Oct 24, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión de Gobierno Interior comenzó la discusión del proyecto que busca asegurar la procedencia legal del dinero destinado al pago de fianzas, una alternativa a la prisión preventiva y los honorarios de los abogados defensores en casos de delitos graves. La iniciativa, presentada por el diputado Juan Fuenzalida (UDI), enfatiza la importancia de evitar que recursos de origen ilícito se utilicen para eludir medidas cautelares, especialmente en casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.
Durante la sesión, Fuenzalida destacó que el sistema judicial actual no exige un control riguroso sobre el origen del dinero destinado a estas fianzas, a pesar de que existen mecanismos para identificar operaciones sospechosas a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Como ejemplo, mencionó un caso reciente en Los Vilos, donde el Juzgado de Garantía permitió la sustitución de la prisión preventiva por una fianza a imputados vinculados a la organización criminal «Tren de Aragua».
El proyecto también aborda la situación de los abogados que defienden a personas investigadas bajo la Ley 20.000, relacionada con delitos de drogas. Fuenzalida subrayó la necesidad de que los defensores acrediten el origen lícito de sus honorarios, señalando que en algunos casos, se han visto abogados exhibiendo sumas considerables de dinero en redes sociales, lo que genera dudas sobre la legalidad de estos ingresos.
Este proyecto busca fortalecer las herramientas legales del sistema penal, exigiendo mayores controles para garantizar la transparencia y legalidad de los recursos utilizados en el proceso judicial, protegiendo así los intereses de la sociedad frente a actividades delictivas.
Fuente: camara.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema rechaza recurso de casación por caso de defectos de construcción
Oct 23, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el arbitrio de casación en el fondo presentados en contra de la sentencia que desestimaba la demanda de indemnización por defectos de construcción en un condominio en Chicureo, comuna de Colina.
En un fallo de mayoría, identificado con causa rol 28.843-2024, la Cuarta Sala del tribunal, integrada por las ministras Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, María Carolina Catepillán y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry e Irene Rojas, desestimó que existiera un error en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El fallo destacó que solo la magistratura de fondo está facultada para determinar los hechos del litigio y que, una vez cumplida esa tarea según las normas reguladoras de la prueba, estos se vuelven inalterables para la Corte Suprema, salvo que se demuestre una infracción efectiva a dichas normas.
Argumentos del fallo
El tribunal señaló que las discrepancias en la valoración de las pruebas presentadas no justifican una nueva revisión. Según el fallo, la recurrente no logró probar que los artículos citados, como el 1699 del Código Civil o los artículos 341, 409 y 428 del Código de Procedimiento Civil, fueron infringidos. Asimismo, se afirmó que las pruebas documentales fueron valoradas adecuadamente.
El fallo concluyó que no era posible modificar los hechos establecidos por la judicatura de fondo y que, por lo tanto, no había fundamentos suficientes para sostener que se infringieron los artículos 18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Resolución final
La Corte Suprema resolvió que el recurso carecía de fundamentos suficientes y, en consecuencia, fue rechazado. Se declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y se rechazó el arbitrio de casación en el fondo.
El fallo fue acordado con el voto en contra de la ministra Gloria Ana Chevesich, quien estuvo a favor de analizar el recurso de nulidad formal.
Fuente: pjud.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Juzgado de Santiago acoge demanda por despido indebido contra productora audiovisual
Oct 22, 2024 | Actualidad Prime
El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago resolvió a favor de un ejecutivo desvinculado de la productora de publicidad y marketing Toma Uno SpA, al acoger parcialmente su demanda por despido indebido. El fallo, identificado con causa rol 2.423-2023 emitido por la magistrada Carmen Gloria Correa Valenzuela, determinó que la empresa deberá pagar una suma total superior a los 73 millones de pesos por distintos conceptos indemnizatorios.
El fallo estableció el pago de $3.244.144 por concepto de indemnización de falta de aviso previo, $25.953.152 por indemnización por años de servicio, $20.762.521 como recargo legal del artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, $3.900.000 por feriado legal adeudado y $19.500.000 en remuneraciones correspondientes a los meses de marzo a julio de 2023.
Detalles del fallo
La magistrada determinó que la empresa no logró acreditar los motivos del despido del ejecutivo. No se presentó evidencia suficiente sobre la propiedad del comercial en conflicto ni sobre las gestiones mencionadas en la carta de despido. Además, no se aportaron pruebas de los contactos con la Agencia Atlas o Mandarina, que habrían influido en la decisión de desvinculación.
El tribunal concluyó que la empresa no pudo demostrar que las acciones del ejecutivo constituyeran una falta de probidad o incumplimiento de sus obligaciones laborales. En ese contexto, la jueza determinó que no existían elementos suficientes para validar el despido.
Conclusiones del tribunal
Finalmente, el tribunal rechazó la excepción de caducidad y la acción de tutela, pero acogió la demanda por despido indebido y ordenó el pago de las prestaciones correspondientes. Se dispuso que las sumas sean pagadas con reajustes e intereses conforme a la normativa laboral vigente.
Fuente: pjud.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema rechaza recurso de unificación en caso de despido injustificado de exjefa de terminal de buses
Oct 21, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Suprema, a través de su Cuarta Sala, resolvió de manera unánime declarar inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia presentado en contra de la sentencia que rechazó la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones interpuesta por una trabajadora que se desempeñó como jefa del terminal de la empresa Transportes Rurales SpA (Turbus) en Arica.
El fallo, identificado con causa rol 32.865-2024, fue emitido por las ministras Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Dobra Lusic, junto a las abogadas Fabiola Lathrop y María Angélica Benavides. En su análisis, determinaron que no existía un pronunciamiento sustancial sobre la materia de derecho que la trabajadora buscaba unificar.
Argumentos del recurso rechazado
El recurso planteaba que la causal de despido invocada fue genérica y no especializada, como exige el Código del Trabajo, debido a que las conductas imputadas a la trabajadora podrían configurarse como delito, lo que debería haberse tratado bajo una causal específica del artículo 160 N°1 letra a) de dicha norma. Sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos.
La Corte sostuvo que las conductas acreditadas, como compartir claves de acceso personal e intransferibles, suponían un incumplimiento grave de las obligaciones de confianza que la trabajadora, en su rol de jefatura, debía cumplir. Este comportamiento fue considerado suficiente para justificar el despido bajo la causal del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, que se refiere a incumplimientos graves de las obligaciones del contrato.
Conclusión del tribunal
Finalmente, el fallo señaló que no existía una infracción a la normativa laboral en cuanto a la calificación jurídica del despido y que la recurrente no logró demostrar que las conductas acreditadas no fueran incumplimientos graves. Por lo tanto, el tribunal resolvió que el recurso no podía prosperar en esta instancia.
Fuente: pjud.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Sof-IA: La IA para abogados más eficiente
Oct 18, 2024 | Actualidad Prime
La Sala de la Cámara de Diputados envió al Senado el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, que busca modificar la Ley General de Educación No.20.370. Esta iniciativa tiene como objetivo prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y la violencia en los establecimientos educativos.
Medidas para proteger a la comunidad educativa
El proyecto propone que el Estado implemente medidas para promover la convivencia educativa y el buen trato, protegiendo especialmente a los profesores y asistentes de la educación. No obstante, la Sala rechazó algunas normas clave por no alcanzar el quórum necesario, como el derecho de los estudiantes a un ambiente seguro, libre de violencia y discriminación, además de la inclusión de talleres de resolución de conflictos en la educación media.
Entre las normas rechazadas se incluyen el desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos personales y la capacitación de los establecimientos por parte de la Superintendencia de Educación. También se descartó la posibilidad de pedir asesoría al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica (CPEIP).
Modificaciones a la Política Nacional de Convivencia Educativa
El proyecto, aunque aprobado parcialmente, incluye cambios a la Política Nacional de Convivencia Educativa y su implementación mediante un Plan Nacional de Acción. Los establecimientos deberán contar con un coordinador de Convivencia Educativa de dedicación exclusiva y establecer reglamentos internos con medidas de prevención y protocolos ante situaciones de violencia, tanto física como sexual.
Adicionalmente, el debate en la Cámara reveló diferencias entre los parlamentarios. Algunos defendieron la necesidad de abordar la violencia en los colegios, recordando casos trágicos como los de José Matías y Katherine Winter. Sin embargo, sectores de la oposición expresaron reservas constitucionales, argumentando que ciertas normas podrían afectar la libertad de enseñanza y los derechos de los padres en la educación de sus hijos.
Ministro de Educación defiende el proyecto
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó la importancia del proyecto, señalando que aborda una problemática dolorosa para la comunidad educativa. Subrayó que la iniciativa busca fortalecer la prevención de la violencia en las escuelas y proteger tanto a los estudiantes como a los trabajadores de la educación.
El Senado ahora tendrá la tarea de revisar y votar este proyecto, que sigue generando amplio debate en el ámbito educativo.
Fuente: camara.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Gobierno presenta ambicioso proyecto de reforma en el Poder Judicial
