May 6, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, a través de la sentencia T-076 de 2024, ha reforzado el derecho a la estabilidad laboral reforzada de un ciudadano que se encontraba bajo tratamiento médico y en proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral.
El caso giró en torno a un trabajador que había sufrido un accidente laboral calificado como lumbago no especificado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Este individuo recibió incapacidades, tratamiento médico y terapias psicológicas y psiquiátricas como consecuencia de las afectaciones físicas y mentales derivadas del accidente.
Sin embargo, durante el proceso de tratamiento, el empleador notificó al trabajador su despido, alegando que no estaba incapacitado ni bajo tratamiento médico en el momento del despido. A pesar de las instancias judiciales previas que declararon improcedente el amparo solicitado, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional revocó esas decisiones.
La Corte determinó que el empleador vulneró el derecho a la estabilidad laboral reforzada del trabajador, ya que sus diagnósticos de salud, aunque no lo incapacitaban al 100%, sugerían dificultades para el desarrollo de sus funciones laborales. Además, la Corte destacó la importancia de considerar las enfermedades mentales como incapacitantes, aunque no presenten síntomas visibles.
En consecuencia, se ordenó a la empresa accionada el reintegro del trabajador, el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de su despido, así como una indemnización correspondiente a 180 días de salario, de acuerdo con lo establecido en la Ley 361 de 1997.
Esta sentencia refuerza la protección de los trabajadores en situaciones similares, estableciendo que los diagnósticos de salud y las dificultades laborales derivadas de ellos deben ser tenidos en cuenta por los empleadores al momento de tomar decisiones sobre la continuidad laboral de sus empleados.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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Abr 30, 2024 | Actualidad Prime
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-100 de 2024, identificó una falta de regulación adecuada para las mujeres que prestan servicio militar voluntario y quedan embarazadas, en la medida en que la normativa actual no contempla de manera suficiente las circunstancias de las mujeres que quedan en estado de gestación mientras prestan servicio militar voluntario, lo que puede resultar en una vulneración de sus derechos fundamentales.
El caso que dio origen a esta sentencia involucra a Carolina, una joven de 23 años que quedó embarazada durante su servicio militar voluntario en la Policía Nacional. Tras quedar en estado de gestación, la Policía Metropolitana de Bogotá ordenó su desacuartelamiento, privándola de su bonificación por servicio y generando una situación de desprotección económica tanto para ella como para su hijo.
La Corte Constitucional, al revisar el caso, determinó que la actuación de la Policía Nacional fue arbitraria y carente de un enfoque de género, desconociendo la situación particular de Carolina como mujer cabeza de hogar y su condición económica. En consecuencia, se confirmó la decisión de segunda instancia que ordenaba el reintegro de Carolina a la institución, el pago de la licencia de maternidad y otras compensaciones.
Además de resolver el caso específico de Carolina, la Corte exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a presentar un proyecto de ley que aborde la falta de regulación actual y garantice la protección de los derechos de las mujeres que prestan servicio militar voluntario y quedan embarazadas. Esta medida busca evitar la discriminación y asegurar que las mujeres en esta situación reciban la atención y el apoyo necesarios.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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Abr 24, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, con ocasión de la sentencia T-112 de 2024, en la cual ordena a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca garantizar el derecho al descanso y la desconexión de los empleados judiciales del régimen individual durante sus periodos de vacaciones.
Esta determinación surge tras una tutela presentada por cuatro funcionarias de la entidad, quienes argumentaron que se vulneraron sus derechos a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas, al descanso y a la salud. La negativa de la dirección de proveer reemplazos durante sus vacaciones resultó en una carga laboral adicional para las demás empleadas, afectando su bienestar y calidad de vida laboral.
La Corte resaltó la importancia del derecho al descanso y su relación directa con el disfrute de las vacaciones, subrayando que la falta de reemplazos implica una sobrecarga laboral que compromete la salud y el bienestar de los trabajadores.
Además, se señaló una deficiencia estructural en el proceso administrativo para la concesión de vacaciones en la Rama Judicial, lo que afecta tanto a los empleados como al adecuado funcionamiento de la administración de justicia.
Esta sentencia marca un precedente importante en la protección de los derechos laborales de los empleados judiciales en Colombia y refuerza la importancia de garantizar un adecuado equilibrio entre el trabajo y el descanso en el sistema judicial del país.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional reconoce el desplazamiento forzado interno por factores ambientales y exige acción urgente del Estado
Abr 23, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional emitió la sentencia T-123 de 2024, marcando un importante precedente al reconocer la existencia del desplazamiento forzado interno causado por factores ambientales, incluyendo eventos asociados al cambio climático. La decisión se derivó del estudio de una acción de tutela interpuesta por una pareja de campesinos desplazados de su predio debido a las recurrentes inundaciones del Río Bojabá.
Los demandantes, ambos de avanzada edad, argumentaron que las medidas de prevención y atención proporcionadas por las autoridades fueron mínimas e insuficientes. Solicitaron ser reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado interno y recibir los mismos beneficios otorgados a otros desplazados según la Ley de Víctimas. Sin embargo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) rechazó su solicitud, alegando que no cumplían con los requisitos establecidos para ser considerados víctimas del conflicto armado.
La Corte, tras examinar el concepto de desplazamiento forzado por factores ambientales, destacó que este fenómeno puede ser provocado tanto por desastres repentinos como por procesos graduales de deterioro ambiental, como el cambio climático. Subrayó que este tipo de desplazamiento afecta principalmente a personas vulnerables, quienes tienen menor capacidad de adaptación a los efectos de los cambios ambientales.
La sentencia resalta la obligación del Estado de brindar protección y atención integral a las víctimas de desplazamiento forzado por factores ambientales. Se insta a establecer un sistema de registro administrativo para reconocer su situación y organizar la respuesta institucional. Además, se enfatiza la importancia de implementar medidas de prevención y atención, así como proporcionar ayuda de emergencia y medios para superar la vulnerabilidad.
La Corte concluyó que las víctimas de desplazamiento forzado por factores ambientales enfrentan un déficit de protección constitucional y requieren una atención prioritaria. Por ello, se exhorta al Congreso a desarrollar un marco normativo comprensivo para abordar este fenómeno. La decisión también implica responsabilidad para las autoridades locales y nacionales en la protección y asistencia a estas poblaciones vulnerables.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional insta a verificar condiciones laborales en actividades mineras
Abr 22, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-046 de 2024, ha emitido importantes directrices para garantizar la seguridad y los derechos laborales de los trabajadores en el sector minero del país. En respuesta a un caso específico de un trabajador de una mina de mármol, la Sala Segunda de Revisión amparó el derecho a la seguridad social de un individuo que sufrió lesiones en un accidente laboral, revelando preocupantes niveles de informalidad y desprotección en la industria minera colombiana.
La sentencia destacó que aproximadamente el 70% de la actividad minera en Colombia se realiza de manera informal, lo que expone a los trabajadores a mayores riesgos para su salud y dificultades para acceder a la seguridad social y a pensiones. En el caso analizado, la Corte identificó una omisión de responsabilidades por parte de la empresa titular de la concesión minera respecto a las condiciones laborales de los subcontratistas, evidenciando la necesidad de una mayor supervisión y control en este ámbito.
En respuesta a esta situación, la Corte ordenó a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) calificar la pérdida de capacidad laboral del trabajador afectado y asumir el pago del subsidio de incapacidad. Además, se estableció la posibilidad de reconocer una pensión por invalidez de manera temporal, en caso de que el individuo cumpla con los requisitos para esta prestación. Asimismo, se determinó que la AFP podría reclamar el reembolso de los recursos pagados al trabajador a su empleador o contratante, en caso de que así lo dictaminara la jurisdicción competente.
La Corte también ordenó al Ministerio del Trabajo ejercer labores de inspección, vigilancia y control sobre la situación laboral del trabajador afectado, así como sobre las condiciones laborales en la mina específica donde ocurrió el accidente. Además, instó tanto al Ministerio del Trabajo como al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería a verificar las condiciones en las que se están llevando a cabo las actividades mineras en el país, asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Política de Seguridad Minera.
Esta decisión judicial resalta la importancia de proteger los derechos laborales y la seguridad de los trabajadores en un sector tan crucial como el minero, instando a las autoridades pertinentes a tomar medidas efectivas para garantizar condiciones laborales adecuadas y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad laboral.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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