Ago 8, 2025 | Actualidad Prime
En la Cámara de Representantes avanza una iniciativa legislativa que pretende asegurar la operación continua, eficiente y de calidad de los Sistemas Integrados de Transporte Público (SITP), Masivo (SITM), Estratégico (SETP) y Regional (SITR) en el país. El proyecto plantea un modelo de cofinanciación entre la Nación y las entidades territoriales, con el fin de establecer fuentes claras y permanentes de recursos.
La propuesta, liderada por la representante Carolina Arbeláez y respaldada como coautora por la congresista Juliana Aray, surge en respuesta a la crisis financiera que atraviesan estos sistemas, cuyo déficit supera los 6 billones de pesos y que afecta a millones de usuarios en todo el territorio nacional.
En ciudades como Cartagena, donde el sistema Transcaribe enfrenta dificultades para sostener su operación, la iniciativa contempla medidas específicas para evitar un eventual colapso. Entre ellas, se incluye la posibilidad de que el Gobierno Nacional asuma parte del diferencial tarifario, la creación de un fondo de estabilización a nivel territorial, y el acceso a recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento y expansión de la operación.
El articulado también propone esquemas tarifarios diferenciados para estudiantes, personas en situación de vulnerabilidad y población de bajos ingresos, así como incentivos para la transición hacia tecnologías limpias, en línea con los compromisos ambientales de las ciudades.
Con más de 14 millones de colombianos que dependen diariamente del transporte público, este proyecto de ley se presenta como una herramienta jurídica para garantizar la sostenibilidad de un servicio esencial, aliviar la carga financiera de los entes territoriales y promover una movilidad más equitativa y sostenible en el país.
Fuente: camara.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Senadoras presentan proyecto de ley para regular letras musicales con contenido nocivo para menores
Ago 7, 2025 | Actualidad Prime
En un acto celebrado en la Sala de Medios del Congreso de la República, las senadoras Sonia Bernal y Karina Espinosa presentaron el proyecto de ley “Letras Decentes”, una propuesta legislativa orientada a regular la divulgación de contenidos musicales que promuevan la violencia, la hipersexualización y la cosificación de la mujer, especialmente cuando estos son accesibles para niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa contempla la implementación de un Sello de Advertencia obligatorio que permita identificar letras o videos con contenido sexual explícito, lenguaje obsceno, mensajes denigrantes o que inciten al consumo de sustancias psicoactivas. Esta clasificación sería responsabilidad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), con un enfoque preventivo y pedagógico que involucre a padres, cuidadores y usuarios en general.
Durante la presentación del proyecto, las senadoras expusieron diversos ejemplos de producciones musicales actuales que, según argumentaron, fomentan representaciones distorsionadas de la sexualidad, la violencia y los roles de género. Asimismo, advirtieron sobre el impacto negativo que este tipo de contenido puede tener en la salud mental y el desarrollo emocional de la niñez y la juventud.
El proyecto se plantea no como una medida de censura, sino como una herramienta normativa para fomentar la responsabilidad en la industria cultural y mediática, garantizando que los contenidos estén acompañados de advertencias claras cuando su naturaleza lo amerite. De acuerdo con las congresistas, la exposición temprana e indiscriminada a ciertos mensajes requiere una acción decidida del Estado para proteger los derechos de los menores y promover un entorno cultural más consciente y respetuoso de la dignidad humana.
Fuente: senado.gov.co
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Jul 25, 2025 | Actualidad Prime
Un nuevo proyecto de ley que busca transformar el sistema de peajes en Colombia fue radicado en el Senado por el congresista Guido Echeverri Piedrahita. La iniciativa, presentada ante la Secretaría General de la corporación, pretende dar respuesta a crecientes demandas ciudadanas por mayor equidad en el cobro de tarifas, transparencia en la inversión pública y participación regional en las decisiones que afectan las vías del país.
El proyecto propone reglas claras desde la planeación hasta la ejecución de obras viales, así como mecanismos para fortalecer el control ciudadano y territorial sobre el uso de los recursos recaudados en peajes. Además, busca que las decisiones sobre ubicación y tarifas de los peajes respondan a criterios técnicos proporcionales, ambientales y socioeconómicos.
La propuesta surge tras reiteradas preocupaciones del senador Echeverri por la situación de la infraestructura vial en el Eje Cafetero. En marzo pasado, lideró un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado para cuestionar la falta de claridad del Gobierno Nacional sobre el proyecto IP Conexión Centro, que operará el corredor vial entre Caldas, Risaralda y Quindío a partir de 2027, una vez finalice el contrato con Autopistas del Café.
Tras la ausencia de respuestas concluyentes del Ejecutivo sobre las proyecciones de recaudo y distribución de los recursos, el senador ha enviado múltiples solicitudes formales con el fin de obtener información clara y exigir garantías para su región.
Con esta reforma legislativa, se busca fortalecer la capacidad del Estado para planificar, regular y supervisar las concesiones viales, sin desalentar la inversión privada, pero exigiendo mayor equidad y transparencia. Aunque el proyecto apenas inicia su trámite en el Congreso, ya despierta el interés de distintas regiones del país que ven en él una oportunidad para corregir distorsiones en el modelo actual y avanzar hacia una infraestructura vial más justa e incluyente.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Proyecto de ley busca garantizar gratuidad de pruebas Saber 11 para jóvenes del Sisben IV
Jul 24, 2025 | Actualidad Prime
El Congreso de la República se prepara para discutir en plenaria del Senado un proyecto de ley que podría representar un avance significativo en materia de equidad educativa. Se trata del Proyecto de Ley 13 de 2024, cuyo objetivo es eliminar las barreras económicas que impiden a miles de jóvenes colombianos acceder a la educación superior, garantizando la gratuidad en la aplicación de su primera prueba Saber 11, así como de las pruebas Pre Saber y de validación del bachillerato.
La propuesta contempla que los estudiantes clasificados en el Sisben IV accedan a su primera prueba sin costo alguno. En caso de requerir una segunda oportunidad, el Estado asumiría el 50% del valor correspondiente. Para acceder al beneficio, los jóvenes deberán demostrar su situación socioeconómica a través de la presentación de su documento de identidad.
El proyecto, de autoría de la senadora Claudia Pérez Giraldo del Partido Liberal, ya superó con éxito su primer debate en la Comisión Sexta del Senado, donde recibió ponencia positiva por parte del senador Julio Elías Vidal, del Partido de La U, y el respaldo unánime de los demás integrantes de la comisión.
La iniciativa reconoce los desafíos que enfrentan jóvenes de bajos recursos no solo para pagar el examen, sino también para asumir los gastos de transporte y otros requerimientos logísticos. Con este proyecto, se busca que dichas limitaciones no representen un obstáculo para el acceso a oportunidades educativas y de desarrollo personal.
Fuente: senado.gov.co
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Jul 18, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Primera del Senado aprobó un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo integral para prevenir, sancionar y reparar las afectaciones derivadas del uso indebido de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) con fines de agresión.
La Ley de Protección Integral de Violencia de Género Digital contempla medidas orientadas a la prevención, sensibilización, atención y reparación, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas, incluyendo su dignidad, intimidad y el derecho a una vida libre de violencias en espacios digitales.
El proyecto establece penas de prisión entre 16 y 54 meses para quienes incurran en conductas asociadas a la violencia de género digital, como la difusión no consentida de contenidos íntimos, el ciberacoso, la suplantación digital o cualquier forma de hostigamiento que afecte de manera desproporcionada a las mujeres en internet.
Entre las disposiciones clave del proyecto se destacan:
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La creación de estrategias de sensibilización sobre el uso responsable de las TIC en los sectores educativo, laboral y de la salud, con formación específica para docentes y la inclusión de contenidos en los planes académicos.
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La implementación de una Ruta Única de Atención para víctimas, que incluirá asesoría legal, apoyo psicológico y mecanismos de protección urgentes.
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La posibilidad de realizar audiencias a puerta cerrada en casos de violencia digital, para preservar la privacidad de las víctimas.
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La promoción de canales accesibles de denuncia y acceso a la justicia, garantizando la aplicación de una perspectiva de género por parte de las entidades estatales involucradas en la atención y sanción de estos casos.
El proyecto, que fue construido con el respaldo de expertas en género y derechos digitales, será discutido en la plenaria del Senado a partir del 20 de julio, en una jornada clave para el fortalecimiento de la protección de las mujeres en el entorno virtual y la consolidación de un internet más seguro y equitativo en el país.
Fuente: senado.gov.co
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