Oct 3, 2024 | Actualidad Prime
En la Comisión Quinta del Senado de Colombia se aprobó un proyecto de ley que busca garantizar que todos los humedales designados como sitios RAMSAR en el país cuenten con un plan de manejo ambiental. Esta iniciativa tiene como objetivo evitar el uso indebido de estos ecosistemas y protegerlos de posibles amenazas.
El senador Marcos Daniel Pineda García, del partido Conservador, fue el ponente principal de la propuesta. Durante el debate, destacó la importancia de los humedales para Colombia, señalando que, a pesar de que actualmente solo 12 humedales están reconocidos como sitios RAMSAR, esta cifra debería ser mayor debido a la relevancia de estos ecosistemas para el equilibrio ambiental del país. Pineda también recordó que esta es la segunda vez que el proyecto se presenta, ya que en el periodo legislativo anterior no logró convertirse en ley debido a la expiración de los términos.
Por su parte, la senadora Catalina Pérez Pérez, del Pacto Histórico, subrayó la necesidad de incluir otros humedales que, aunque no están en la lista RAMSAR, son vitales para la vida económica de las comunidades rurales. Mencionó ejemplos como los humedales de la Mohana, Martinica, Leticia y la Ciénaga Grande de Lorica, cuya protección también es fundamental para los campesinos y campesinas de las zonas aledañas.
El proyecto también recibió el respaldo de otros senadores, como Didier Lobo Chinchilla, del partido Cambio Radical, y fue aprobado con 10 votos a favor. Ahora, la iniciativa continuará su trámite en la plenaria del Senado, donde se espera que avance para convertirse en ley.
Este paso representa un avance significativo en la protección de los humedales colombianos y en la lucha por la preservación de estos ecosistemas esenciales para la biodiversidad y las comunidades locales.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional protege el derecho a una vivienda digna y ordena medidas frente a omisión municipal en caso de inundaciones
Oct 2, 2024 | Actualidad Prime
Mediante la sentencia T-318 de 2024, la Corte Constitucional amparó los derechos de una ciudadana del municipio de Venadillo, Tolima, quien presentó una acción de tutela alegando que su predio sufría inundaciones debido a la obstrucción de un desagüe de aguas lluvias por parte de un vecino, afectando también la única vía de acceso a su propiedad. La accionante también denunció la falta de respuesta de la corregidora municipal frente a sus solicitudes de intervención para detener los actos que perturbaban su predio.
La Sala Séptima de Revisión de la Corte protegió el derecho a la vivienda digna de la accionante, argumentando que la alcaldía municipal no había cumplido con su deber de garantizar el servicio público de alcantarillado, una prestación esencial para la salubridad y habitabilidad del inmueble. Además, la Corte amparó el derecho al debido proceso administrativo, señalando que la corregidora municipal había superado el plazo máximo para adelantar el proceso policivo verbal abreviado sobre este caso.
En su análisis, la Corte reiteró la importancia de cumplir con las obligaciones relacionadas con el saneamiento básico, tales como cumplir con las normas técnicas y garantizar la seguridad e intimidad de las personas afectadas. Enfatizó que una vivienda digna debe ser habitable, lo que implica que la infraestructura física debe proteger a sus ocupantes de riesgos para la salud y la vida.
Adicionalmente, la Corte abordó el incumplimiento de acuerdos conciliatorios en temas de convivencia, explicando que existen dos vías para su cumplimiento: el proceso policivo, en el que las autoridades pueden imponer medidas correctivas, y el proceso judicial para la ejecución del acuerdo. En este caso, la solicitud de la accionante se ubica en el ámbito del proceso policivo.
La Corte concluyó que la prolongada demora de más de tres años en la resolución del caso no era justificable, señalando que la corregidora municipal debió utilizar mecanismos públicos para identificar al propietario del predio y adelantar las actuaciones necesarias contra quienes estuvieran realizando los actos contrarios a la convivencia.
Finalmente, la Corte ordenó a la corregidora municipal citar a audiencia pública a la accionante y al presunto infractor, evaluar las pruebas y, si corresponde, dictar una medida correctiva. Además, instruyó a la alcaldía municipal a elaborar un dictamen técnico sobre el estado del predio y adoptar las medidas necesarias para garantizar la prestación adecuada del servicio de alcantarillado.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Consejo de Estado anula nombramiento de consejera de relaciones exteriores ante la OCDE en París
Oct 1, 2024 | Actualidad Prime
El Consejo de Estado, mediante una sentencia emitida por la Sección Quinta, ha anulado el nombramiento de María Angélica Prada Uribe como consejera de relaciones exteriores ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, Francia. La decisión revoca una sentencia previa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había negado las pretensiones de la demanda.
La controversia surgió por la designación de Prada Uribe en el cargo a través del Decreto 1415 del 30 de agosto de 2023. El nombramiento había sido provisional, sin embargo, el Consejo de Estado determinó que dicha designación violaba el artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000. Según la norma, si existía al menos un funcionario de carrera diplomática disponible para el cargo, este debía ser designado preferentemente, lo que no ocurrió en este caso.
La sentencia de primera instancia fue apelada por la parte demandante y un coadyuvante, lo que llevó al Consejo de Estado a revisar el caso. Finalmente, la Alta Corporación resolvió que el nombramiento de Prada Uribe no se ajustaba a la ley, dado que había un funcionario de carrera disponible para ocupar la plaza en cuestión.
Fuente: consejodeestado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema de Justicia ratifica condena a exministros y exdirector del DAPRE por cohecho en caso de reelección presidencial
Sep 30, 2024 | Actualidad Prime
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena impuesta a los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, así como al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Alberto Velásquez Echeverri, por el delito de cohecho por dar y ofrecer. El fallo se refiere a su participación en los ofrecimientos ilegales realizados a congresistas en 2004 para asegurar la aprobación de la reelección presidencial.
La decisión, contenida en la sentencia SP2641-2024, se tomó al resolver los recursos interpuestos por los procesados, quienes fueron inicialmente condenados el 15 de abril de 2015. El caso regresó a la Corte Suprema para garantizar el derecho a la doble conformidad judicial, luego de que los condenados buscaran una nueva revisión del proceso.
La Corte consideró probadas las acusaciones basadas en las declaraciones de la excongresista Yidis Medina, así como en otros elementos probatorios. El tribunal concluyó que los tres exfuncionarios actuaron de manera conjunta, con una clara división de roles, para influir en el voto de los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Según el fallo, los exministros y el exdirector del DAPRE «persuadieron y disuadieron» a los congresistas mediante el ofrecimiento de prebendas burocráticas, lo que permitió que el proyecto de reelección siguiera su curso.
La Corte reiteró que la intervención de los condenados fue fundamental para que los congresistas alteraran su conducta, ya sea votando a favor o absteniéndose de votar, lo que resultó en la aprobación de la polémica reforma que permitió la reelección presidencial.
Fuente: cortesuprema.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: El Ministerio de Salud adopta manual para la gestión integral de residuos en el sector salud
Sep 27, 2024 | Actualidad Prime
El Ministerio de Salud y Protección Social, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha adoptado oficialmente el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades, en el marco de la Resolución 0591 de 2024. Esta nueva normativa tiene como fin garantizar la correcta gestión de los residuos, reducir los riesgos en salud pública y minimizar su impacto ambiental.
El manual es de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales y jurídicas, tanto del sector público como privado, que participan en la generación, identificación, separación, empaque, recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de estos residuos, según lo dispuesto por el Decreto 780 de 2016. Entre las actividades reguladas se incluyen servicios de salud, veterinaria, estética, tanatopraxia, morgues, laboratorios de biotecnología, bioterios y más.
Según un censo preliminar de las Entidades Territoriales de Salud, en Colombia existen 83.311 generadores de residuos relacionados con la atención en salud. Bogotá concentra el 43% de los generadores, seguido de Antioquia con el 15% y Cundinamarca con el 10%.
Con la adopción de este manual, los Ministerios de Salud y Ambiente buscan promover un compromiso más sólido por parte de los generadores de residuos con riesgo biológico, así como fortalecer la supervisión por parte de las autoridades competentes.
Este manual, desarrollado tras un proceso de concertación técnica y jurídica, establece procedimientos y estándares claros para la gestión adecuada de los residuos sanitarios, con miras a un manejo sostenible que beneficie tanto a la salud pública como al medio ambiente.
Fuente: minsalud.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Radican proyecto de ley “Yo Respeto al Ciclista” en el Congreso
Sep 26, 2024 | Actualidad Prime
El representante a la Cámara por Cundinamarca, Leonardo Rico, del partido Cambio Radical, ha presentado el proyecto de ley “Yo respeto al ciclista”, que tiene como objetivo reformar el Código Nacional de Tránsito para fortalecer las medidas de protección y seguridad para los ciclistas en Colombia. Esta propuesta responde a la creciente preocupación por los accidentes viales que involucran a ciclistas, una problemática que ha ido en aumento durante los últimos años.
Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre 2018 y 2023 se registró un incremento significativo en el número de víctimas por siniestros viales, con una cifra que pasó de 6.849 fallecimientos a 8.405. Solo en 2023, más de 2.000 ciclistas resultaron lesionados en accidentes de tránsito, lo que subraya la urgencia de implementar medidas que garanticen su seguridad.
El proyecto de ley introduce importantes modificaciones al Código Nacional de Tránsito. Entre ellas, se plantea una definición más precisa de “víctima” en estos incidentes y se incluye como causal para la suspensión o cancelación de la licencia de conducción el hecho de que un ciclista sea víctima de un accidente donde el conductor sea hallado culpable. Asimismo, se propone extender el período de suspensión de la licencia de conducción de 5 a 10 años para estos casos.
El representante Leonardo Rico subrayó la necesidad de implementar sanciones más estrictas para los conductores que atropellen a ciclistas, argumentando que muchos de estos accidentes terminan en fugas de los responsables. Según él, esta iniciativa no solo busca garantizar la seguridad de los ciclistas en las vías, sino también promover un cambio cultural hacia un mayor respeto por quienes utilizan este medio de transporte, ya sea para desplazarse al trabajo, estudiar o practicar deporte.
Este proyecto de ley representa un paso importante hacia la protección de los ciclistas en Colombia y busca generar conciencia sobre la importancia de convivir respetuosamente en las vías.
Fuente: camara.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema de Justicia delega la resolución de apelaciones a la Sala de Instrucción, en cumplimiento de fallo de la Corte Constitucional
