Ene 23, 2026 | Actualidad Prime
Un proyecto de ley que avanza en el Senado de la República plantea exonerar del pago de impuestos a los vehículos pertenecientes a los cuerpos de bomberos voluntarios en Colombia, con el fin de fortalecer su capacidad operativa y aliviar la carga financiera que actualmente enfrentan estas organizaciones.
La iniciativa, que ya fue aprobada en la Comisión Tercera del Senado, busca que los recursos que hoy se destinan al cumplimiento de obligaciones tributarias puedan ser redirigidos al mantenimiento de los automotores, la adquisición de equipos y el mejoramiento del servicio de prevención y atención de emergencias.
Según se ha explicado en el trámite legislativo, la propuesta tiene un alcance nacional y pretende beneficiar a los 864 cuerpos de bomberos que existen en el país, de los cuales cerca del 92 % operan bajo la modalidad de voluntariado. Estos organismos cumplen una función esencial en la protección de la vida, los bienes y el entorno, especialmente en municipios con limitados recursos institucionales.
El proyecto parte del reconocimiento de que los vehículos utilizados por los bomberos no cumplen una función privada ni representan un bien suntuario, sino que constituyen herramientas indispensables para la prestación de un servicio público esencial. En ese sentido, la exención tributaria se presenta como una medida de apoyo concreto a su labor diaria.
De ser aprobado en su totalidad, el proyecto permitiría mejorar la sostenibilidad financiera de los cuerpos de bomberos voluntarios, incrementar su capacidad de respuesta ante incendios, accidentes y desastres, y reforzar el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley General de Bomberos.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Radican proyecto de ley para reconocer a escoltas y agentes de seguridad como trabajadores de alto riesgo
Ene 22, 2026 | Actualidad Prime
En el Congreso de la República fue presentado un proyecto de ley que busca que los escoltas y agentes de seguridad sean reconocidos formalmente como trabajadores de alto riesgo, en atención a la naturaleza de sus funciones y a la exposición permanente a situaciones que comprometen su integridad y su vida.
La iniciativa, impulsada por el senador José Vicente Carreño, del partido Centro Democrático, propone incluir estas labores dentro del listado de actividades consideradas de riesgo, en el que actualmente figuran sectores como la minería, la construcción, el trabajo en alturas y la industria manufacturera. Con ello, se pretende otorgar un reconocimiento jurídico acorde con las condiciones en las que se desarrollan estas funciones.
El proyecto parte del reconocimiento de que quienes prestan servicios de protección personal enfrentan de manera cotidiana amenazas, atentados y contextos de violencia derivados de la responsabilidad de salvaguardar la vida e integridad de terceros. En ese sentido, el planteamiento legislativo apunta a corregir la ausencia de este oficio dentro del régimen de actividades de alto riesgo, pese a las exigencias físicas, psicológicas y de seguridad que conlleva.
De ser aprobado, el proyecto beneficiaría a un número significativo de trabajadores en el país. Solo en la Unidad Nacional de Protección se estima que alrededor de 8.000 personas ejercen labores de escolta, mientras que a nivel nacional la cifra de hombres y mujeres dedicados a actividades de seguridad y protección oscila entre 14.000 y 15.000.
Por tratarse de una iniciativa relacionada con asuntos laborales y de seguridad social, el proyecto de ley iniciará su trámite legislativo en la Comisión Séptima del Senado, donde se evaluará su alcance, impacto y viabilidad dentro del marco normativo vigente.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional fija lineamientos para abordar conflictos escolares con enfoque restaurativo
Ene 16, 2026 | Actualidad Prime
El Senado de la República avanza en el trámite de un proyecto de ley que busca mejorar de manera integral la protección, estabilidad laboral y bienestar de los guardaparques encargados de custodiar las áreas naturales del país. La iniciativa, impulsada por la senadora Nadia Blel, plantea una serie de reformas orientadas a reconocer el carácter estratégico y de alto riesgo de esta labor.
La propuesta legislativa parte del diagnóstico de que los guardaparques cumplen funciones esenciales para la conservación de la biodiversidad, pero lo hacen en contextos marcados por la presencia de actores armados, economías ilegales y condiciones geográficas adversas. En ese escenario, el proyecto pretende crear una carrera administrativa especial que otorgue mayor estabilidad, profesionalización y reconocimiento institucional a quienes desempeñan estas funciones.
Uno de los ejes centrales del articulado es el reconocimiento de los guardaparques como posibles víctimas del conflicto armado, lo que permitiría su acceso a medidas de reparación y a esquemas reforzados de protección por parte del Estado. A ello se suma la inclusión de beneficios laborales y de bienestar, como seguros de vida que cubran riesgos asociados a secuestro, desaparición o desplazamiento forzado, así como la asignación de tiquetes aéreos anuales para facilitar su movilidad desde y hacia las zonas donde prestan servicio.
El proyecto también propone un sistema de ingreso, permanencia y ascenso basado en el mérito, con evaluaciones físicas y de aptitud, y con criterios de remuneración que garanticen condiciones salariales equitativas. Con ello, se busca fortalecer la carrera del guardaparque como un componente profesional dentro de la administración pública.
Según lo expuesto en la iniciativa, los guardaparques tienen bajo su responsabilidad 1.713 áreas protegidas en todo el territorio nacional, que incluyen reservas civiles, regionales y parques nacionales ubicados en los 32 departamentos del país. La magnitud de esta tarea es uno de los argumentos centrales para justificar la necesidad de un marco normativo más robusto.
El proyecto se encuentra próximo a surtir su segundo debate en el Congreso. De ser aprobado, representaría un paso relevante tanto en la protección del patrimonio ambiental como en el reconocimiento de quienes cumplen un rol clave en su defensa y conservación.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Animales de compañía podrán viajar en cabina y transporte terrestre bajo nuevas obligaciones legales
Ene 15, 2026 | Actualidad Prime
La movilidad de animales de compañía en Colombia experimenta un cambio significativo con la aplicación de la Ley 1774 de 2016, que establece nuevas reglas para su transporte en aviones y vehículos de servicio público terrestre. A partir de la entrada en vigor de esta norma, las empresas de transporte deberán permitir que perros y gatos viajen junto a sus dueños en las cabinas de pasajeros, dejando atrás prácticas que los exponían a riesgos cuando eran trasladados en bodegas de carga.
La regulación impone condiciones específicas para garantizar la seguridad y convivencia durante los trayectos. Los propietarios deberán informar con al menos 48 horas de anticipación a la empresa transportadora, presentar el carné de vacunación antirrábica vigente y asegurar que la mascota no supere los 15 kilogramos de peso. Además, los animales deberán portar correa y viajar en un guacal adecuado, mientras que los dueños asumen la responsabilidad por el aseo y el respeto hacia los demás pasajeros.
El impulso legislativo respondió a múltiples antecedentes en los que animales domésticos sufrieron lesiones, condiciones extremas e incluso la muerte durante traslados en compartimentos destinados a carga, espacios que no ofrecían garantías mínimas para seres vivos. La ley busca corregir estas prácticas y reconocer la condición de las mascotas como seres que requieren protección especial.
Desde el Congreso se ha reiterado el llamado a las empresas aéreas y de transporte terrestre para que cumplan de manera estricta la normativa. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas, cuya definición y aplicación corresponde al Ministerio de Transporte y a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, según el tipo de servicio involucrado.
Con esta medida, el ordenamiento jurídico colombiano avanza en la protección del bienestar animal y refuerza las obligaciones del sector transporte, integrando criterios de seguridad, responsabilidad y trato digno en la movilidad de mascotas junto a sus familias.
Fuente: camara.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: La JEP declara genocidio el exterminio de la Unión Patriótica e imputa a cinco exmandos del Ejército
Dic 26, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 161 de 2025, que propone la creación de los Frentes de Seguridad Ciudadana y establece disposiciones para su funcionamiento a nivel nacional. La iniciativa fue respaldada por 10 votos a favor y 2 en contra, luego de superar un debate de carácter procedimental.
El proyecto parte del principio de que todos los asuntos que impactan al país, incluida la situación de violencia y las acciones del sector defensa para enfrentarla, están sometidos al control político del Congreso. En ese marco, la propuesta busca mejorar la percepción de seguridad y fortalecer los canales de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades, en respuesta a los persistentes hechos de inseguridad.
La iniciativa plantea la creación de un marco normativo integral y permanente para consolidar los frentes de seguridad, figuras que ya existen en Colombia y que actualmente agrupan a más de 1.900 frentes activos y cerca de 46.000 ciudadanos. Entre sus objetivos centrales se encuentran garantizar financiación pública, fortalecer su estructura operativa y promover una mayor participación comunitaria en la prevención y atención de problemáticas de seguridad.
Durante el trámite, se precisó que los Frentes de Seguridad Ciudadana no son equiparables a las antiguas asociaciones conocidas como “Convivir”, con el fin de despejar confusiones que han surgido en el debate público. Desde la presidencia de la Comisión Segunda se destacó que el proyecto apunta a articular acciones conjuntas entre ciudadanía y autoridades, incentivando el compromiso comunitario con el entorno y la seguridad local.
No obstante, la iniciativa también generó reparos. El representante Alejandro Toro, por Antioquia, votó en contra y dejó constancia de sus preocupaciones, anunciando que propondrá ajustes durante el debate en plenaria. Entre los puntos señalados se encuentran los límites de actuación de estos frentes, la posible interpretación del uso de uniformes como incentivos indebidos y la destinación de recursos públicos, a la luz de antecedentes recientes de excesos registrados en Medellín.
El proyecto continuará ahora su trámite legislativo en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se espera un debate de fondo sobre su alcance, controles y salvaguardas institucionales.
Fuente: camara.gov.co
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