Condenan a cuatro marinos por secuestro con grave daño en Quillota

En un fallo histórico, el Ministro en visita extraordinaria, Max Cancino Cancino, condenó a cuatro exmarinos de la Armada por el secuestro con grave daño de Carlos Francisco Otazo Román, ocurrido en abril de 1974. El tribunal dictaminó penas de 5 años y un día de presidio efectivo, junto con accesorias legales, para Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Héctor Vicente Santibáñez Obreque y Sergio Hevia Febres.

El ministro Cancino Cancino absolvió a los acusados Gilda Mercedes Ulloa Valle y Guillermo Tomás Morera Hierro, descartando su participación en el secuestro.

En el ámbito civil, el tribunal desestimó la prescripción opuesta por el fisco, ordenando el pago de una indemnización de $80.000.000 por daño moral a la víctima.

En la resolución, (causa rol 258-2017) el ministro en visita estableció con certeza que Otazo Román fue detenido en la vía pública en Quillota, trasladado al cuartel Silva Palma en Valparaíso y sometido a interrogatorios, golpizas y torturas con corriente eléctrica. Posteriormente, fue llevado a la Cárcel Pública de Valparaíso y juzgado por un Consejo de Guerra.

La sentencia del Consejo de Guerra, emitida el 14 de marzo de 1975, condenó a Otazo Román a penas de extrañamiento y presidio menor. Sin embargo, el 23 de abril de 1975, se aprobó una nueva sentencia, dejándolo condenado a extrañamiento menor. Carlos Francisco Otazo Román se exilió con su familia en Oslo, Noruega.

Este fallo marca un hito en la justicia chilena al reconocer y condenar actos cometidos durante la dictadura militar. El Estado, al desestimar la prescripción y ordenar la indemnización, asume responsabilidad por el grave daño infligido a Otazo Román. La sociedad espera que este juicio contribuya a la memoria histórica y fomente la búsqueda de verdad y justicia en casos similares.

Fuente: pjud.cl

Tres años de presidio efectivo para autor de receptación de motocicleta en Santiago

En un veredicto unánime, (causa rol 91-2023) el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictaminó una sentencia condenatoria a José Manuel González Cofré. El fallo impone 3 años y un día de presidio efectivo por el delito de receptación de una motocicleta, ocurrido en octubre de 2022 en Estación Central.

La decisión, respaldada por los jueces Cristián Soto Galdames, Cristián Fuentealba Zamora y María Alejandra Cuadra Galarce, incluye accesorias legales. González Cofré enfrentará inhabilitación perpetua para derechos políticos, prohibición para cargos públicos durante la condena y una multa de 5 UTM. El tribunal estableció que el acusado condujo una motocicleta robada, evidenciando daños y signos de fuerza en diferentes partes. La propiedad, avaluada en $450.000, tenía un encargo vigente por robo. El fallo destaca que González Cofré conocía o no podía ignorar su origen ilícito.

Considerando la penalidad para el delito de receptación de vehículo, el tribunal aplicó la pena mínima, basándose en la ausencia de violencia en el robo y la recuperación exitosa del vehículo. Se rechazó cualquier beneficio sustitutivo, ordenando el cumplimiento efectivo de la pena impuesta.

Fuente: pjud.cl

Comisión de Vivienda aprueba proyecto para fortalecer la prevención de incendios forestales

La Comisión de Vivienda dio luz verde al proyecto de ley (boletín 16335) que busca transformar la prevención de incendios forestales y rurales en Chile. La propuesta, ahora en manos de la Sala de la Cámara, tiene como objetivo establecer nuevos instrumentos y robustecer los ya existentes para reducir el riesgo asociado a estos siniestros en todo el territorio nacional.

El proyecto tiene un enfoque claro: fortalecer la estrategia de prevención de incendios. Para lograrlo, se propone definir zonas de interfaz urbano-rural forestal (ZIURF) en los instrumentos de planificación territorial. Además, se busca fortalecer los instrumentos de gestión forestal ya existentes.

En un paso significativo, se establecen zonas de amortiguación forestal (ZAF) con aplicación inmediata en el territorio. Estas medidas, combinadas con las facultades sancionatorias otorgadas al Servicio Nacional Forestal (Sernafor), que reemplazará a la actual Conaf, refuerzan la capacidad del Estado para prevenir y controlar incendios.

La comisión, en su última sesión, aprobó medidas cruciales para reducir el riesgo en las zonas de amortiguación. Estas incluyen la reducción periódica de vegetación para eliminar combustibles y biomasa, así como restricciones al dominio y uso de estas áreas. Además, se considera el papel del Estado en incentivar a pequeños y microempresarios agrícolas y forestales.

El texto también aborda el uso del fuego en zonas de amortiguación, estableciendo condiciones y requisitos. Se destaca la importancia del sistema de agroforestería y la mejora de la productividad de la tierra, así como medidas de recuperación forestal y reforestación en áreas afectadas por incendios.

En términos generales, la normativa obliga a definir zonas de interfaz urbano-rural forestal y considerar medidas de prevención. Busca proteger a la población, sus bienes y ecosistemas, fortaleciendo la gestión forestal según niveles de amenaza. La introducción de zonas de amortiguación forestal proporcionará flexibilidad adicional para abordar el riesgo de incendios en áreas especialmente vulnerables.

Fuente: camara.cl

Acuerdo para la conservación biológica marina fuera de las 200 millas listo para promulgarse

Sala del Senado da luz verde al «Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de la Jurisdicción Nacional». La ciudad de Valparaíso espera ser la sede del tratado.

El canciller Alberto Van Klaveren detalló el origen del acuerdo adoptado en Nueva York el 19 de junio de 2023. La Comisión de Relaciones Exteriores revisó el proyecto, que ahora está en condiciones de ser promulgado.

Objetivo del Acuerdo

El objetivo del acuerdo es garantizar la conservación a largo plazo de la diversidad biológica fuera de la jurisdicción nacional, mediante la implementación efectiva de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, senador Francisco Chahuán, destacó la importancia del tratado para resguardar los derechos adoptados en el Tratado Antártico. Los legisladores subrayaron la vinculación del instrumento y la política oceánica con la protección ambiental, recordando el mandato de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). También se analizó la relevancia de fortalecer la gobernanza internacional en alta mar.

Senadores de Valparaíso resaltaron la propuesta de la ciudad como sede del tratado. Se requiere el respaldo de al menos 50 países de los 183 miembros. Además, se enfatizó en los beneficios que la comunidad podría obtener con este nombramiento. En cuanto al contenido del acuerdo, los parlamentarios hicieron hincapié en elementos clave, como el establecimiento de áreas marinas protegidas, la aplicación del principio precautorio y el estudio de la debida distribución de recursos.

Tras la votación, el canciller Van Klaveren celebró la aprobación del tratado firmado por el presidente Gabriel Boric. Destacó su beneficio para Chile al permitir participar fuera de las 200 millas y monitorear posibles impactos de las especies en el país.

La Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, elogió el respaldo al instrumento que complementa la gobernanza del océano. Destacó la meta «30 por 30», que busca proteger el 30% del territorio marino para 2030.

Fuente: senado.cl

Condenas efectivas en el caso Clan Los Gallegos por tráfico de personas y otros delitos graves

El Juzgado de Garantía de Arica emitió hoy sentencias contundentes contra los integrantes del clan Los Gallegos, acusados de múltiples delitos, incluyendo homicidios, secuestros y tráfico de personas con fines de explotación sexual. En la audiencia de preparación de juicio oral, el tribunal condenó a R.A.M.C. y V.A.R.S., venezolanos, a 3 años y un día de prisión efectiva, junto con la inhabilitación perpetua para cargos públicos, por tráfico de personas. Además, se les impuso penas por porte ilegal de municiones y asociación delictiva.

En un caso excepcional, las penas privativas de libertad se sustituyeron por libertad vigilada intensiva, bajo el control del Centro de Reinserción Social, con condiciones específicas. El requerido A.R.M.S. enfrenta 541 días de prisión efectiva por tráfico de personas y 3 años y un día por lavado de activos y asociación delictiva, ambas con libertad vigilada intensiva.

F.M.D.L.S. y J.D.S.H., de origen dominicano y colombiano, respectivamente, fueron condenados a 4 años de prisión con libertad vigilada intensiva por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en Arica. Z.D.G.F., venezolana, recibió 3 años y un día por tráfico de personas, 61 días por asociación delictiva y 541 días por porte ilegal de municiones. Sin embargo, se sustituyó su pena corporal por la expulsión del territorio nacional por diez años.

El tribunal ordenó la toma de muestras biológicas de los condenados para el registro nacional de ADN de condenados. La audiencia de aprobación de los planes de intervención individual está programada para el 4 de marzo. El proceso contra el resto de los integrantes del clan Los Gallegos, acusados de diversos crímenes, continuará en una audiencia que se espera dure dos semanas.

Fuente: pjud.cl

Ordenan prisión preventiva para imputado de femicidio y lesiones graves

Juzgado de Chiguayante decreta la prisión preventiva de imputado por femicidio frustrado y lesiones en contexto de VIF. En audiencia de formalización, la magistrada Paula Caprile Costa dictaminó prisión preventiva para P.A.I.S., el l lunes 15 de enero de 2024. P.A.I.S., señalado por el Ministerio Público como autor de los delitos mencionados, cometió los ilícitos en el domicilio de la víctima el sábado pasado.

La decisión de la magistrada se basa en la gravedad del delito, la relación de violencia intrafamiliar, y el riesgo que representa para la seguridad de la sociedad y la víctima. El juzgado fijó un plazo de tres meses para la investigación. En su argumentación, la magistrada destacó la obligación de los organismos del Estado de actuar con diligencia, especialmente en casos de violencia de género, conforme a la CEDAW y la Convención Belém do Pará.

Según la fiscalía, el incidente ocurrió a las 07:15 horas del 13 de enero de 2024. P.A.I.S. ingresó al domicilio de su expareja en Chiguayante, apuñalándola en el dormitorio. El hijo resultó herido al intervenir. P.A.I.S. huyó al llegar terceros. La prisión preventiva busca salvaguardar a la sociedad y la víctima, considerando la naturaleza del delito y la particularidad de los agresores de género, según la magistrada Caprile Costa.

Fuente: pjud.cl