La Comisión de Constitución aprobó en general, por seis votos a favor y dos abstenciones, el proyecto de ley que crea un registro de condenados por el delito de maltrato animal y establece la incautación de los animales afectados (boletín 16309).

La iniciativa plantea también, entre otros aspectos, aumentar las penas de maltrato animal si se trata de una hembra preñada o recién parida, así como incorporar la participación de organizaciones de rescate tras la denuncia.

En esta línea, la modificación a la Ley N° 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, contó con el respaldo del gobierno a través de indicaciones presentadas en abril pasado. Esto porque el proyecto propone nuevas funciones públicas, materia que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. (Ver nota relacionada)

El texto impulsado por la diputada Carolina Marzan reseña que según datos entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), los casos de maltrato animal aumentaron un 7% en 2021. Según el organismo, este incremento se debería a la existencia de una mayor conciencia y conocimiento de la ciudadanía sobre este delito, lo que ha derivado en un aumento de las denuncias.

Registro por maltrato animal

El diputado Raúl Leiva entregó su voto favorable a la moción. El parlamentario planteó que una de las maneras de avanzar en la norma es modificar el actual Registro General de Tenedores de Mascotas establecido en la Ley 21.020, de modo que se impida de forma automática la inscripción de una mascota a cualquier persona que tenga una condena por maltrato animal y no solo en los casos contemplados actualmente de inhabilidad perpetua absoluta.

El diputado Luis Sánchez, por su parte, se abstuvo en la votación en general porque, si bien manifestó compartir la preocupación por el cuidado animal y la necesidad de sancionar el maltrato, advirtió que no se puede equiparar, dentro de la estructura penal, el abandono de un niño con el maltrato animal. “No estamos hablando de lo mismo”, recalcó.

ONG contra el maltrato

En la sesión participó Paula Herrera, representante de la ONG Huellitas de Boco. Al respecto, detalló el trabajo que realizan como refugio e informó que existen más de 400 organizaciones relacionadas registradas, además de muchas otras informales que buscan cubrir un problema al que el Estado no ha logrado responder ni solucionar.

Indicó que la llamada Ley Cholito establece una base, pero no es suficiente y debe perfeccionarse. Según afirmó, hoy la violencia está desatada y los cambios necesarios no pueden lograrse con una sola medida.