Por 91 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó, en general y en particular, sin debate, un proyecto (boletín 17903) que modifica la Ley 19.496, de Protección de los Derechos de los Consumidores. Su objetivo es garantizar la gratuidad en estacionamientos en centros de salud.

La iniciativa, impulsada por el diputado Víctor Alejandro Pino, establece que la gratuidad en los estacionamientos aplicará no solo en casos de urgencia o emergencia como dispone la actual normativa. En esta línea, extiende el beneficio a la asistencia a consultas médicas, exámenes, procedimientos de cualquier tipo, internaciones y controles postoperatorios.

Igualmente, se incorpora de manera explícita el derecho a estacionamiento gratuito cuando las personas concurran a los centros de salud a realizar gestiones administrativas o de regularización de deudas asociadas a su atención.

Respecto de los beneficiarios que pueden acceder a la gratuidad en estacionamientos, la iniciativa reconoce que quien asiste a un paciente no siempre mantiene un vínculo sanguíneo. De esta forma, el texto otorga una cobertura más realista y efectiva.

Asimismo, la propuesta consagra la prohibición de cobro a todo evento para vehículos que transportan a personas con discapacidad. También aplicará para quienes presenten dificultad física permanente o transitoria para su desplazamiento.

Fiscalización en centros de salud

El incumplimiento de la norma será sancionado con multas que fluctúan entre las 100 y 150 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). En caso de reincidencia por parte del recinto infractor, la sanción se duplicará.

Respecto de la fiscalización al cumplimiento de la ley, el proyecto dispone que los centros de salud deberán implementar mecanismos de control y validación. Estos pueden ser físicos o electrónicos, que permitan acreditar de manera expedita la atención o gestión realizada por los usuarios.

En cuanto a la entrada en vigor de la propuesta, el artículo transitorio establece que los establecimientos de salud contarán con un plazo de tres meses, desde la publicación de la ley, para adecuar sus sistemas operativos y garantizar la gratuidad del servicio.