Corte Constitucional ampara derechos de víctima de violencia intrafamiliar y ordena reiniciar proceso con enfoque de género

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en virtud de la sentencia T-130 de 2024, amparó los derechos al debido proceso, de petición y a una vida libre de violencia de una ciudadana y su hija, debido al incumplimiento de las medidas de protección ordenadas en un proceso de violencia intrafamiliar.

El caso se inició cuando la ciudadana denunció hechos de violencia ante una comisaría, pero el proceso fue archivado sin las debidas diligencias. La accionante solicitó el cumplimiento de las medidas de protección, el desalojo definitivo de su expareja del lugar de residencia y la investigación disciplinaria de los funcionarios involucrados. Sin embargo, en instancias anteriores, se declaró improcedente el amparo solicitado.

La Corte Constitucional encontró que la Comisaría de Familia incurrió en irregularidades al no cumplir con las normativas sobre medidas de protección en violencia intrafamiliar y omitir el enfoque de género. La Corte destacó que este enfoque exige a las autoridades reconocer la violencia contra las mujeres como un problema sistémico, y no como hechos aislados, requiriendo una atención diferenciada y específica.

La jurisprudencia de la Corte establece que las víctimas tienen derecho a no ser confrontadas con sus agresores. En este caso, la comisaría propuso una confrontación directa entre la accionante y su agresor, lo que demostró una falta de diligencia y desconocimiento de los procedimientos adecuados. Además, la comisaría no valoró adecuadamente el cuadro de violencia psicológica al que estaba sometida la accionante, ni las amenazas que representaban un riesgo para su integridad y la de su hija. La omisión de estas consideraciones resultó en escenarios de revictimización para las víctimas.

En consecuencia, la Corte ordenó a la comisaría reiniciar el proceso de violencia intrafamiliar con un enfoque de género, capacitar a sus funcionarios sobre este enfoque y tomar las medidas necesarias para restablecer los derechos de la hija de la accionante.

Esta sentencia subraya la importancia de un tratamiento adecuado y sensible en casos de violencia intrafamiliar, reafirmando los deberes de las autoridades de proteger y garantizar los derechos de las víctimas.

Fuente: corteconstitucional.gov.co

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Corte Constitucional ampara derechos de víctima de violencia doméstica

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-277 de 2023 para proteger los derechos de una mujer que acusó a una Comisaria de Familia de no actuar con la debida diligencia para salvaguardarla de la violencia doméstica ejercida por su pareja.

Antecedentes

La Corte reiteró su decisión tras analizar una acción de tutela presentada por Elsa contra un juzgado de familia, una comisaría, una estación de policía y su pareja. Elsa argumentó que estas entidades no actuaron con la debida diligencia para protegerla a ella y a su hija de 10 años de la violencia familiar perpetrada por su pareja.

Entre los argumentos de la acción de tutela, Elsa señaló la falta de diligencia del juzgado en el proceso de disolución de su matrimonio católico y liquidación de bienes conyugales, iniciado a través de una solicitud de amparo por su situación económica.

Además, reprochó a la comisaría por no hacer cumplir el pago de la cuota alimentaria establecida para su hija, a pesar de haberla fijado previamente. Alegó que ninguna de estas autoridades tomó medidas efectivas para protegerla ni para responsabilizar penalmente a su esposo por la violencia familiar y la falta de apoyo económico.

Inicialmente, la única instancia negó el amparo de sus derechos, pero la Sala Primera de Revisión, liderada por la magistrada Natalia Ángel Cabo, revocó esta decisión al considerar que la Comisaría de Familia había vulnerado los derechos de Elsa y su hija al no hacer cumplir las obligaciones alimentarias del padre.

Consideraciones y decisión

La Corte destacó que, si bien la comisaría tomó algunas medidas de protección, estas no se habían llevado a cabo de manera efectiva en la realidad, especialmente desde una perspectiva de género.

En consecuencia, la Corte ordenó a la estación de policía presentar un informe detallado a la comisaría con un cronograma de actividades para implementar las acciones de protección que les corresponden. También ordenó a la Oficina Departamental de la Mujer contactar a Elsa para activar las rutas de apoyo a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y ofrecer orientación legal en los procesos pertinentes.

Fuente: corteconstitucional.gov.co

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