Cámara de Representantes avanza en proyecto que crea Sello Ambiental para proteger páramos y frenar la deforestación

La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes dio un paso decisivo en el trámite del proyecto que busca fortalecer la protección ambiental, con especial énfasis en los páramos afectados por actividades ganaderas y cultivos de pancoger. La iniciativa, promovida por los congresistas Julia Miranda y Gabriel Parrado, propone la creación del Sello Ambiental para Zonas Protegidas de la Deforestación, un mecanismo que pretende articular la conservación de ecosistemas estratégicos con incentivos económicos para el sector ganadero.

El sello permitirá certificar que los procesos de crianza, levante y engorde del ganado se desarrollan fuera de áreas que antes estuvieron cubiertas por bosques, páramos u otras zonas ambientalmente protegidas. Esta distinción facilitaría el acceso a mercados nacionales e internacionales que valoran prácticas de producción sostenibles, lo que se traduce en mejores precios y mayores oportunidades de comercialización para los productores bovinos.

El proyecto también contempla la delimitación de fronteras agrícolas y ganaderas, con el fin de evitar la expansión de estas actividades sobre territorios que requieren altos niveles de protección ambiental. La medida busca frenar la ocupación indebida de zonas sensibles en la región Andina, donde el avance de la ganadería y la agricultura ha generado presión sobre ecosistemas de especial importancia ecológica.

Actualmente, el sector ganadero alcanza cifras significativas en materia de exportaciones: en lo que va del año, Colombia ha enviado al exterior más de 238.000 bovinos en pie, con ingresos superiores a 180 millones de dólares, y cerca de 25.000 toneladas de carne, que han representado ventas por más de 106 millones de dólares. Según la proyección de los impulsores de la iniciativa, la adopción del Sello Ambiental Ganadero, reconocido internacionalmente como Sello Verde, podría duplicar estos resultados, debido a la creciente demanda global de productos certificados por su aporte a la protección del ecosistema.

La propuesta legislativa continúa su curso en el Congreso y se perfila como una herramienta clave para armonizar la actividad productiva con la conservación de los ecosistemas más frágiles del país.

Fuente: camara.gov.co

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Cámara de Representantes avanza en proyecto que obligaría a candidatos a asistir a debates públicos

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en su primer debate un proyecto de ley que busca imponer la obligación a los candidatos y candidatas a la Presidencia, gobernaciones y alcaldías de participar en los debates públicos convocados por los medios de comunicación. La iniciativa resurge en plena coyuntura electoral, con el propósito de garantizar espacios programáticos en los que se expongan propuestas y soluciones para el país.

Aunque el proyecto obtuvo respaldo mayoritario, también generó discrepancias sobre las sanciones previstas para quienes no asistan a los debates. Algunos congresistas consideran que las medidas sugeridas, como restricciones para intervenir en medios o la reducción de la financiación pública, podrían resultar desproporcionadas.

Tras superar su primera discusión, la propuesta legislativa continuará su trámite en la Plenaria de la Cámara, donde deberá enfrentar su segundo debate antes de avanzar hacia las siguientes etapas del proceso legislativo.

Fuente: camara.gov.co

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Cámara avanza en proyecto que convertiría en política pública las prácticas remuneradas para jóvenes en el sector estatal

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dio un paso decisivo en la discusión del proyecto que busca transformar el actual programa Colombia Estado Joven en una política pública permanente, con el fin de garantizar condiciones laborales dignas para los estudiantes que realizan prácticas en entidades del Estado. La iniciativa surge ante la falta de continuidad financiera del programa, que desde su creación en 2016 ha tenido dificultades de sostenibilidad y no recibió recursos en 2023.

La propuesta plantea que todos los practicantes del sector público, incluyendo pasantes, judicantes y estudiantes vinculados mediante relaciones docencia-servicio, reciban un auxilio económico equivalente, como mínimo, a un salario mínimo mensual. Además, establece la obligatoriedad de afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, así como convocatorias públicas y transparentes, una base nacional unificada de practicantes y estrictos mecanismos de protección de derechos.

El proyecto incorpora criterios de equidad para priorizar el acceso de jóvenes de estratos 1, 2 y 3, mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto y personas con discapacidad. Asimismo, prevé una inversión anual cercana a los $777.590 millones para garantizar el sostenimiento de todos los practicantes del sector estatal, con seguimiento por parte del Ministerio del Trabajo y reportes periódicos al Congreso.

La iniciativa, que ahora espera debate en la plenaria de la Cámara, busca cerrar la brecha entre educación y empleo, aportar a la reducción del desempleo juvenil, que se aproxima al 19,9%, y fortalecer la modernización del servicio público mediante la vinculación de nuevas generaciones con formación digital y visión innovadora.

Fuente: camara.gov.co

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Cámara aprueba la “Ley Empatía” y refuerza la educación ambiental y el bienestar animal en Colombia

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto conocido como “Ley Empatía”, una iniciativa que marca un cambio significativo en la forma en que el sistema educativo aborda el respeto por los animales y la relación con los ecosistemas. La propuesta incorpora, de manera obligatoria, contenidos sobre protección y bienestar animal en los programas académicos de instituciones públicas y privadas, integrando además estos temas en la Política Nacional de Educación Ambiental.

El objetivo central es fortalecer la conciencia ambiental desde edades tempranas, promoviendo valores como la empatía, la ética y el respeto por todas las formas de vida. Con ello, las aulas colombianas deberán abrir espacio a nuevas prácticas pedagógicas que fomenten la comprensión de los ecosistemas, la responsabilidad frente a los seres sintientes y la participación activa en la conservación de la biodiversidad.

La iniciativa establece que el Ministerio de Educación Nacional tendrá un plazo de hasta seis meses después de la sanción presidencial para diseñar y adoptar los lineamientos curriculares que permitirán la aplicación de este enfoque en todos los grados escolares. Estos lineamientos deberán orientar a docentes y directivos en la incorporación de temáticas sobre bienestar animal, sostenibilidad y manejo responsable de los recursos naturales.

Además, la ley introduce dos innovaciones importantes. En primer lugar, los estudiantes de educación media podrán realizar su servicio social en entidades públicas o privadas dedicadas al bienestar y la protección animal, lo que abre un espacio para experiencias formativas directas y contribuye a fortalecer el compromiso juvenil con el cuidado de los seres sintientes. En segundo lugar, se creará una Red Nacional de Docentes para la Protección y el Bienestar Animal, destinada a facilitar el intercambio de buenas prácticas, la elaboración de materiales pedagógicos y el fortalecimiento de la formación docente en esta área especializada.

Fuente: camara.gov.co

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Senado aprueba reglamentación que fortalece la justicia indígena y el pluralismo jurídico en Colombia

En una sesión marcada por el consenso político y el reconocimiento histórico a los pueblos originarios, el Senado de la República aprobó la reglamentación del artículo 246 de la Constitución Política, que define los mecanismos de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional. La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Representantes para sus dos últimos debates, representa un avance fundamental hacia la consolidación del Estado intercultural en Colombia.

El proyecto de ley estatutario, impulsado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, junto con congresistas de diversas bancadas, busca garantizar la autonomía de las comunidades indígenas y fortalecer el pluralismo jurídico al articular la justicia propia con el ordenamiento judicial nacional.

La propuesta recibió amplio respaldo en el Senado, con apoyo de legisladores como Carlos Alberto Benavides Mora, Clara López Obregón, Aida Marina Quilcué Vivas, Julián Gallo Cubillos, Ariel Ávila, Juan Carlos García, Fabio Amín, Paloma Valencia, Alfredo Deluque y Jorge Benedetti.

Durante el debate, varios senadores destacaron el carácter histórico de la aprobación y la importancia de cerrar los vacíos legislativos que durante décadas dificultaron la aplicación efectiva de la jurisdicción indígena. Asimismo, resaltaron que la norma constituye un reconocimiento a las luchas de los pueblos indígenas por el ejercicio pleno de su derecho propio y por una justicia intercultural basada en el diálogo y la cooperación institucional.

Fuente: senado.gov.co

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