Nov 5, 2024 | Actualidad Prime
Mediante decisión en segunda instancia, el Consejo de Estado emitió una sentencia que establece medidas estrictas para la protección del humedal La Conejera, localizado en la localidad de Suba, Bogotá. La decisión responde a un recurso de apelación interpuesto por el Distrito Capital y otros actores institucionales, así como por una constructora y un curador urbano, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2019.
La sentencia del Consejo de Estado obliga a la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Alcaldía Local de Suba a realizar la delimitación clara de las zonas de protección del humedal, con el fin de evitar la expedición de licencias de construcción que se superpongan con áreas ecológicamente protegidas. Además, las autoridades deberán implementar programas de educación y vigilancia que promuevan el compromiso de la comunidad y de otras entidades en la preservación de este importante ecosistema urbano.
El caso se originó tras la emisión de una licencia de construcción que afectaba un área protegida del humedal, violando el derecho colectivo a un ambiente sano y al uso adecuado del espacio público. El Tribunal de Cundinamarca, en su fallo de primera instancia, había declarado la protección de estos derechos, y ahora el Consejo de Estado ratifica dicha decisión, con algunas modificaciones.
La alta Corte reconoció que la administración distrital ya había implementado ciertas medidas de protección, como el Plan de Manejo Ambiental del humedal La Conejera y una regulación específica para el uso del suelo en las zonas aledañas al canal Afidro, integradas en el sistema hídrico de la ciudad. Sin embargo, el Consejo de Estado también encontró pruebas suficientes de acciones y omisiones por parte de las autoridades, las cuales propiciaron daños ambientales en el humedal debido a la contaminación sonora y a la afectación del hábitat de especies de aves y otras especies dependientes del ecosistema.
La sentencia subraya que el humedal está catalogado como parque ecológico distrital de humedales dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, por lo que cualquier actividad en esa área debe cumplir con estrictas normativas de conservación. La Sala también reiteró la responsabilidad de la Secretaría de Planeación en velar por que las licencias de construcción se ajusten a las disposiciones de protección ambiental.
Finalmente, el Consejo de Estado destacó que la protección del humedal La Conejera responde a normativas internacionales, nacionales y distritales, enfatizando su importancia como fuente de equilibrio ecológico, hábitat de especies biológicas diversas, y vital componente del sistema de drenaje pluvial de la ciudad.
Fuente: consejodeestado.gov.co
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Jul 18, 2024 | Actualidad Prime
En el departamento de Arauca, específicamente en el tramo conocido como la “trocha de la Soberanía”, el deterioro de las vías terciarias ha generado múltiples afectaciones a la población local. La representante Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, denunció la crítica situación y subrayó la urgencia de atender esta problemática que afecta a la región desde hace décadas.
La congresista expresó su preocupación por las condiciones de las vías, resaltando que, a pesar de los 40 años de explotación petrolera y extracción de minerales en el subsuelo araucano, las carreteras continúan deterioradas y marcadas por numerosos cráteres y huecos. En este contexto, celebró la admisión de una Acción Popular en el Tribunal Administrativo de Arauca, la cual busca el mejoramiento urgente de las principales vías del departamento. La medida pretende garantizar la utilización y defensa de los bienes de uso público, la seguridad, la prevención de desastres y los derechos de los usuarios.
Garrido instó a un esfuerzo conjunto entre entidades nacionales, territoriales y locales para mejorar y pavimentar urgentemente las vías. Destacó que esta medida es crucial para salvar vidas y fomentar el desarrollo regional. La representante subrayó la necesidad de que la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y el Departamento de Arauca se involucren y solucionen este tema de preocupación general.
La representante también resaltó su compromiso con el seguimiento de esta situación en su rol como congresista. Garrido enfatizó que trabajará para que ninguna entidad se oponga a las medidas cautelares, ya que la prioridad es salvar vidas mientras se tramita el proceso. Concluyó afirmando que esta es una oportunidad de acuerdo y desarrollo que debe ser una meta común para todos los araucanos, independientemente de quién gobierne o su postura política.
Esta situación ha generado un llamado de atención urgente a las autoridades para que actúen y mejoren las condiciones de las vías, las cuales son vitales para el bienestar y desarrollo de la región.
Fuente: camara.gov.co
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Abr 10, 2024 | Actualidad Prime
El Consejo de Estado ha emitido un pronunciamiento relevante en cuanto a la apelación de autos proferidos en acciones populares, confirmando que, por regla general, estos no son apelables, a menos que se trate de una medida cautelar. Esta determinación surge a raíz de un caso específico relacionado con presuntas violaciones a derechos colectivos en un contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la UT Centros Poblados de Colombia 2020.
En este contexto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había denegado el recurso de apelación contra una decisión judicial que dio por terminado el proceso en esta acción popular. Tras un recurso de queja presentado por la Procuraduría, el Consejo de Estado respaldó la decisión del Tribunal, argumentando que se ajusta a las normas procesales vigentes.
El Consejo de Estado fundamentó su decisión en disposiciones específicas de la Ley 472 de 1998 y el Código General del Proceso, señalando que, salvo excepciones, los autos proferidos en acciones populares están sujetos a reposición y no a apelación.
Esta resolución del Consejo de Estado establece un precedente significativo en materia procesal y destaca la importancia de la correcta interpretación y aplicación de las normativas legales en la protección de derechos colectivos. Las consideraciones del Consejo de Estado pueden consultarse por medio del siguiente enlace.
Fuente: consejodeestado.gov.co
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