Ene 12, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión de Futuro de la Cámara respaldó, con 8 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la legislación para regular los sistemas de inteligencia artificial, robótica y tecnologías relacionadas. El proyecto, originado en una propuesta parlamentaria, tiene como objetivo establecer un área de soberanía digital para los sistemas de inteligencia artificial.
La normativa, abordada en el boletín 15869, busca establecer límites, formalidades y requisitos para la implementación y aplicación de sistemas de inteligencia artificial. Se pretende que estos sean exigibles a todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, que utilicen estos sistemas.
Los fundamentos del proyecto enfatizan la importancia de alcanzar un equilibrio que resguarde los derechos fundamentales garantizados por el Estado de Chile, sin obstruir el desarrollo y acceso a estas tecnologías. Además, se destaca el objetivo de no aumentar desproporcionadamente los costos asociados con la introducción de soluciones de inteligencia artificial en el mercado y en el funcionamiento de organismos públicos y privados.
Presentado en abril de 2023, el proyecto también busca fomentar una discusión democrática sobre las consideraciones éticas de la inteligencia artificial y establecer una legislación coherente que regule procesos de desarrollo, distribución, comercialización y utilización de estas tecnologías.
Entre sus puntos clave, el proyecto aborda la regulación de la responsabilidad civil, los derechos de propiedad intelectual y la utilización de inteligencia artificial en ámbitos penal, educativo, cultural y audiovisual. Además, busca proteger los derechos de propiedad intelectual y las creaciones artístico-culturales, así como salvaguardar los derechos de los consumidores y el tratamiento adecuado de datos personales.
Fuente: camara.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Aprueban creación de comisión investigadora para analizar histórico fraude tributario en Chile
Ene 11, 2024 | Actualidad Prime
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, sin votación ni discusión, la formación de una nueva comisión investigadora destinada a analizar la participación de los órganos del Estado en lo que se considera el mayor fraude tributario en la historia de Chile. La operación, denominada «Operación Tributos», involucra más de 240 mil millones de pesos y ha llevado a la detención de al menos 55 personas, principalmente empresarios.
La comisión se enfocará en fiscalizar los actos del Gobierno, especialmente del Ministerio de Hacienda, Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero, entre otros. La investigación abordará la correcta fiscalización y control de la operación durante los últimos 10 años.
La solicitud para la creación de la comisión, respaldada por 66 diputados y diputadas, destaca que se trata del mayor golpe a la evasión tributaria en la historia del país. Se informa que los presuntos fraudes al fisco suman más de 240 mil millones de pesos desde 2016 hasta la fecha, con más de 100 mil facturas ideológicamente falsas que involucran a más de 300 contribuyentes y al menos a 7 clanes criminales.
Además, se revela que la organización criminal habría creado más de 100 empresas «fantasmas» que operaban en al menos 10 regiones del país, con más de 400 cuentas bancarias, propiedades, vehículos, efectivo y otras divisas. La Policía de Investigaciones y los persecutores penales han logrado recuperar bienes y dinero por un monto estimado de 25 mil millones de pesos.
La comisión sobre fraude tributario deberá presentar su informe en un plazo no superior a 60 días y tendrá la facultad de constituirse en cualquier lugar del territorio nacional para llevar a cabo su mandato.
Fuente: camara.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte de Apelaciones de Santiago incrementa indemnización a motorista por accidente de tránsito
Ene 10, 2024 | Actualidad Prime
La Corte de Apelaciones de Santiago ha tomado una decisión trascendental al incrementar significativamente la indemnización otorgada a un motorista que resultó lesionado en un accidente de tránsito en la comuna de Ñuñoa, registrado en agosto de 2016.
En una resolución unánime, la Undécima Sala del tribunal de alzada, conformada por el Ministro Miguel Vázquez y las ministras Romy Rutherford y Lidia Poza, revocó parcialmente la sentencia del 2º Juzgado Civil de Santiago. Esta revisión implicó una modificación en la compensación económica que deberán pagar solidariamente el conductor y la empresa propietaria de la camioneta involucrada en el accidente.
El fallo del tribunal de alzada destacó aspectos cruciales que condujeron a esta modificación de la indemnización. En particular, se rechazó la evaluación original del lucro cesante demandado, otorgándole al demandante una compensación de $2.000.000, considerando la imposibilidad física para realizar su labor como ingeniero forestal. Además, se confirmó el daño emergente y se duplicó la suma asignada por concepto de daño moral, elevándolo a $10.000.000.
La Corte fundamentó su decisión en la pérdida de la capacidad de ganancia y la invalidez temporal del demandante, lo que le impidió ejercer su profesión durante un período importante. Esto fue respaldado por la documentación presentada, que reflejaba un promedio de ingresos mensuales de $1.000.000 antes del accidente, así como testimonios que respaldaron la incapacidad física del demandante después del evento traumático.
La sentencia resalta la importancia de la reparación integral del daño, citando disposiciones legales y evidencias que justifican la revisión de la indemnización inicialmente establecida. En resumen, la Corte de Apelaciones de Santiago recalibró la compensación, aumentando la indemnización total a pagar a $21.670.330, reconociendo así los perjuicios sufridos por el motorista como resultado del accidente de tráfico.
Fuente: pjud.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Tribunal ordena auditoría a Enel Distribución Chile SA por facturación excesiva de energía a colegio en Quilicura
Ene 9, 2024 | Actualidad Prime
La Séptima Sala del Tribunal de Alzada de Santiago ha emitido un fallo unánime que acoge el recurso de protección interpuesto por el sostenedor del Colegio San Pedro de Quilicura contra Enel Distribución Chile SA. La resolución obliga a la empresa eléctrica a realizar una auditoría exhaustiva para determinar la correcta facturación del consumo de energía del establecimiento educacional.
El tribunal encontró que la empresa eléctrica había actuado de manera arbitraria e irracional al pasar de un promedio mensual de un millón de pesos en facturación a cobrar más de 74 millones al colegio. Esta decisión se fundamentó en la violación del derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.
Enel Distribución Chile SA, si bien reconoció haber emitido facturas por el monto denunciado, justificó esta acción por la supuesta imposibilidad de medir los consumos eléctricos debido a que el medidor estaba bajo llave en el momento de las lecturas.
La sentencia destacó la desproporción evidente en los cobros realizados, concluyendo que este accionar carecía de razonabilidad y constituyó un acto arbitrario que vulneró el derecho de propiedad del colegio.
Como resultado, el tribunal resolvió acoger el recurso presentado por la Fundación Educacional Atlántico, en su rol de sostenedor del Colegio San Pedro de Quilicura, ordenando a Enel Distribución Chile SA realizar una auditoría detallada para determinar con precisión los montos a facturar el servicio de energía correspondientes a los períodos señalados en el recurso.
Esta decisión judicial marca un precedente en la defensa de los derechos de los consumidores y establece un precedente en la supervisión y regulación de la facturación de servicios básicos, asegurando una mayor transparencia y justicia en las relaciones entre las empresas proveedoras y los usuarios.
Fuente: pjud.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: El Senado aprueba enmiendas a ley de explotación de recursos bentónicos
Ene 5, 2024 | Actualidad Prime
El Senado de Chile ha dado luz verde a las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados respecto al proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos. La medida, respaldada por unanimidad, busca regular de manera diferenciada el sector de recursos bentónicos, destacando su importancia en la generación de empleo y exportaciones.
Durante el informe del proyecto, el senador Carlos Kuschel detalló correcciones propuestas por la Cámara, incluyendo definiciones, administración de pesquerías y la conformación del Comité de Manejo de Recursos Bentónicos, enfatizando el proceso de audiencias realizadas.
La intervención de varios senadores resaltó la relevancia del sector en la creación de más de 5 mil empleos y en las exportaciones, alcanzando aproximadamente 700 millones de dólares.
La senadora Luz Ebensperger solicitó precisiones sobre el registro pesquero artesanal, destacando la movilidad entre unidades territoriales. En respuesta, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, aclaró que la ley bentónica no contempla normas sobre la movilidad de tripulantes.
El proyecto de ley tiene como objetivo establecer una regulación específica para los recursos bentónicos, diferenciándolos de los recursos pesqueros tradicionales. Estos recursos incluyen una variedad de especies marinas, como erizos, locos, almejas, algas, entre otros, destinados principalmente a la exportación y extraídos por la pesca artesanal.
Las enmiendas aprobadas incluyen aspectos como la regulación de la exploración y explotación de recursos hidrobiológicos, la definición de acciones de manejo y la modificación de la composición del Comité de Manejo. Además, se introducen cambios en términos de registro, incorporando adecuaciones de género en la redacción de las normas.
La aprobación de estas enmiendas representa un avance significativo en la regulación de los recursos bentónicos y su gestión sostenible, destacando la importancia de este sector para la economía pesquera nacional.
Fuente: senado.cl
Otras noticias de actualidad jurídica: Aprobada en la Cámara de Diputados la rebaja de tarifas eléctricas para servicios sanitarios rurales
