Jun 4, 2024 | Actualidad Prime
Jun 3, 2024 | Actualidad Prime
May 31, 2024 | Actualidad Prime
El pasado 28 de mayo de 2024, un grupo de senadores presentó una moción destinada a establecer un régimen carcelario agravado para ciertos delitos considerados de gravedad extrema. La propuesta, ahora en manos de la Comisión de Constitución para su análisis, busca implementar medidas de incomunicación absoluta en centros penitenciarios en casos específicos. Con esto se seguiría una línea similar al modelo italiano conocido como «cárcel dura».
El proyecto implica modificaciones al Código Penal y al Procesal Penal para instaurar un régimen carcelario más severo para aquellos que sean formalizados y permanezcan en prisión preventiva. También para los condenados por delitos relacionados con terrorismo, seguridad interior del estado, tráfico de drogas, control de armas y asociación delictiva, entre otros.
En esencia, se establecen dos penas accesorias comunes para todos los crímenes y delitos simples: la incomunicación con individuos externos al establecimiento penitenciario y la incomunicación con otros reclusos, según lo determine el reglamento penitenciario.
Estas penas pueden aplicarse tanto en la sentencia definitiva como durante el cumplimiento de la condena, pudiendo eximirse o revocarse en casos de colaboración eficaz con la justicia.
La solicitud para aplicar esta medida puede provenir del Ministerio Público, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o el querellante particular. En los casos en que la incomunicación no haya sido impuesta en la sentencia, la solicitud puede ser presentada por diversas partes, incluyendo al propio condenado o su defensor.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de trasladar al condenado a otro centro penitenciario para garantizar la eficacia de la medida. En el caso de la prisión preventiva, la incomunicación puede mantenerse durante toda la duración de la medida cautelar.
El régimen agravado propuesto consiste en la incomunicación absoluta, ya sea con personas externas al establecimiento carcelario o con otros internos. Esta medida se asemeja al modelo italiano de «cárcel dura», diseñado para prevenir asociaciones delictivas, conductas subversivas o terroristas.
Bajo este régimen, los condenados estarían sujetos a un aislamiento estricto, con control de visitas y restricciones a sus actividades, incluyendo el contacto con otros reclusos. Con una duración diaria de hasta 23 horas en celda, con apenas una hora de recreo, este régimen limitaría considerablemente la interacción social de los reclusos.
Fuente: senado.cl
May 30, 2024 | Actualidad Prime
Se propone incrementar la penalización para los actos de cohecho que involucren la participación de organizaciones criminales en el contexto de procesos electorales, según un proyecto de modificación presentado por los senadores José Miguel Durana, Juan Antonio Coloma, Sergio Gahona, Javier Macaya y David Sandoval.
El proyecto de ley, que será evaluado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, tiene como objetivo abordar lo que los legisladores han denominado como «compra de votos y cualquier forma de cohecho, cuando se ejecute con miembros de organizaciones criminales».
En términos concretos, se plantea una pena que oscila entre los 3 años y 1 día y los 5 años de presidio menor en su grado máximo, acompañada de una multa que podría ascender hasta los 6 millones y medio de pesos (equivalentes a 50 a 100 UTM). Esta sanción se aplicaría a aquellos que, en cualquier elección popular, primaria o definitiva, soliciten votos a cambio de beneficios materiales o cohechen de alguna manera a los electores, en colaboración con miembros de una organización delictiva o criminal.
Es importante señalar que la ley actual establece una penalización menor para el cohecho, sin considerar la participación de organizaciones criminales. Según la normativa vigente, el cohecho conlleva presidio menor en su grado medio, una multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos. Este último aspecto se mantiene en la propuesta de modificación.
Los promotores del proyecto fundamentan su iniciativa en la necesidad de que el Estado garantice la protección y seguridad de la población, implementando medidas efectivas para combatir la creciente criminalidad, particularmente la que se organiza de manera más violenta y estructurada. En este contexto, argumentan que es fundamental actualizar las normativas legales para enfrentar las nuevas formas de comisión de delitos y tipificar conductas punibles que antes no estaban contempladas.
Fuente: pjud.cl
May 29, 2024 | Actualidad Prime
En una decisión unánime, la Primera Sala de la Corte Suprema confirmó la condena impuesta al centro comercial Inmobiliaria Mall Las Américas SA, ubicado en Iquique, por un accidente ocurrido en uno de los baños del establecimiento.
La sentencia ratificó la resolución de la Corte de Apelaciones de Iquique que, si bien redujo la compensación otorgada por daño moral, mantuvo intactos los fundamentos que sustentaron la determinación de dicha indemnización.
En el fallo emitido, se argumenta que si bien hubo una disminución en el monto de la compensación por daño moral, esto no alteró los principios establecidos en la sentencia inicial, lo que llevó a la Corte Suprema a coincidir con el recurrente en que no se cumplió con el imperativo legal que exige toda sentencia definitiva.
La resolución destacó que, pese a la falta denunciada, esta no tuvo un impacto decisivo en el fallo final, ya que incluso recurriendo a los fundamentos proporcionados por el tribunal de primera instancia, se llegaría a la misma conclusión. Esto se debe a que la prueba presentada resultó insuficiente para determinar la extensión de los daños sufridos por la parte demandante.
El tribunal consideró que la carga de demostrar la naturaleza y la magnitud de los daños recae en la parte demandante, quien no logró satisfacer completamente este requisito. A pesar de afirmar haber sufrido lesiones graves y un largo período de incapacidad, no se presentaron pruebas suficientes para respaldar estas afirmaciones.
En consecuencia, la Corte Suprema desestimó el recurso de casación en la forma presentado por la parte demandante, confirmando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique.
Este fallo destaca la importancia de presentar pruebas contundentes y pertinentes para respaldar las reclamaciones en casos de responsabilidad civil, subrayando la necesidad de cumplir con los requisitos legales establecidos para obtener una compensación adecuada en casos de accidentes o incidentes similares.
Fuente: pjud.cl
May 28, 2024 | Actualidad Prime
En una decisión unánime, la Cuarta Sala de la Corte Suprema ha resuelto acoger parcialmente el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada. En una sentencia de reemplazo, se ha ordenado el pago de las cotizaciones de salud y seguro de cesantía correspondientes a una ex funcionaria municipal que prestó servicios bajo un contrato de honorarios en la Municipalidad de Talca.
El fallo (causa rol 147.497-2023), redactado por las ministras Gloria Ana Chevesich, María Cristina Gajardo, María Soledad Melo, la abogada Leonor Etcheberry y el abogado Juan Carlos Ferrada, ha determinado un error en la sentencia impugnada emanada de la Corte de Apelaciones de Talca. Esta última, al acoger la acción de nulidad del despido, ordenó el pago de las cotizaciones de seguridad social sin restricciones.
En el análisis del caso, la Sala de la Corte Suprema estableció que, en términos generales, es responsabilidad del empleador cumplir con el pago de las cotizaciones de seguridad social, salvo que exista un pacto expreso entre las partes que traslade esta responsabilidad al trabajador contratado a honorarios. Además, se destacó la importancia de la buena fe y la presunción de legalidad en los contratos suscritos con entidades estatales.
En relación con las cotizaciones de seguro de cesantía, se señaló que su financiamiento es tripartito y que, en el caso de trabajadores con contrato indefinido, el pago debe ser compartido entre el trabajador, el empleador y el Estado.
Por consiguiente, la sentencia de reemplazo establece que la demandada, en este caso la Municipalidad de Talca, debe asumir el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas, así como indemnizaciones y recargos legales correspondientes al despido injustificado de la trabajadora. Estas sumas estarán sujetas a reajustes e intereses de acuerdo con la normativa laboral vigente.
Finalmente, se rechaza parte de la demanda presentada, y se establece que cada parte deberá hacerse cargo de sus costas procesales.
Fuente: pjud.cl
