Cámara aprueba la “Ley Empatía” y refuerza la educación ambiental y el bienestar animal en Colombia

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto conocido como “Ley Empatía”, una iniciativa que marca un cambio significativo en la forma en que el sistema educativo aborda el respeto por los animales y la relación con los ecosistemas. La propuesta incorpora, de manera obligatoria, contenidos sobre protección y bienestar animal en los programas académicos de instituciones públicas y privadas, integrando además estos temas en la Política Nacional de Educación Ambiental.

El objetivo central es fortalecer la conciencia ambiental desde edades tempranas, promoviendo valores como la empatía, la ética y el respeto por todas las formas de vida. Con ello, las aulas colombianas deberán abrir espacio a nuevas prácticas pedagógicas que fomenten la comprensión de los ecosistemas, la responsabilidad frente a los seres sintientes y la participación activa en la conservación de la biodiversidad.

La iniciativa establece que el Ministerio de Educación Nacional tendrá un plazo de hasta seis meses después de la sanción presidencial para diseñar y adoptar los lineamientos curriculares que permitirán la aplicación de este enfoque en todos los grados escolares. Estos lineamientos deberán orientar a docentes y directivos en la incorporación de temáticas sobre bienestar animal, sostenibilidad y manejo responsable de los recursos naturales.

Además, la ley introduce dos innovaciones importantes. En primer lugar, los estudiantes de educación media podrán realizar su servicio social en entidades públicas o privadas dedicadas al bienestar y la protección animal, lo que abre un espacio para experiencias formativas directas y contribuye a fortalecer el compromiso juvenil con el cuidado de los seres sintientes. En segundo lugar, se creará una Red Nacional de Docentes para la Protección y el Bienestar Animal, destinada a facilitar el intercambio de buenas prácticas, la elaboración de materiales pedagógicos y el fortalecimiento de la formación docente en esta área especializada.

Fuente: camara.gov.co

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Cámara aprueba reforma constitucional para ampliar la educación obligatoria de los 3 a los 18 años

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un acto legislativo que busca modificar el artículo 67 de la Constitución Política, con el fin de ampliar el rango de edad de la educación obligatoria en Colombia. La reforma propone que la permanencia en el sistema educativo sea desde los 3 hasta los 18 años, en lugar de los actuales 5 a 15 años. La medida tiene como propósito disminuir la deserción escolar, fortalecer la cobertura educativa y garantizar que los niños, niñas y jóvenes culminen sus estudios básicos y medios.

El proyecto establece la obligatoriedad de tres años de preescolar, nueve de educación básica y dos de educación media, con lo que se pretende mejorar la continuidad académica y los resultados en pruebas nacionales como las Saber 11, cuyos puntajes promedio se mantienen por debajo de los estándares esperados. La iniciativa surge en respuesta a los altos niveles de abandono escolar, especialmente en grados 10° y 11°, asociados a factores económicos, sociales y de maternidad temprana.

Las regiones más afectadas por la deserción, como Caquetá, Putumayo, Quindío, Vaupés y Amazonas, muestran además marcadas brechas en comprensión lectora y calidad educativa. Con la aprobación de esta propuesta, se espera avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo y equitativo, respaldado por futuras normas que consoliden el derecho a una educación continua y de calidad en todo el país.

Fuente: camara.gov.co

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Congreso impulsa ley para proteger a desplazados por factores ambientales en Colombia

El Congreso de la República avanza en la discusión del Proyecto de Ley No. 048 de 2025, una iniciativa que busca crear un marco de protección integral para las personas desplazadas por factores ambientales en Colombia. La propuesta surge como respuesta a la sentencia T-123 de 2024 de la Corte Constitucional, que reconoció la existencia del desplazamiento interno forzado por causas ambientales y advirtió vacíos normativos en la atención de esta población.

El proyecto, impulsado por los representantes Cristian Avendaño y Andrés Cancimance, propone reconocer a las víctimas del desplazamiento ambiental como sujetos de especial protección constitucional, equiparando su atención a la que reciben actualmente las víctimas del conflicto armado.

La iniciativa incluye medidas para garantizar derechos fundamentales como el acceso a vivienda digna, servicios básicos, salud y empleo. También contempla acciones preventivas, entre ellas, la implementación de sistemas de alerta temprana, programas de adaptación al cambio climático y estrategias de reubicación segura.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la creación de un registro nacional que permita identificar y caracterizar a las personas desplazadas por factores ambientales. Además, se evaluará la posibilidad de canalizar los recursos a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de atender a las más de 22 mil personas afectadas por desastres naturales en el país.

Con esta iniciativa, el Congreso busca responder a una problemática creciente que, según cifras internacionales, afecta a millones de personas en la región y representa un nuevo desafío humanitario y ambiental para Colombia.

Fuente: camara.gov.co

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Cámara de Representantes aprueba en primer debate proyecto que restablece la mesada 14 para los docentes oficiales

En sesión plenaria, la Cámara de Representantes dio su aval inicial al proyecto que busca revivir el pago de la mesada 14 para los maestros del país, beneficio eliminado hace más de veinte años en el marco de las reformas fiscales orientadas a contener el gasto público.

La iniciativa, que pretende reconocer este derecho exclusivamente a los docentes oficiales, se fundamenta en la existencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), entidad con un funcionamiento financiero independiente, similar al de los fondos de retiro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

De acuerdo con la exposición de motivos, la medida cobijaría a cerca de 164.117 docentes jubilados, sin extenderse al resto de pensionados del país, debido a las implicaciones fiscales que supondría una aplicación generalizada.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá surtir ocho debates en total. Tras la aprobación en la Cámara, continuará su trámite en la Comisión y la Plenaria del Senado, para luego repetir el mismo proceso en ambas corporaciones. Todo el procedimiento deberá completarse antes de finalizar la presente legislatura para que, en caso de aprobación definitiva, el texto pueda ser sancionado por el presidente de la República.

Fuente: camara.gov.co

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Radican proyecto de ley para reformar la estructura regulatoria del sector energético en Colombia

El Ministerio de Minas y Energía, bajo la dirección de Edwin Palma Egea, radicó en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, con el que se busca introducir una transformación normativa en materia de subsidios, facturación y estructura regulatoria del servicio de energía eléctrica en el país.

La propuesta legislativa está organizada en 13 categorías temáticas que se articulan en torno a cuatro ejes centrales: redefinir los criterios para la entrega de subsidios, redistribuir las deudas tarifarias, actualizar los mecanismos de facturación y ampliar los espacios de participación ciudadana en la formulación de políticas energéticas.

El proyecto también plantea la creación de nueva legislación y la modificación de normas vigentes, entre ellas las leyes 142 y 143 de 1994, que han regido la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la organización del sector eléctrico.

Entre las principales medidas se destacan la prohibición de tasas e impuestos no relacionados directamente con el servicio de energía, la fijación de plazos para la vigencia de las metodologías tarifarias, la reforma en la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la creación de un Comité Consultivo Ciudadano que recoja las recomendaciones de organizaciones sociales y comunitarias.

De acuerdo con el texto del proyecto, la iniciativa pretende fortalecer la equidad en el acceso a la energía, mejorar la confianza en el sistema y dar respuesta a las crecientes dificultades que enfrentan los usuarios, especialmente en regiones donde se han agudizado los problemas de cobertura y tarifas.

Fuente: camara.gov.co

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