Corte Suprema absuelve a médico pediatra en caso de muerte de una menor por error en administración de medicamento
La Corte Suprema de Justicia absolvió a un médico pediatra hemato-oncólogo procesado por homicidio culposo tras la muerte de una menor durante su tratamiento contra la leucemia, y aprovechó la decisión para unificar los criterios sobre responsabilidad penal médica, precisando el alcance del deber objetivo de cuidado, el principio de confianza y la correcta valoración probatoria en casos clínicos con intervención de múltiples profesionales.
Proyecto de ley busca incorporar educación financiera en colegios de básica y media
El Senado evalúa un proyecto de ley que busca integrar formalmente la educación financiera y las finanzas personales en los niveles de básica y media, mediante seminarios anuales orientados a fortalecer las capacidades económicas de los estudiantes. La iniciativa plantea que el Ministerio de Educación defina los contenidos y su incorporación al currículo en un plazo de doce meses, y autoriza al Gobierno, a las instituciones educativas y a los entes territoriales a establecer convenios con entidades públicas o privadas para garantizar su implementación.
Cámara avanza en proyecto que convertiría en política pública las prácticas remuneradas para jóvenes en el sector estatal
La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes avanzó en la discusión de un proyecto que busca convertir el programa Colombia Estado Joven en una política pública permanente, con el fin de asegurar que todos los practicantes del sector público reciban un auxilio económico equivalente al menos a un salario mínimo, junto con afiliación a seguridad social y garantías de participación en convocatorias transparentes.
Corte Constitucional reafirma obligatoriedad de los acuerdos comunitarios en contratos de obra pública
La Corte Constitucional protegió los derechos al agua potable y a la educación de comunidades afrodescendientes de Pueblo Rico (Risaralda) y reiteró que los acuerdos suscritos con las comunidades dentro de contratos de obra pública son obligatorios para entidades y contratistas. La decisión ordena rehabilitar el acueducto de la vereda Gitó, intervenir varias escuelas y garantizar suministro continuo de agua mientras se ejecutan las obras, destacando que el incumplimiento de estos compromisos afecta la participación democrática y la confianza legítima en el Estado
Consejo de Estado ordena a la Agencia Nacional de Tierras proteger territorios del Pueblo Zenú y garantizar el debido proceso
El Consejo de Estado ordenó a la Agencia Nacional de Tierras proteger los predios La Victoria y Costa Rica y garantizar el debido proceso de la comunidad indígena Aywjawashi del Pueblo Zenú, al revocar la improcedencia de una tutela y exigir acciones inmediatas e información clara sobre la adjudicación de los territorios.
Corte Constitucional ordena priorizar enfoque de derechos humanos en la planeación del transporte escolar rural
La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación y a la Gobernación de Arauca incorporar un enfoque de derechos humanos en la planeación y viabilidad del transporte escolar rural, tras amparar los derechos de 37 estudiantes que deben caminar largos trayectos en una zona afectada por riesgos como el reclutamiento forzado. La decisión destaca la obligación de las entidades públicas de garantizar un acceso seguro y efectivo a la educación mediante contratos y proyectos que consideren las condiciones geográficas, sociales y de seguridad de las comunidades rurales.
Cámara aprueba la “Ley Empatía” y refuerza la educación ambiental y el bienestar animal en Colombia
La Cámara de Representantes dio luz verde a la denominada “Ley Empatía”, una iniciativa que introduce de manera obligatoria la enseñanza del respeto, la protección y el bienestar animal en los programas educativos de colegios públicos y privados del país. La propuesta también incorpora contenidos sobre protección animal y conservación de la biodiversidad dentro de la Política Nacional de Educación Ambiental, con el fin de fortalecer la conciencia ecológica y promover una cultura de respeto hacia todas las formas de vida desde la infancia.
Senado aprueba reglamentación que fortalece la justicia indígena y el pluralismo jurídico en Colombia
El Senado de la República aprobó la reglamentación del artículo 246 de la Constitución Política, que define los mecanismos de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional. La iniciativa, de carácter estatutario y respaldada por amplio consenso político, busca garantizar la autonomía de los pueblos indígenas y fortalecer el pluralismo jurídico en Colombia. Con esta aprobación, que ahora pasa a la Cámara de Representantes, el Congreso avanza en el reconocimiento pleno de la justicia propia de las comunidades originarias y en la consolidación de un Estado intercultural basado en el respeto y la armonización de los distintos sistemas jurídicos del país.
Consejo de Estado declara responsable a la Nación por la muerte del magistrado auxiliar durante el holocausto del Palacio de Justicia
El Consejo de Estado declaró responsable a la Nación por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa durante el holocausto del Palacio de Justicia de 1985, al considerar que la tragedia fue consecuencia conjunta de la acción del M-19 y de fallas del Estado en su deber de protección y uso proporcional de la fuerza.
Corte Suprema reitera que los jueces deben valorar con rigor las pruebas médicas en casos de pensión por invalidez
La Corte Suprema de Justicia reiteró que los jueces laborales deben analizar con especial rigor las pruebas médicas en los procesos de pensión de invalidez derivados de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, privilegiando la realidad y las condiciones de salud del afiliado sobre criterios estrictamente formales. El alto tribunal enfatizó que los jueces cuentan con amplias facultades para valorar integralmente los dictámenes médicos, apartarse de ellos cuando sea necesario y garantizar decisiones justas que reconozcan la verdadera afectación funcional del trabajador, recordando que son los jueces —y no las juntas de calificación— quienes determinan en última instancia el grado de invalidez.
