
Conocimiento y Omisión de Deberes
La condena se basa en más que la omisión de vigilancia. Se demostró que esta omisión provino del conocimiento de los acusados. Sus subalternos tramitaron contratos sin requisitos legales esenciales.
A pesar de esto, los exgobernadores voluntariamente procedieron a firmar los contratos. Esto evidencia su participación activa en la ilegalidad.
Fuente: cortesupremal.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional reconoce el cuidado comunitario y refuerza la protección jurídica de personas con discapacidad múltiple
