Senado da luz verde al trámite de la reforma laboral y niega consulta popular propuesta por el Gobierno

En una jornada decisiva para el futuro de la reforma laboral en Colombia, la Plenaria del Senado resolvió este miércoles que el proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional continúe su trámite legislativo, a pesar de haber sido archivado previamente por la Comisión Séptima. Asimismo, el Senado negó el concepto favorable necesario para la realización de una consulta popular sobre algunos puntos clave de la reforma.

Durante una extensa sesión, las mayorías del Senado respaldaron con 68 votos a favor y 3 en contra el informe presentado por los senadores Ariel Ávila (Alianza Verde) y Pedro Flórez (Pacto Histórico), que apelaba la decisión de archivo adoptada por la Comisión Séptima el pasado 18 de marzo. Esta apelación había sido impulsada inicialmente por el senador Fabián Díaz (Alianza Verde), quien solicitó que el proyecto continuara su discusión en una comisión distinta dentro del Senado.

Con la decisión adoptada por la Plenaria, la reforma laboral retomará su curso en otra comisión, cumpliendo con el procedimiento legislativo y con la obligación de ser debatida y votada antes del 20 de junio, fecha límite establecida por la ley.

Sin embargo, en una segunda votación realizada en la misma sesión, el Senado negó el concepto favorable para convocar una consulta popular sobre algunos puntos de la reforma, propuesta que había sido presentada por el Ejecutivo como alternativa ante el anterior archivo del proyecto. Con una votación cerrada —49 votos por el “no” frente a 47 por el “sí”— se desestimó este mecanismo de participación ciudadana. La consulta, según estimaciones de la Registraduría Nacional, habría representado un gasto cercano a los 700.000 millones de pesos.

Con estas decisiones, el camino para la reforma laboral se mantiene abierto en el Congreso, pero el Gobierno no podrá acudir a la consulta popular para respaldar su propuesta. Ahora, el proyecto deberá superar los dos debates restantes en el Senado antes de la finalización del periodo legislativo.

Fuente: camara.gov.co

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Nueva ley reconoce oficialmente a entrenadores deportivos en Colombia y crea mecanismos de profesionalización

Desde el 23 de mayo de 2022 entró en vigor la Ley 2210, una norma que marca un antes y un después en la regulación del ejercicio del entrenamiento deportivo en Colombia. Con esta legislación, se llena un vacío histórico en el marco jurídico del sector y se reconoce formalmente el papel de los entrenadores como agentes clave en el desarrollo atlético del país.

La ley establece la creación del Registro Único de Entrenadores Deportivos, administrado por el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo (COCED), en el cual podrán inscribirse quienes cuenten con formación profesional en deporte o áreas afines. A través de este registro, los profesionales podrán acceder a la Tarjeta Profesional de Entrenador Deportivo, instrumento que acredita su idoneidad y les brinda respaldo legal para ejercer su labor.

Asimismo, se implementa el Registro Provisional dirigido a personas sin estudios formales en el área, pero con experiencia comprobada mínima de un año en la preparación de deportistas. Este registro tiene una vigencia inicial de cinco años, renovable por un período igual, y busca facilitar la profesionalización progresiva de quienes han ejercido la actividad de manera empírica.

La iniciativa no solo busca ordenar y regular la actividad de los entrenadores, sino también brindarles un reconocimiento institucional que contribuya a su desarrollo profesional, mejore su acceso a recursos y fortalezca su protección laboral. Con este avance, el país da un paso hacia un sistema deportivo más justo, profesional y transparente, que impactará positivamente en la calidad del entrenamiento y en la formación de nuevos talentos.

Fuente: camara.gov.co

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Comisión Primera del Senado aprueba en primer debate proyecto que busca reducir salario de congresistas

La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate un proyecto de acto legislativo que plantea reducir la remuneración de los congresistas. La iniciativa propone modificar el artículo 187 de la Constitución Política, fijando como tope máximo de salario para los legisladores un monto equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Esta propuesta representa el intento número 25 de limitar el ingreso de los congresistas, luego de numerosos proyectos archivados en el pasado. Sus impulsores argumentan que la medida responde a la necesidad de enviar un mensaje de responsabilidad frente al difícil contexto económico del país y a la creciente demanda ciudadana de austeridad en las instituciones públicas.

Durante la discusión, los senadores a favor resaltaron la urgencia de avanzar sin más dilaciones y destacaron el carácter simbólico y práctico de la medida. Consideran que el nuevo límite salarial no solo busca justicia social, sino también recuperar la confianza ciudadana en las decisiones del Congreso.

Sin embargo, el debate también generó posturas críticas. Algunos legisladores manifestaron su preocupación por el enfoque exclusivo hacia los congresistas, argumentando que cualquier reducción de salarios en el Estado debería aplicarse de manera generalizada a todas las ramas del poder público para evitar sesgos políticos.

El proyecto fue aprobado con 16 votos a favor, lo que le permite avanzar a la plenaria del Senado, donde continuará su trámite legislativo. Su discusión promete seguir siendo un tema de amplia atención tanto dentro como fuera del Congreso.

Fuente: senado.gov.co

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Avanza en el Senado la ‘Ley Inírida’, que busca fortalecer el rol de las mujeres en la conservación ambiental

En un paso significativo hacia el reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en la gestión ambiental, la Comisión Quinta del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley conocido como «Ley Inírida». Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo central reducir las desigualdades de género en la conservación de la biodiversidad en Colombia y brindar mayor apoyo a las mujeres que ejercen labores de cuidado de los ecosistemas.

La propuesta destaca la necesidad de visibilizar y respaldar el trabajo de las mujeres en territorios rurales, donde enfrentan barreras estructurales en materia de participación política, acceso a recursos económicos y representación en los espacios de decisión ambiental. En estos contextos, la carga del trabajo no remunerado recae en gran medida sobre las mujeres, quienes además desempeñan un papel crucial en la recolección de agua potable para los hogares que no cuentan con acceso directo a este recurso.

Estadísticas recientes de entidades como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Instituto Humboldt y el Dane revelan que el 80% de las viviendas sin conexión directa al agua dependen del trabajo de las mujeres para obtenerla, y que el 76% del trabajo no remunerado en áreas rurales es realizado por ellas. Sin embargo, apenas un 10% tiene acceso a financiamiento formal para desarrollar iniciativas de conservación.

El proyecto, impulsado por legisladoras de la Alianza Verde y el Pacto Histórico, resalta la importancia de incluir a las mujeres en las políticas públicas ambientales, reconociendo su rol esencial en la sostenibilidad de los territorios. La «Ley Inírida» continuará ahora su trámite legislativo en la Plenaria del Senado, donde se espera que reciba el respaldo necesario para convertirse en ley.

Fuente: senado.gov.co

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Senado aprueba proyecto de ley para fortalecer derechos de los usuarios del transporte aéreo en Colombia

En una decisión ampliamente esperada por los viajeros del país, la plenaria del Senado de la República aprobó un proyecto de ley que establece nuevas normas para proteger a los usuarios del servicio de transporte aéreo en vuelos nacionales. La iniciativa, impulsada desde el Congreso, responde a un creciente número de quejas —más de 80 mil anuales— por parte de pasajeros inconformes con las prácticas de las aerolíneas.

Uno de los avances más destacados es la regulación sobre la sobreventa de pasajes. A partir de la aprobación de este proyecto, las aerolíneas deberán compensar a los pasajeros afectados por esta práctica con el equivalente al 5 % del valor del tiquete. Además, se establece la obligación de informar con antelación al pasajero si su vuelo ha sido sobrevendido.

En contraste, la propuesta que buscaba intervenir en las tarifas del transporte aéreo no logró el respaldo necesario, quedando excluida del articulado tras una votación dividida.

El articulado también contempla una serie de disposiciones orientadas a mejorar la experiencia del usuario. Entre ellas, se destacan las compensaciones en caso de retrasos atribuibles a la aerolínea, las cuales deberán otorgarse en forma de bonos redimibles. Asimismo, se ordena que el espacio entre asientos cumpla con normas internacionales para garantizar la comodidad de los pasajeros.

En materia de equipaje, se refuerza la responsabilidad de las aerolíneas desde el momento del registro, obligándolas a responder por cualquier daño, pérdida o perjuicio causado. También se establece la presencia obligatoria de funcionarios de la Aeronáutica Civil en todos los aeropuertos del país, con el fin de supervisar y controlar las operaciones de las empresas aéreas y atender irregularidades.

Este proyecto de ley, que lleva más de seis años de gestiones legislativas, ahora pasará a la Cámara de Representantes para surtir los dos debates restantes. De ser aprobado en su totalidad, marcará un precedente importante en la defensa de los derechos de los pasajeros aéreos en Colombia.

Fuente: senado.gov.co

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