Nuevas regulaciones en telefonía de prepago para combatir la delincuencia

La Sala del Senado aprueba proyecto que obliga a las compañías de teléfonos a identificar a usuarios de prepago. La iniciativa busca fortalecer la persecución de delitos y crimen organizado.

El senador Enrique Van Rysselberghe detalló que el uso de la telefonía prepago facilita delitos como estafas telefónicas desde distintos lugares. Se detectaron problemas como llamadas que saturan servicios de emergencia y coordinación delictiva desde prisiones o el extranjero.

Se enfatizó la necesidad de implementar mecanismos de bloqueo para números asociados a estos equipos y establecer mayores barreras de entrada. La discusión contó con la participación de varios senadores, resaltando la ausencia de restricciones de acceso a estos servicios y la falta de identificación del adquirente.

El proyecto propone bloquear equipos y números no registrados en los plazos legales, permitiendo la rehabilitación del servicio tras la inscripción requerida. Además, se señaló que los teléfonos prepago se utilizan para diversos delitos como estafas, extorsiones y grooming.

Se anticipan ajustes al texto legal debido a cambios tecnológicos en los últimos 5 años. Se resalta la necesidad de una identidad digital y marcos regulatorios actualizados para proteger datos personales y mejorar la interoperabilidad de sistemas.

El plazo para presentar indicaciones al proyecto es hasta el 18 de enero de 2024. Esta legislación apunta a reforzar la lucha contra la delincuencia, estableciendo medidas para identificar usuarios de telefonía de prepago y prevenir su uso en actividades.

Fuente: senado.cl

Rechazan demanda de manifestante herido durante protesta

El 29° Juzgado Civil de Santiago desestimó la demanda presentada por un manifestante que resultó herido por perdigones durante una protesta en 2019. El juez Matías Franulic Gómez rechazó la acción debido a la falta de claridad en los hechos y circunstancias del incidente.

La resolución destaca las variaciones significativas en las declaraciones del demandante, generando obstáculos para determinar los hechos con precisión. Las versiones del demandante respecto a su ubicación y participación en la protesta difieren entre distintos relatos presentados durante la investigación.

El tribunal observó discrepancias en los relatos del demandante sobre su ubicación y acciones durante la protesta. La resolución subraya que las pruebas no brindan suficiente claridad para juzgar la proporcionalidad de la respuesta policial, aunque sugieren su participación en una manifestación injusta y agresiva. El demandante admitió haber realizado actos violentos, lo que justificó la intervención de la policía, pero no demostró una infracción por parte de Carabineros.

El tribunal concluyó que el demandante participó en una reunión ilegal y agresiva durante un período de agitación social, exponiéndose a riesgos sin probar la infracción de Carabineros. La resolución enfatiza que, si bien se reconoce el derecho a manifestarse, debe hacerse pacíficamente y sin armas, de acuerdo con la Convención Americana. En definitiva, la demanda fue rechazada ya que el demandante no logró probar que Carabineros actuara en incumplimiento de sus deberes.

Fuente: pjud.cl

Juzgado Civil de Santiago ordena al fisco indemnización a joven torturado en 1987

El Decimoctavo Juzgado Civil de Santiago ordenó que el fisco indemnice con $35.000.000 a Andrés Pablo Labbé Hernández, quien fue detenido por Carabineros el 3 de noviembre de 1987. Tras participar en una marcha, fue llevado a la Cuarta Comisaría de Santiago, donde sufrió abusos, incluyendo desnudez, golpes y esposamiento a una ventana. Posteriormente, estuvo incomunicado en la Penitenciaría hasta el 12 de noviembre.

La magistrada Claudia Donoso Niemeyer rechazó las excepciones de prescripción y reparación integral del fisco, al establecer que Labbé Hernández fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible tanto en ámbitos penales como civiles. El fallo destaca que la excepción de prescripción no es admisible a la luz de lo sucedido.

El tribunal consideró que los esfuerzos generales del Estado para compensar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a través de pensiones y reparaciones simbólicas, no cumplen con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia resalta que cada individuo afectado debe recibir una indemnización justa, rechazando la alegación de suficiencia de pago por parte del Estado chileno.

Para respaldar la indemnización por daño moral, se presentó un informe psicológico que evidencia el impacto negativo en la integridad física, psíquica y emocional de Labbé Hernández. El fallo ordena el pago de $35.000.000 por daño moral, además de ajustes e intereses, subrayando la necesidad de ajustar la cantidad según la variación del Índice de Precios al Consumidor y agregando intereses corrientes hasta el pago efectivo, considerando la naturaleza declarativa de la sentencia.

Fuente: pjud.cl

Confirman fallo que acogió nulidad de constitución de 13 sindicatos interempresa

Origen: 13° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago; Fecha: 4 de diciembre de 2023; Causa rol: 10.902-2020

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que acogió, con costas, la demanda de nulidad de constitución de 13 sindicatos interempresa de trabajadores del sector bancario, financiero y servicios conexos. La Decimotercera Sala ratificó el fallo que estableció que los sindicatos se constituyeron con abuso de derecho, al carecer de ánimo sindical y sin objeto o causa, por la que le ordenó a la Inspección del Trabajo proceder su cancelación.

La sentencia de primera instancia ratificada estableció que los 13 sindicatos interempresa demandados fueron constituidos con abuso del derecho, toda vez que el objeto de constitución fue exclusivamente dotar de inamovilidad en el empleo a determinados trabajadores de Scotiabank Chile, y así impedir un probable despido debido a la reestructuración que estaba llevándose a cabo al interior del Banco señalado, además de la participación de una gran mayoría de sus directores en el proceso de negociación colectiva del Sindicato de Trabajadores de Empresa Banco Scotiabank y ex BDD.

Se señaló que la falta de vida sindical y la existencia de abuso del derecho en la constitución de las organizaciones sindicales demandadas, razón por la cual, cabe concluir que dichos sindicatos carecen de ánimo colectivo o animus sindicali. En ese sentido, se ha omitido un requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de dicho acto de constitución. Entonces, dado que en los demandados no hubo ánimo colectivo o animus sindicali al momento de formarse, y que adolecen además de objeto y causa ilícita al haber sido constituidos con abuso del derecho, cabe establecer que tales sindicatos son nulos de nulidad absoluta.

Con la nulidad de los sindicatos interempresa demandados, implica retrotraer a las partes al mismo estado en que se hallarían si no hubiesen existido las referidas organizaciones. Así, una vez firme y ejecutoriada la sentencia se remitirá a la Inspección del Trabajo, a fin, que proceda a cancelar la inscripción de los sindicatos demandados en el registro sindical único.

Fuente: pjud.cl

A promulgación nueva Ley de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de Información

Sala del Senado despacha por amplia mayoría (42 votos a favor) proyecto que desarrolla una Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información. Así, el proyecto queda en condiciones para su trámite de promulgación.

El proyecto tiene como objetivo establecer la institucionalidad indispensable para robustecer la ciberseguridad; ampliar y fortalecer el trabajo preventivo; formar una cultura pública en materia de seguridad digital; enfrentar las contingencias en el sector público y privado, y resguardar la seguridad de las personas en el ciberespacio. La iniciativa hace parte de la agenda de seguridad pública.

El texto legal crea un modelo de gobernanza que promueve la gestión de riesgos y la implementación de estándares de ciberseguridad, para mejorar la prevención, contención, resolución y respuesta de incidentes y ciberataques. El modelo se basa en un sistema de colaboración público-privada, con obligaciones de ciberseguridad y sanciones diferenciadas por riesgos y tamaño.

Además, se crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) con facultades regulatorias, fiscalizadoras y sancionatorias, y crea el Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad, como asimismo crea un Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT Nacional), habilita la creación de CSIRT Sectoriales, crea el CSIRT de la Defensa Nacional.

Fuente: senado.cl