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Indemnización por torturas en Ovalle y La Serena: Fisco deberá pagar $690 millones a ocho víctimas

El Noveno Juzgado Civil de Santiago ha emitido un fallo en materia de derechos humanos. El tribunal ha condenado al fisco a indemnizar con un total de $690.000.000 a ocho víctimas de torturas ocurridas en Ovalle y La Serena durante el fatídico año de 1973.

Publicado: 15 de abril de 2024

El Noveno Juzgado Civil de Santiago ha emitido un fallo en materia de derechos humanos. El tribunal ha condenado al fisco a indemnizar con un total de $690.000.000 a ocho víctimas de torturas ocurridas en Ovalle y La Serena durante el fatídico año de 1973.

Los beneficiarios de esta reparación son Benjamín Ángel Castillo, Leonardo Fernández Rojas, Iván Santander Larrondo, Luis Santander Larrondo, Solercio Maluenda Maluenda, Humberto Monterrey Monterrey, José González Díaz y Leonardo Soto Salas. Todos ellos sufrieron detenciones y torturas perpetradas en la Comisaría de Carabineros de Ovalle y el Regimiento “Arica” de La Serena.

La jueza Cecilia Castro Hartard, al dictar la sentencia en el caso de rol 27.777-2019, rechazó las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva planteadas por el fisco. Esto se basó en la constatación de que los demandantes fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles tanto en el ámbito penal como civil.

El fallo destaca la obligación del Estado chileno de reparar integralmente a las víctimas, en cumplimiento de los compromisos internacionales y los principios constitucionales. Además, establece que las acciones delictuales cometidas por agentes estatales constituyen una violación directa al derecho internacional y a los principios fundamentales de la Constitución.

En cuanto al monto de la indemnización, se consideró el prolongado impacto negativo en el desarrollo emocional y psicológico de los demandantes, así como su exilio, las condenas injustas y las secuelas físicas y mentales sufridas. En consecuencia, se fijaron montos prudentes para cada víctima, desde $70.000.000 hasta $95.000.000, con el reajuste del IPC desde la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Fuente: pjud.cl

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