El pleno respaldó los cambios que fueron introducidos por la Comisión de Educación a la iniciativa. Dicha iniciativa prohíbe el uso en las salas de clases, estableciendo ciertas excepciones por temas de salud, emergencia o catástrofe, entre otros.

En fallo unánime, la Cuarta Sala del máximo tribunal descartó error en la sentencia. Dicha sentencia ordenó a la demandada la contratación de un asistente de aula que requiere el docente denunciante, más el pago de una indemnización de $15.000.000 por concepto de daño moral.

En efecto, los sentenciadores del fondo, para arribar a la decisión de rechazar la acción de cumplimiento forzado de contrato e indemnización de perjuicios, asentaron que la parte demandante no acreditó que la compra de piezas completas y nuevas fuera necesaria para reestablecer el funcionamiento de los ascensores siniestrados. Sin embargo, la recurrente postula a través de su arbitrio que dicha necesidad fue acreditada suficientemente.

En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia que acogió la demanda de indemnización de perjuicios presentada por la empresa Distribuidora Divalco SA. La contraparte, Sociedad Comercial CRC Limitada, y su conductor fueron condenados al pago solidario de $121.348.415 por concepto de daño emergente. Sin embargo, la sentencia fue revocada en la parte que ordenó el pago de $130.012.068 por lucro cesante y de las costas del proceso.

El ministro Luis Cordero y el subsecretario Rafael Collado expusieron ante la Comisión de Deportes las nuevas estructuras de gobernanza. Además, se detalló el marco normativo y las estrategias que buscan reforzar la seguridad en el fútbol profesional y amateur.

El texto fue despachado por la Comisión de Constitución y tipifica como delito reclutar menores para integrar una organización criminal. Se sanciona esta conducta con penas que pueden alcanzar hasta los 5 años si se actúa con violencia, amenazas, coacción, o aprovechando la vulnerabilidad o dependencia del menor.