La Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de una estudiante de Medicina de la Universidad de Antofagasta, quien había interpuesto un recurso de protección para recuperar sus becas indígena y de residencia indígena, canceladas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). La institución había retirado estos beneficios alegando un cambio de carrera, sin embargo, el tribunal estableció que el paso de la alumna desde el programa de Bachillerato en Ciencias a la carrera de Medicina en la misma universidad representaba una continuidad de estudios, y no un cambio.

La decisión se tomó tras rechazar un recurso de nulidad presentado por la defensa, que cuestionaba el proceso judicial. Con esta resolución, el máximo tribunal reafirma la validez del juicio original y los elementos probatorios que vinculan al condenado con los delitos cometidos en la comuna de Lo Prado en 2022.

La Primera Sala del máximo tribunal desestimó recurso de casación al concluir que estaba mal fundamentado y no demostraba errores en la valoración de las pruebas realizadas por los jueces de primera instancia. Esta resolución reitera la autonomía de los jueces de fondo para establecer los hechos con base a las pruebas aportadas y reafirma la interpretación legal sobre la carga de la prueba en casos de cobro de honorarios.

A raíz de casos recientes, como el denominado “Caso Cobreloa”, el informe exige cambios profundos en la legislación y en los procedimientos de instituciones encargadas de recibir y procesar estas denuncias. Con propuestas concretas, como la creación de un tribunal de arbitraje deportivo, el texto apunta a reforzar la protección de las víctimas y asegurar que los responsables enfrenten sanciones claras y efectivas.

La Comisión Especial Investigadora de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares aprobó un informe que evidencia serias deficiencias en el modelo de abastecimiento y administración de farmacias populares. Según el documento, las actuales prácticas de gestión facilitan la malversación de fondos municipales, lo que genera un alto riesgo de corrupción.

La Corte Suprema acogió un recurso de amparo y ordenó el cierre de la investigación contra dos adolescentes imputados, al constatar que el plazo legal de seis meses establecido en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente fue excedido. La medida busca proteger los derechos de los jóvenes, cuya detención preventiva vulnera garantías constitucionales.