Dic 12, 2025 | Actualidad Prime
La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Ley 579 de 2025, mediante el cual Colombia se adhiere a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, un instrumento adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1989 para enfrentar la instrumentalización de personas en actividades armadas al margen del derecho internacional.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Defensa, recibió concepto favorable de distintas entidades nacionales. El Ejército Nacional resaltó que la adhesión permitirá fortalecer la cooperación internacional, robustecer las políticas internas de seguridad y sancionar la participación de mercenarios tanto en escenarios externos como dentro del país, lo que contribuiría a avanzar hacia condiciones más cercanas a la paz. La Fuerza Aeroespacial Colombiana añadió que esta medida es clave para evitar que organizaciones criminales recluten a militares retirados para cometer delitos en el extranjero.
La convención establece que la actividad de los mercenarios afecta principios fundamentales del derecho internacional, como la igualdad soberana de los Estados, la integridad territorial, la independencia política y la libre determinación de los pueblos. En esa línea, el proyecto busca crear un marco legal sólido para prevenir que personas sean atraídas por redes criminales o engaños transnacionales.
Durante el debate legislativo surgieron posiciones divergentes. Algunos congresistas expresaron preocupación por eventuales riesgos de estigmatización y por la necesidad de mayor claridad sobre sus efectos penales, mientras que otros destacaron que la adhesión no requiere de conceptos adicionales para su aprobación.
La discusión adquiere relevancia por los recientes casos de ciudadanos colombianos vinculados a conflictos armados en el exterior, incluidos episodios ocurridos en Sudán y el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021. Además, cifras oficiales han advertido sobre la participación de nacionales en la guerra en Ucrania, con un balance de cientos de fallecidos.
Fuente: camara.gov.co
Dic 11, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate, con 28 votos favorables, el proyecto de ley que establece el reconocimiento jurídico de las personas desplazadas por razones asociadas al clima. La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley 425 de 2025 Cámara y 015 de 2024 Senado, busca otorgar protección a quienes se ven obligados a abandonar sus hogares debido a emergencias como intensas temporadas de lluvias, degradación ambiental y otros desastres naturales.
La propuesta incluye la creación de un Registro Único de Desplazamiento Ambiental, con el fin de avanzar en la formulación de una política pública que permita la atención integral y la prevención de esta modalidad de movilidad humana. El proyecto responde al incremento de afectados en el país, donde se estima que más de 351.000 personas han sido desplazadas por fenómenos climáticos, cifra que representa un aumento del 25 % frente a 2022. Territorios como La Guajira, Chocó, Bolívar y Arauca presentan los mayores niveles de impacto.
Durante el debate, se destacó la importancia de diferenciar este tipo de desplazamiento del asociado al conflicto armado, así como de garantizar la protección de derechos frente a un escenario de creciente vulnerabilidad climática. También se propuso que la expedición del certificado correspondiente cuente con la participación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, con el fin de asegurar rigor y transparencia.
El avance del proyecto se enmarca en las alertas internacionales sobre el incremento de eventos climáticos extremos. Proyecciones del Banco Mundial estiman que, para 2050, hasta 126 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse por causas ambientales, lo que refuerza la necesidad de que los Estados adopten medidas anticipadas y mecanismos de protección eficaces.
Fuente: camara.gov.co
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Dic 5, 2025 | Actualidad Prime
La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 083 de 2025, iniciativa que reforma el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y amplía las funciones de los Consejos de Juventud, tradicionalmente limitadas a un rol consultivo. Con esta modificación, los jóvenes pasarán a ejercer una participación con mayor alcance en la toma de decisiones relacionadas con políticas públicas y procesos territoriales.
La propuesta, que avanza ahora a discusión en el Senado, introduce cinco ejes principales. El primero reconoce a los Consejos de Juventud un papel decisorio, lo que obliga a las autoridades territoriales a garantizar espacios formales para sus intervenciones. Además, contempla estímulos para sus integrantes, como apoyos en transporte, conectividad, educación y salud mental, junto con la incorporación de enfoques diferenciales que atiendan aspectos de raza, origen y orientación sexual.
Otro de los objetivos de la reforma es asegurar protección para los jóvenes frente a la violencia política y ampliar su participación en escenarios estratégicos, incluidos los Planes Nacionales de Desarrollo y otros instrumentos de planificación estatal.
Durante la sesión, diferentes congresistas destacaron el compromiso de las organizaciones juveniles y el avance que representa la reforma para reconocer su papel en la vida democrática. El debate contó con la presencia de numerosos jóvenes que celebraron la aprobación del proyecto, a la espera de su trámite en el Senado para definir si se convierte en ley.
Fuente: camara.gov.co
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Dic 4, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate un proyecto de ley que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el propósito de transformar el esquema de financiamiento de la educación superior pública en Colombia. La iniciativa avanza después de más de tres décadas de discusiones sobre la sostenibilidad del sistema y se encamina a su cuarto debate en la plenaria de la corporación.
El proyecto plantea un nuevo modelo que permita enfrentar las dificultades estructurales de financiación de las instituciones de educación superior públicas, con el fin de asegurar su sostenibilidad a mediano y largo plazo. Entre sus objetivos están la reducción de brechas regionales y el fortalecimiento de indicadores como cobertura, permanencia, regionalización, calidad académica, pertinencia de la oferta, bienestar estudiantil y condiciones para el ejercicio docente.
La propuesta también incluye la creación de una base presupuestal destinada a respaldar financieramente a las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias públicas. Con esta medida, un mayor número de entidades educativas podría acceder a recursos nacionales, lo que contribuiría al fortalecimiento del sistema y a la ampliación de oportunidades para jóvenes en todo el territorio nacional.
De convertirse en ley, la reforma representaría un cambio estructural en la política de financiamiento de la educación superior pública, con un enfoque orientado a garantizar un desarrollo equitativo y sostenible del sistema educativo del país.
Fuente: camara.gov.co
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Nov 28, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes dio un paso decisivo en el trámite del proyecto que busca fortalecer la protección ambiental, con especial énfasis en los páramos afectados por actividades ganaderas y cultivos de pancoger. La iniciativa, promovida por los congresistas Julia Miranda y Gabriel Parrado, propone la creación del Sello Ambiental para Zonas Protegidas de la Deforestación, un mecanismo que pretende articular la conservación de ecosistemas estratégicos con incentivos económicos para el sector ganadero.
El sello permitirá certificar que los procesos de crianza, levante y engorde del ganado se desarrollan fuera de áreas que antes estuvieron cubiertas por bosques, páramos u otras zonas ambientalmente protegidas. Esta distinción facilitaría el acceso a mercados nacionales e internacionales que valoran prácticas de producción sostenibles, lo que se traduce en mejores precios y mayores oportunidades de comercialización para los productores bovinos.
El proyecto también contempla la delimitación de fronteras agrícolas y ganaderas, con el fin de evitar la expansión de estas actividades sobre territorios que requieren altos niveles de protección ambiental. La medida busca frenar la ocupación indebida de zonas sensibles en la región Andina, donde el avance de la ganadería y la agricultura ha generado presión sobre ecosistemas de especial importancia ecológica.
Actualmente, el sector ganadero alcanza cifras significativas en materia de exportaciones: en lo que va del año, Colombia ha enviado al exterior más de 238.000 bovinos en pie, con ingresos superiores a 180 millones de dólares, y cerca de 25.000 toneladas de carne, que han representado ventas por más de 106 millones de dólares. Según la proyección de los impulsores de la iniciativa, la adopción del Sello Ambiental Ganadero, reconocido internacionalmente como Sello Verde, podría duplicar estos resultados, debido a la creciente demanda global de productos certificados por su aporte a la protección del ecosistema.
La propuesta legislativa continúa su curso en el Congreso y se perfila como una herramienta clave para armonizar la actividad productiva con la conservación de los ecosistemas más frágiles del país.
Fuente: camara.gov.co
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