Jun 6, 2024 | Actualidad Prime
El día 4 de junio de 2024, la Sala del Senado aprobó por unanimidad un proyecto que busca modificar diversos cuerpos legales con el fin de mejorar la persecución penal en Chile. Esta iniciativa tiene como objetivo principal sancionar la reincidencia y poner fin a lo que se conoce como la «puerta giratoria» en materia delictual.
El informe elaborado por una comisión mixta de senadores y diputados fue ratificado posteriormente por la Cámara. Esta medida es considerada crucial en el ámbito de la seguridad y representa una de las reformas más significativas del código procesal penal desde su promulgación.
El senador Iván Flores, presidente de la comisión de Seguridad Pública y de la comisión mixta, explicó los aspectos clave abordados antes de remitir el proyecto a la Sala.
La iniciativa contempla un estatuto que regula la cooperación eficaz, medidas de protección para los actores intervinientes en el proceso, perfeccionamiento de reglas para la presentación de pruebas y la regulación de procedimientos para evitar que los delincuentes queden en libertad sin antecedentes de sus actos delictivos.
Durante el proceso, la comisión mixta realizó cinco sesiones para resolver aspectos como el principio de oportunidad, el archivo provisional de la investigación, la interceptación de comunicaciones, la reformalización del procedimiento abreviado, medidas para los imputados con enajenación mental, entre otros.
En la sesión participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, y varios senadores. Se destacó el consenso sobre el avance que representa esta iniciativa para combatir la reincidencia delictual y mejorar la persecución penal en el país.
A pesar de ello, durante el debate se plantearon dudas sobre la constitucionalidad de una norma que permite al fiscal nacional dictar un instructivo para informar el archivo provisional de la investigación. Sin embargo, el ministro Cordero aseguró que dicha norma es constitucional según la opinión del Ejecutivo.
El proyecto, originado a partir de una moción de varias senadoras y senadores, tiene como objetivo una reforma integral del sistema penal para aumentar las probabilidades de condena efectiva y reducir las tasas de reincidencia, sin afectar las garantías procesales ni los mecanismos de resocialización existentes.
Entre los puntos acordados en la comisión mixta se limita la aplicación del principio de oportunidad, se regulan las medidas intrusivas de comunicación en casos de asociación delictiva, se establece la posibilidad de reformalizar una investigación penal, se condiciona la suspensión condicional de la pena y se regula el proceso en casos de inimputabilidad por enajenación mental.
Fuente: senado.cl
Jun 5, 2024 | Actualidad Prime
En una decisión unánime, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, compuesta por el ministro Álvaro Carrasco, la ministra Rosa Aguirre y el abogado (i) Felipe Caballero, ha acogido el recurso de protección presentado contra el Hospital Carlos van Buren. El tribunal ha ordenado al establecimiento asistencial anular la resolución que dejó vacante el cargo de la recurrente, restituirla en sus funciones y efectuar el pago de todas las remuneraciones reajustadas desde la fecha de su separación hasta su reincorporación efectiva.
El fallo, basado en el análisis de la situación, establece la actuación ilegal y arbitraria del director del hospital al terminar prematuramente el nombramiento de la recurrente y declarar vacante el cargo por motivos de salud incompatible. Según la resolución, la acción cuestionada es la emisión de la Resolución Exenta N°878, fechada el 1 de marzo de 2024, en la que se rechazó la reposición presentada por la recurrente contra la Resolución TRA N°110635/6/2023 del anterior director.
El artículo 151 del Estatuto Administrativo, mencionado en el fallo, establece que el jefe superior del servicio puede considerar como incompatible con el cargo el haber utilizado licencia médica durante más de seis meses en un período de dos años, sin una declaración de salud irrecuperable. Sin embargo, tanto la recurrente como el hospital están de acuerdo en que la evaluación de la salud de la recurrente mostró una recuperación posible, según lo indicado en la resolución de la COMPIN del 31 de enero de 2023.
El tribunal concluye que la actuación del hospital fue ilegal, ya que declaró vacante el cargo sin cumplir con el requisito legal, lo que constituye una vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, en específico los enumerados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución. Por lo tanto, se acoge el recurso de protección a favor de la recurrente, sin imponer costas, ordenando la reincorporación de esta en sus funciones y el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, desde la fecha de su separación hasta su reintegro efectivo.
Fuente: pjud.cl
Jun 4, 2024 | Actualidad Prime
Jun 3, 2024 | Actualidad Prime
May 31, 2024 | Actualidad Prime
El pasado 28 de mayo de 2024, un grupo de senadores presentó una moción destinada a establecer un régimen carcelario agravado para ciertos delitos considerados de gravedad extrema. La propuesta, ahora en manos de la Comisión de Constitución para su análisis, busca implementar medidas de incomunicación absoluta en centros penitenciarios en casos específicos. Con esto se seguiría una línea similar al modelo italiano conocido como «cárcel dura».
El proyecto implica modificaciones al Código Penal y al Procesal Penal para instaurar un régimen carcelario más severo para aquellos que sean formalizados y permanezcan en prisión preventiva. También para los condenados por delitos relacionados con terrorismo, seguridad interior del estado, tráfico de drogas, control de armas y asociación delictiva, entre otros.
En esencia, se establecen dos penas accesorias comunes para todos los crímenes y delitos simples: la incomunicación con individuos externos al establecimiento penitenciario y la incomunicación con otros reclusos, según lo determine el reglamento penitenciario.
Estas penas pueden aplicarse tanto en la sentencia definitiva como durante el cumplimiento de la condena, pudiendo eximirse o revocarse en casos de colaboración eficaz con la justicia.
La solicitud para aplicar esta medida puede provenir del Ministerio Público, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o el querellante particular. En los casos en que la incomunicación no haya sido impuesta en la sentencia, la solicitud puede ser presentada por diversas partes, incluyendo al propio condenado o su defensor.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de trasladar al condenado a otro centro penitenciario para garantizar la eficacia de la medida. En el caso de la prisión preventiva, la incomunicación puede mantenerse durante toda la duración de la medida cautelar.
El régimen agravado propuesto consiste en la incomunicación absoluta, ya sea con personas externas al establecimiento carcelario o con otros internos. Esta medida se asemeja al modelo italiano de «cárcel dura», diseñado para prevenir asociaciones delictivas, conductas subversivas o terroristas.
Bajo este régimen, los condenados estarían sujetos a un aislamiento estricto, con control de visitas y restricciones a sus actividades, incluyendo el contacto con otros reclusos. Con una duración diaria de hasta 23 horas en celda, con apenas una hora de recreo, este régimen limitaría considerablemente la interacción social de los reclusos.
Fuente: senado.cl
May 30, 2024 | Actualidad Prime
Se propone incrementar la penalización para los actos de cohecho que involucren la participación de organizaciones criminales en el contexto de procesos electorales, según un proyecto de modificación presentado por los senadores José Miguel Durana, Juan Antonio Coloma, Sergio Gahona, Javier Macaya y David Sandoval.
El proyecto de ley, que será evaluado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, tiene como objetivo abordar lo que los legisladores han denominado como «compra de votos y cualquier forma de cohecho, cuando se ejecute con miembros de organizaciones criminales».
En términos concretos, se plantea una pena que oscila entre los 3 años y 1 día y los 5 años de presidio menor en su grado máximo, acompañada de una multa que podría ascender hasta los 6 millones y medio de pesos (equivalentes a 50 a 100 UTM). Esta sanción se aplicaría a aquellos que, en cualquier elección popular, primaria o definitiva, soliciten votos a cambio de beneficios materiales o cohechen de alguna manera a los electores, en colaboración con miembros de una organización delictiva o criminal.
Es importante señalar que la ley actual establece una penalización menor para el cohecho, sin considerar la participación de organizaciones criminales. Según la normativa vigente, el cohecho conlleva presidio menor en su grado medio, una multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos. Este último aspecto se mantiene en la propuesta de modificación.
Los promotores del proyecto fundamentan su iniciativa en la necesidad de que el Estado garantice la protección y seguridad de la población, implementando medidas efectivas para combatir la creciente criminalidad, particularmente la que se organiza de manera más violenta y estructurada. En este contexto, argumentan que es fundamental actualizar las normativas legales para enfrentar las nuevas formas de comisión de delitos y tipificar conductas punibles que antes no estaban contempladas.
Fuente: pjud.cl
