La justicia chilena volvió a pronunciarse sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Esta vez, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Estado indemnizar a una exestudiante que sufrió detenciones arbitrarias y tortura en 1973 y 1974, en un fallo que reconoce el daño moral provocado por estos crímenes.

El Congreso avanza en la creación del Servicio Nacional Forestal (Sernafor), organismo que reemplazará a la Conaf con nuevas atribuciones y un enfoque descentralizado. La Comisión Mixta resolvió las discrepancias entre parlamentarios y aprobó la redacción que otorga al Sernafor la facultad de evaluar suelos degradados.

El Senado avanza en un proyecto de ley que extenderá la vigencia de las cédulas de identidad para adultos mayores y personas con dependencia severa. La medida busca facilitar el acceso a la documentación, reducir la carga administrativa del Registro Civil y mejorar la atención a quienes tienen movilidad reducida.

La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) reincorporar a una trabajadora que había sido removida de su cargo sin considerar un informe médico que acreditaba la recuperabilidad de su salud. El tribunal determinó que la decisión del MOP fue arbitraria e ilegal, ya que no cumplió con los requisitos establecidos en la ley.

La Corte de Apelaciones de Rancagua falló a favor de un alumno de enseñanza básica cuya matrícula había sido cancelada por su colegio. El tribunal determinó que el establecimiento vulneró derechos fundamentales al no permitirle presentar sus descargos antes de aplicar la sanción.

La Corte Suprema redujo la sanción impuesta a un hombre condenado por manejar en estado de ebriedad y causar lesiones en Puerto Varas. El tribunal acogió un recurso de nulidad presentado por la defensa y determinó que el Juzgado de Garantía aplicó erróneamente un agravante, lo que llevó a una corrección en la sentencia.