May 15, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes ha dictaminado una sentencia en un caso de violencia de género y tenencia ilegal de armas. El Tribunal condenó a Pedro Rafael Guzmán Riquelme a 5 años y un día de prisión efectiva, junto con las accesorias legales correspondientes, por su participación en el delito de femicidio tentado, ocurrido en junio del año pasado en la comuna de Parral.
El tribunal, integrado por los magistrados Rodrigo Tordecilla Gaete, Marcial Taborga Collao y Mario Villagra García, emitió un fallo unánime que también incluye una condena adicional de 3 años y un día de prisión efectiva, por tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. Estas penas van acompañadas de inhabilitaciones absolutas para cargos públicos, derechos políticos y profesiones titulares mientras dure la condena.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del 26 de junio de 2023, cuando Guzmán Riquelme agredió a su conviviente durante una discusión por celos en el domicilio ubicado en Sector La Fortuna, Fundo La Selva S/N, de la comuna de Parral. Utilizando un cuchillo, intentó apuñalar a su pareja, quien logró defenderse, resultando con lesiones en los dedos de la mano y el hombro izquierdo.
La intervención de Carabineros permitió descubrir que Guzmán Riquelme poseía una escopeta marca Remington, calibre 16, junto con 11 cartuchos compatibles con el arma, sin contar con la autorización correspondiente.
El tribunal ha dispuesto que una vez que el fallo quede ejecutoriado, se procederá a la toma de muestras biológicas del sentenciado para su inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
Fuente: pdju.cl
May 14, 2024 | Actualidad Prime
En un fallo unánime (causa rol 15.184-2024), la Corte Suprema de Chile ha ordenado el traslado del condenado por crímenes de lesa humanidad, Patricio Lorenzo Castro Muñoz, al Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, luego de acoger el recurso de amparo presentado por su defensa.
Castro Muñoz, quien fue sentenciado a 15 años y un día, así como a 5 años y un día de presidio efectivo por homicidio calificado y asociación ilícita en relación con los delitos perpetrados en 1984 durante la «Operación Alfa Carbón», verá modificado su lugar de reclusión desde el penal de Concepción hasta Punta Peuco.
La Segunda Sala del máximo tribunal destacó la necesidad de considerar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En base a esta convención, se determinó que por razones humanitarias y en respeto a la dignidad de la persona, era imperativo cambiar el lugar de reclusión de Castro Muñoz, quien es un adulto mayor y ha enfrentado problemas de salud, incluido un paro cardiorespiratorio.
La resolución también señaló que el Centro Penitenciario de Colina 1 se encontraba sobrepasado, y que el Penal de Punta Peuco era la única opción disponible para cumplir la pena de condenados de este tipo.
Es importante destacar que las querellantes no se opusieron al cambio de unidad penal para la continuación del cumplimiento de la pena efectiva.
La Corte Suprema enfatizó la obligación del Estado de proporcionar tratamientos médicos y facilidades adecuadas para personas adultas mayores privadas de libertad, especialmente aquellas con enfermedades graves.
En consecuencia, se revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción y se determinó que Patricio Lorenzo Castro Muñoz deberá cumplir su condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco.
Este fallo resalta la importancia de considerar aspectos humanitarios y de respeto a los derechos fundamentales de las personas, incluso en casos de condenados por crímenes graves. La decisión de la Corte Suprema refleja el compromiso del Estado chileno con el cumplimiento de normativas constitucionales y convenciones internacionales relacionadas con los derechos humanos y la dignidad humana.
Fuente: pjud.cl
May 13, 2024 | Actualidad Prime
La Primera Sala de la Corte Suprema de Chile ha emitido un fallo (causa rol 111.186-2022) que condena a la empresa Inmobiliaria e Inversiones Alagoas SA y al constructor civil a pagar una indemnización solidaria por daños emergentes a los demandantes singularizados. Este pronunciamiento surge como resultado de una demanda relacionada con la instalación defectuosa del sistema de agua potable en un conjunto habitacional en La Serena.
La sentencia inicial, dictada por la Corte de Apelaciones, fue invalidada de oficio por la Corte Suprema debido a las deficiencias en el análisis de las pruebas presentadas. Se determinó que la resolución previa había sido parcial y poco fundamentada, lo que llevó a una reconsideración del número de propietarios que debían recibir indemnización.
El fallo de reemplazo establece que la empresa inmobiliaria y el constructor civil deben pagar una indemnización de $11.601.838 a cada uno de los demandantes afectados por el daño emergente, ajustado por la variación del IPC desde la fecha de ejecución de la sentencia hasta su efectivo pago, además de intereses corrientes durante el mismo período.
Sin embargo, el fallo rechaza las demandas de lucro cesante y daño moral por falta de pruebas contundentes.
La decisión de la Primera Sala se fundamenta en la falta de análisis exhaustivo de las pruebas presentadas en la sentencia anterior. Se destaca la importancia de cumplir con las disposiciones legales que exigen una clara exposición de los hechos y fundamentos jurídicos en las sentencias.
En este contexto, se evidencia una apreciación parcial de las pruebas y una falta de fundamentación en la decisión anterior, lo que motivó la invalidación del fallo y la emisión de una sentencia de reemplazo que amplía el número de propietarios indemnizados.
Este caso destaca la importancia de una adecuada valoración de las pruebas y una fundamentación sólida en las decisiones judiciales, garantizando así una justicia equitativa y transparente para todas las partes involucradas.
Fuente: pjud.cl
May 10, 2024 | Actualidad Prime
La Sala del Senado ha mostrado un amplio respaldo al proyecto de ley que busca brindar protección a los trabajadores ante despidos masivos. Iniciativa que ha sido originada por una moción presentada por los senadores Gastón Saavedra, Isabel Allende, Loreto Carvajal, Alejandra Sepúlveda y José Miguel Insulza.
Con un voto mayoritario de 20 a favor, 17 en contra y 2 abstenciones, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto, otorgándole un plazo hasta el 30 de mayo para la presentación de indicaciones.
El proyecto, que busca salvaguardar el empleo en momentos de crisis laboral, ha sido reconocido como una medida necesaria en el contexto de los rápidos cambios sociales y tecnológicos que impactan en las empresas de gran y mediana envergadura. Sin embargo, se ha hecho hincapié en la necesidad de realizar ajustes para evitar posibles efectos adversos y garantizar una aplicación eficiente.
Durante la discusión en la sesión, se destacó la importancia de evitar la repetición de situaciones pasadas, como los casos de desvinculación laboral en la década de los 90, donde los planes de reconversión no cumplieron con los resultados esperados. Por ello, se ha solicitado una mayor participación del Ejecutivo en el proceso.
El senador Gastón Saavedra, uno de los proponentes del proyecto, detalló que la iniciativa propone un procedimiento en el Código del Trabajo que protege a los trabajadores ante despidos masivos, estableciendo la obligación del empleador de consultar a las organizaciones sindicales representativas antes de tomar decisiones, y de informar a la Dirección del Trabajo sobre las razones de los despidos.
Asimismo, se contempla una modificación en el artículo 39 de la ley del Estatuto de Capacitación y Empleo, para garantizar que los cursos de capacitación estén alineados con las necesidades de reconversión y readaptación laboral de los trabajadores afectados.
Los votos de respaldo se basaron en la necesidad de corregir las desigualdades en las relaciones laborales y establecer mecanismos que formalicen el diálogo social en situaciones de cierre de empresas o pérdida masiva de empleos.
En conclusión, el respaldo del Senado a este proyecto refleja la preocupación por garantizar la estabilidad laboral y la protección de los trabajadores en tiempos de incertidumbre económica, aunque se espera que se realicen ajustes para su correcta implementación.
Fuente: senado.cl
May 9, 2024 | Actualidad Prime
En una medida destinada a fortalecer la persecución de deudas de pensiones alimenticias, se propone una enmienda a la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias en Chile. El mensaje, avalado por la Comisión de Mujer y Equidad de Género, presidida por la senadora Loreto Carvajal, busca evitar que los deudores de pensiones alimenticias se beneficien de programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
El texto reconoce la efectividad del Registro de Deudores como un mecanismo para fomentar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias y garantizar la corresponsabilidad parental. Sin embargo, se lamenta que el incumplimiento de estas obligaciones persista, afectando principalmente a niños, niñas y adolescentes, así como a sus madres, constituyendo una forma de violencia económica contra las mujeres.
La propuesta refuerza el Registro para hacer más eficiente la persecución de las deudas, estableciendo que aquellos con una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos no podrán beneficiarse de programas ni instrumentos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
Para garantizar la efectividad de esta medida, se sugiere que la Agencia consulte en línea con el Servicio si el presunto beneficiario está inscrito como deudor de alimentos en el Registro.
La ley 21.389, que establece el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, introdujo cambios significativos en el sistema de pago de pensiones alimenticias, mejorando el sistema de cobro y estableciendo deberes de consulta, retenciones y pagos para agentes públicos y privados.
Esta legislación ha tenido un impacto significativo, con más de 166 mil deudores inscritos hasta noviembre de 2023, siendo mayoritariamente hombres. Además, establece consecuencias para los deudores, como la retención de devoluciones de impuestos y el rechazo de solicitudes de pasaporte o licencia de conducir.
Fuente: senado.cl
