Oct 27, 2023 | Actualidad Prime
Mediante el Decreto 1736 de 2023, se han extendido hasta el año 2026 los Incentivos por generación y permanencia de nuevos empleos. Estos beneficios están disponibles para las empresas que hayan establecido puestos de trabajo formales durante al menos seis meses a partir de mayo de 2023.
El decreto define que los empleados son aquellos trabajadores dependientes por los cuales el empleador haya cotizado el mes completo al Sistema General de Seguridad Social en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), con un ingreso base de cotización de al menos un salario mínimo legal mensual vigente, y que estén afiliados como empleados del empleador en el Registro Único de Afiliación (RUAF) y realicen aportes en todos los subsistemas correspondientes.
Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar, generar y proteger los nuevos empleos, con aportes directos a la nómina por la contratación de jóvenes, mujeres y hombres. Los incentivos mensuales, calculados sobre el salario mínimo legal vigente, son los siguientes:
- Jóvenes entre 18 y 28 años: 25 %, equivalente a $290,000.
- Mujeres mayores de 28 años: 15 %, equivalente a $174,000.
- Hombres mayores de 28 años: 10 %, equivalente a $116,000.
Se destaca que este incentivo se financiará con recursos del Presupuesto General de la Nación, y estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno Nacional en dicho presupuesto. Además, se podrá limitar el número de cotizantes a reconocer por cada empleador. Este incentivo también se aplicará a empleadores que contraten a personas en condición de discapacidad, según explicó la Ministra del Trabajo.
Los documentos requeridos para acceder a este beneficio incluyen un formulario de solicitud de la entidad financiera firmado por el empleador o su representante legal, una certificación que indique estar al día en salarios y pagos de seguridad social de los trabajadores, el Registro Único Tributario (RUT), y un contrato laboral con una duración mínima de 6 meses.
Fuente: mintrabajo.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Consecuencias sobre la inflación del impuesto a alimentos ultraprocesados
Oct 26, 2023 | Actualidad Prime
El impuesto a alimentos ultraprocesados adoptado mediante la Ley 2277 de 2022, por medio de la cual se adopta la Reforma Tributaria, entrará en vigencia a partir del próximo 1 de noviembre de 2023.
Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el impuesto a los alimentos altamente procesados tendrá un impacto en la inflación total de 0.21 puntos porcentuales en 2023, 0.11 puntos porcentuales en 2024 y 0.12 puntos porcentuales en 2025.
Estos efectos inflacionarios consideran tanto el impacto directo, relacionado con el aumento en el precio de los productos que forman parte de la canasta de consumo del Índice de Precios del Consumidor (IPC), como el impacto indirecto, derivado del encarecimiento de los insumos que podría resultar en un incremento en el precio final de los productos.
Es importante señalar que esta nueva medida solo afectará a 21 de los 443 artículos que componen la canasta básica del IPC, que es utilizada por el Dane para medir la inflación.
Este efecto es temporal y se manifestará cuando el impuesto entre en vigencia, y es coherente con las proyecciones macroeconómicas presentadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023.
Los productos gravados serán aquellos alimentos altamente procesados que contengan niveles de azúcares, sal/sodio o grasas que requieran llevar el sello de advertencia establecido por el Ministerio de Salud.
Además, esta imposición solo se aplicará a productos que, además de llevar estos sellos de advertencia, se encuentren dentro de las partidas y subpartidas arancelarias definidas por la Ley, como es el caso de las golosinas, los embutidos y los productos fritos envasados.
Fuente: minhacienda.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Prohibición de huelga en servicios generales es inadmisible: Corte Suprema de Justicia exhorta al Congreso
Oct 25, 2023 | Actualidad Prime
Tras analizar la legalidad de un cese de actividades promovido por la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines (Asonal Judicial), la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia destaca que no es viable establecer una restricción total en la realización de huelgas en sectores considerados esenciales, y hace un llamado al Congreso al respecto.
A pesar de que las leyes nacionales prohíben la realización de huelgas en servicios públicos esenciales, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia SL2256-2023 ha señalado que estas regulaciones deben estar en concordancia con los estándares internacionales de protección del trabajo. Según estos estándares, una restricción general a las huelgas en estos sectores no es aceptable, siempre y cuando se puedan establecer ciertos servicios mínimos que garanticen las necesidades básicas de los usuarios.
La Corte sugiere que, de acuerdo con las directrices internacionales, se debe considerar la posibilidad de que las huelgas en servicios esenciales se limiten a actividades que no sean estrictamente esenciales en el sentido de que su interrupción no ponga en peligro la salud, la vida o la seguridad de la población. Esto se destacó en una sentencia relacionada con la ilegalidad de una huelga de trabajadores de la Fiscalía en Cali.
La Corte también enfatizó que los jueces laborales encargados de evaluar la legalidad de una huelga en servicios esenciales deben examinar cuáles fueron los sectores específicamente afectados. Si las actividades estrictamente esenciales no se vieron perjudicadas y se aseguraron servicios mínimos para satisfacer las necesidades básicas de la población, entonces la huelga podría considerarse legal. Sin embargo, este análisis de servicios mínimos debe realizarse de manera imparcial y neutral, con suficientes garantías de inspección y verificación.
La Corte subraya que esta interpretación es necesaria hasta que el Congreso, que tiene la autoridad para legislar sobre estos asuntos, establezca una regulación completa de servicios mínimos que considere todas las condiciones necesarias. También hace un llamado al Congreso para que actualice la normativa relacionada con la huelga en servicios públicos esenciales, teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales.
Antecedentes y consideraciones
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia emitió estas precisiones en relación con la huelga y los servicios esenciales al confirmar una decisión del Tribunal Superior de Cali que declaró ilegal una huelga promovida por la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines (Asonal Judicial). La Corte concluyó que esta huelga fue ilegal debido a su impacto generalizado en las actividades de la Fiscalía, su duración y extensión territorial, y la falta de servicios mínimos que garantizaran la continuidad de las actividades esenciales y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Fuente: cortesuprema.gov.co
Otras noticias de actualidad: Absolución en proceso por contrato sin requisitos legales. Corte Suprema de Justicia
Oct 24, 2023 | Actualidad Prime
Mediante la sentencia SEP127 de 2023, el exgobernador encargado del departamento de Arauca ha sido absuelto por la Corte Suprema de Justicia en una investigación relacionada con un contrato que carecía de los requisitos legales necesarios.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha absuelto a José Rafael Zúñiga Castañeda, quien anteriormente se desempeñó como gobernador encargado del departamento de Arauca, de las acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación. Lo acusaban de ser el autor de contratos sin cumplir con los requisitos legales, en un caso de concurso homogéneo.
Las acusaciones se relacionaban con contratos de interventoría y consultoría suscritos a través de órdenes de prestación de servicios durante el año 2006. Estos contratos se llevaron a cabo durante su mandato como gobernador encargado y se realizaron sin los estudios previos requeridos, lo que resultó en la omisión de requisitos legales y la falta de consideración de principios fundamentales como la economía y la planificación.
A pesar de que se comprobó que se habían infringido los elementos objetivos del delito, la Corte determinó que Zúñiga Castañeda no podía ser considerado penalmente responsable de estos actos y lo absolvió. Esta decisión se basó en la creencia errónea de Zúñiga Castañeda de que sus acciones no estaban prohibidas.
En esta oportunidad, la Corte consideró que en el momento de celebrar estos contratos, él estaba convencido de que los estudios previos realizados para los contratos de obra, que se llevaron a cabo con fondos de regalías, eran aplicables también a los contratos de interventoría derivados de esas obras. Así pues, advirtió que este error era insuperable, dada la falta de experiencia de Zúñiga Castañeda en cuestiones contractuales, así como el breve período en el que se desempeñó como gobernador encargado. Además, se mencionó que había recibido asesoramiento de las áreas responsables de los procedimientos contractuales y del departamento, quienes afirmaban que su actuación era adecuada.
Fuente: cortesuprema.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Derecho fundamental de petición sobre cuestionamientos ambientales. Corte Constitucional
Oct 23, 2023 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, por medio de la sentencia T-272 de 2023, otorga protección al derecho fundamental de petición de un líder indígena que elevó al Ministerio de Ambiente inquietudes sobre cuestiones ambientales en su territorio.
Mauricio Rojas, el gobernador del Resguardo Caño Ovejas de la comunidad indígena Sikuani de Mapiripán en el departamento de Meta, ha presentado una acción de tutela a través de un representante legal. Esta acción tenía como objetivo proteger su derecho de petición, ya que los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como el Ministerio del Interior, no respondieron a dos solicitudes que hizo en relación con asuntos medioambientales y territoriales que afectan a su comunidad.
En estas solicitudes, Mauricio Rojas buscaba obtener información sobre varios temas, como el estado de las investigaciones sobre supuestas afectaciones ambientales causadas por la empresa Poligrow, las acciones realizadas en el marco de las funciones de inspección y vigilancia a cargo de Cormacarena, y los conceptos emitidos en relación con los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos agroindustriales de palma de aceite en el municipio de Mapiripán. También solicitaba la coordinación de una mesa de trabajo con autoridades a nivel nacional, departamental y municipal para abordar estos problemas y verificar las condiciones de la comunidad Sikuani.
La Sala Segunda de Revisión, bajo la dirección del magistrado Juan Carlos Cortés González, revisó el caso y determinó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no había respondido adecuadamente a dos aspectos de las peticiones del accionante. Por otro lado, concluyó que el Ministerio del Interior, a través de sus departamentos, había dado respuestas completas y coherentes a las solicitudes dentro de su competencia.
En consecuencia, la Sala decidió amparar el derecho de petición del líder indígena y ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que proporcionara respuesta de fondo, clara y precisa a los puntos pendientes en las peticiones.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Lineamientos mínimos para espacios temporales de reclusión: Ministerio de justicia
Oct 20, 2023 | Actualidad Prime
El Ministerio de Justicia desarrolló los Lineamientos Mínimos para Espacios Temporales de Reclusión, en atención a los reiterados requerimientos de la Corte Constitucional sobre la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario, extendido a los denominados “Centros de Detención Transitoria” (URIs y Estaciones de Policía) por la privación de la libertad durante periodos extensos, con afectaciones en materia de garantía de derechos y seguridad ciudadana.
El Ministerio de Justicia y del Derecho, en colaboración con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la Federación Nacional de Personerías (Fenalper), presentó los Lineamientos Mínimos para Espacios Temporales de Reclusión. El propósito de este informe es orientar a las autoridades locales y regionales en la creación y administración de instalaciones temporales de reclusión, centrándose en el respeto de los derechos humanos.
Este documento tiene como meta compilar la jurisprudencia y las regulaciones relevantes relacionadas con los bienes y servicios que deben ofrecerse a las personas privadas de su libertad en instalaciones temporales, conforme a las directrices de la Corte Constitucional en el contexto de la crisis del sistema penitenciario en el país.
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, expresó el compromiso de transformar la noción de «Crisis del Sistema Penitenciario» en Colombia, que ha perdurado en el tiempo. Su objetivo es establecer un sistema de privación de la libertad que sea humano, digno y coherente con un Estado Social de Derecho. Agregó que el deber del Estado es encontrar una solución a este problema que no se limita al hacinamiento, sino que también aborda aspectos de salud, visitas y la dignidad mínima necesaria para la resocialización de quienes han sido acusados de cometer delitos.
Antecedentes
Dado que cerca de 100,000 personas se encuentran en detención intramural en Colombia, con más de 20,000 en centros de detención transitoria, Umaña Hernández destacó los diálogos e intercambios con entidades como Asocapitales y Fenalper, describiéndolos como positivos y beneficiosos para el país. El documento presenta pautas claras y directrices para que las entidades locales cumplan con sus responsabilidades hacia las personas bajo detención provisional. Además, se está proponiendo un proyecto de ley al Congreso para que la Uspec pueda financiar la alimentación de 17,000 personas privadas de la libertad.
El Viceministro también señaló que el Ministerio de Justicia ha implementado varios proyectos destinados a humanizar el sistema penitenciario. Por ejemplo, a través de la Ley de Utilidad Pública, se está permitiendo que las mujeres que han cometido delitos menores cumplan condena realizando servicios comunitarios, lo que se considera un beneficio mutuo para la sociedad.
Finalmente, el Viceministro enfatizó que las directrices presentadas en este informe permiten que las entidades territoriales desarrollen instalaciones de detención provisional de manera sensata, sin necesidad de inversiones masivas y utilizando recursos nacionales para contar con una infraestructura básica que cumpla con los estándares mínimos para las personas bajo detención. El objetivo es abordar de manera más razonable un sistema de privación de la libertad que se ha caracterizado por ser inhumano y contravenir la Constitución.
Fuente: minjusticia.gov.co
Otras noticias de actualidad: Ley de pensión temprana continúa su trámite en el Senado
