La Sala de la Cámara aprobó las modificaciones del Senado y dio luz verde a la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (boletín 13991). Con esto, el proyecto concluyó su tramitación en el Congreso Nacional.
La iniciativa también crea la Defensoría de Víctimas de Delitos. Aunque el Senado introdujo enmiendas que complementaron el texto, estas no alteraron el fondo de la propuesta. Se incorporaron normas para fortalecer la institucionalidad, incluyendo un apartado sobre los derechos de las víctimas y regulaciones sobre reclamos y sanciones. Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad.
Funciones y Rol de la Defensoría
El nuevo servicio público será descentralizado, con domicilio en Santiago y direcciones regionales. El Ministerio de Justicia supervisará el organismo.
El Servicio tendrá por objeto facilitar el acceso a la justicia mediante:
Orientación, asesoría y representación jurídica.
Apoyo psicológico y social.
Promoción de mediación y resolución colaborativa de conflictos.
Administración del sistema de mediación familiar.
El texto define las funciones y atribuciones específicas de la nueva entidad. Además, norma su organización administrativa, personal y patrimonio, e indica que el servicio será el sucesor y continuador legal de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial.
Señala que serán usuarios quienes requieran orientación en materias jurídicas. También se otorgará asesoría y representación jurídica a personas que no puedan costearla o pertenezcan a grupos de especial protección. Finalmente, las víctimas de delitos podrán requerir representación jurídica y apoyo social y sicológico.
La Defensoría de Víctimas de Delitos otorgará:
Información sobre derechos y medidas cautelares.
Representación jurídica en el proceso penal y acciones civiles.
Asistencia psicosocial para evitar la victimización secundaria.
Consenso Político y Alcance Social del Proyecto
En el debate en Sala, varios parlamentarios valoraron la creación del nuevo servicio, destacando especialmente la Defensoría para Víctimas de Delitos. Los legisladores relevaron que la entidad consolidará programas dispersos para fomentar el acceso a la justicia, ofreciendo no solo asesoría jurídica sino también apoyo psicosocial.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, subrayó que el Estado apoyará a las víctimas, incluyendo su representación judicial. El ministro recordó el caso de Alejandro Martínez González, cuyos padres impulsaron aspectos del proyecto. Finalmente, se solicitó al Ejecutivo nombrar la ley en su honor.
La Corte Suprema acogió el recurso de amparo de la defensa. Ordenó al Juzgado de Garantía de Quilpué citar a audiencia para discutir la prescripción de la investigación no formalizada por el Ministerio Público.
En fallo de mayoría (causa rol 38.672-2025), la Segunda Sala del máximo tribunal revocó la sentencia que había rechazado la solicitud de sobreseimiento definitivo. El voto en contra fue de la ministra Letelier.
Prescripción Sin Formalización de la Investigación
El fallo sostiene que el Ministerio Público no formalizó la investigación contra el amparado. Por lo tanto, el plazo de prescripción de la acción penal sigue vigente, pues la querella no suspende su cómputo.
El tribunal recordó que la formalización, según el artículo 233 letra a) del Código Procesal Penal, es el acto que suspende la prescripción. En consecuencia, al no formalizarse, el plazo continúa corriendo. Negar el sobreseimiento definitivo por prescripción resulta ilegal y afecta la libertad personal del amparado, ya que lo mantiene unido al proceso judicial.
Además, el artículo 98 del Código Procesal Penal faculta al imputado a solicitar el sobreseimiento por prescripción. Esta pretensión no se altera por la ausencia de formalización.
Decisión Final
La Corte revocó la sentencia apelada de la Corte de Apelaciones de La Serena. En su lugar, acogió el recurso de amparo en favor de Rolf Sielfed Corvalán.
Se ordena al Juzgado de Garantía de Quilpué convocar a la brevedad una audiencia con todos los intervinientes. En esta, el tribunal debe decretar el sobreseimiento definitivo de la causa por prescripción de la acción penal.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación que buscaba anular la resolución de la Superintendencia de Educación. Dicha resolución sancionó a un liceo municipal con una multa de 125 UTM.
En fallo unánime (causa rol 280-2025), la Tercera Sala descartó infracciones en el proceso sancionatorio. El liceo recibió la multa porque no aplicó el protocolo de maltrato escolar ni garantizó la seguridad de sus estudiantes.
Fundamento Legal y Proporcionalidad de la Sanción
El fallo establece que el liceo incurrió en diversas contravenciones a la normativa de protocolos de maltrato o acoso escolar, seguridad en patios, y contratos de personal. Estas son infracciones menos graves o leves, sancionadas por los artículos 77 letra c) y 78 de la Ley N°20.529.
La resolución concluyó que el establecimiento incumplió la normativa, y el Acta de Fiscalización corroboró este hecho. El tribunal de alzada determinó que los cargos estaban justificados y el liceo no aplicó la normativa. Dado que no se destruyó la presunción de veracidad de los hechos (artículo 52 de la Ley N°20.529), no existe arbitrariedad en la decisión. Por lo tanto, el reclamo es rechazado porque el proceso se dictó con estricta observancia a la ley.
Rechazo a la Rebaja de la Multa
El fallo desestimó la petición subsidiaria de rebaja de la sanción, pues esta instancia es un recurso de legalidad, cuyo objeto es determinar si el acto administrativo sancionatorio fue dictado conforme a derecho. Se constató que las infracciones son menos graves y leves, conforme a los artículos 77 letra c) y 78 de la Ley N°20.529.
No obstante, la Corte observó que la multa de 125 UTM se encuentra en el rango legal (51 a 500 UTM) y resulta adecuada. El tribunal consideró la sanción proporcional, ya que ponderó las infracciones graves y la agravante de responsabilidad del artículo 80, letra c), de la Ley N°20.529. Finalmente, se rechazó el recurso de reclamación judicial de la Municipalidad de Santiago, ya que la Corte no encontró ilegalidad en la decisión de la autoridad.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo de la defensa de la abogada María Leonarda Villalobos Mütter. La acción buscaba anular la audiencia de reformalización en el caso Factop-Audios.
En fallo unánime (causa rol 3.546-2025), la Primera Sala descartó actuar ilegal del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Esto porque permitió al ente persecutor comunicar a la amparada hechos que complementan y precisan los que formalizaron originalmente.
Fundamentos del Recurso de Amparo
El fallo citó el artículo 21 de la Constitución Política, que regula el recurso de amparo. Dicho recurso busca que la magistratura ordene guardar las formalidades legales para restablecer el imperio del derecho. Además, asegura la protección del afectado contra toda privación, perturbación o amenaza ilegal a su libertad personal y seguridad individual.
El tribunal de alzada señaló que el recurso se dirigió contra la decisión del tribunal de garantía que desestimó la nulidad de la audiencia de reformalización. Dicha reformalización se llevó a cabo al amparo del artículo 229 bis del Código Procesal Penal. Este artículo faculta al fiscal a solicitar modificar, complementar o precisar los hechos que formalizan.
Legalidad del Proceder Judicial
El tribunal concluyó que el recurso de amparo no indicó cómo la decisión del Juzgado de Garantía afectaba la garantía constitucional del artículo 19 N° 7 de la Constitución Política. Dicha garantía es la que protege por la vía de la acción de amparo ejercida, y teniendo en especial consideración la auténtica naturaleza de la actuación denominada ‘formalización de la investigación’.
La Corte determinó que el Ministerio Público y el tribunal ajustaron su actuar a la ley. Los hechos reformalizados solo complementaban y precisaban la investigación original. En consecuencia, la Corte no advirtió la ilegalidad denunciada ni se configuró el supuesto constitucional que permite el amparo, por lo que declaró el recurso sin lugar.
La Comisión de Gobierno Interior despachó a Sala el proyecto de ley (boletín 17615). La iniciativa modifica la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Su objetivo principal es incorporar mecanismos de control del comercio ambulante e informal.
Durante la última sesión, se votaron las indicaciones pendientes relativas a los lugares permitidos para el comercio ambulante o estacionado. Tras esto, la iniciativa quedó lista para ser discutida en el pleno de la Corporación. La idea central del proyecto es entregar más herramientas a los municipios para que puedan combatir el comercio ilegal, permitiendo el decomiso de productos y fortaleciendo la recuperación de espacios públicos, mediante acciones que se precisarán en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Decomiso y Fiscalización Municipal Fortalecida
Adicionalmente, los legisladores cambiaron la expresión del título a «comercio ambulante o estacionado», eliminando el término «comercio informal». Asimismo, se respaldó que los municipios deberán establecer en sus ordenanzas los lugares permitidos para este comercio.
Dichas ordenanzas deberán incluir un sistema único de identificación personal con registro fotográfico. Además, regularán el procedimiento para el decomiso de mercadería y objetos usados sin autorización, incluyendo la destrucción de los mismos en un plazo que no supere las 48 horas.
Las ordenanzas deberán considerar el diagnóstico del Consejo Comunal de Seguridad Pública. El Ministerio de Seguridad Pública y las municipalidades podrán participar en procesos donde el Servicio de Impuestos Internos sea querellante.
La Inteligencia Artificial jurídica está transformando el sector, y, aunque hay muchas alternativas, no todas ofrecen resultados fiables. Estas son las herramientas más precisas y rigurosas.
La Inteligencia Artificial (IA) ha transformado muchos sectores, y el ámbito jurídico no es la excepción. En la actualidad, los despachos de abogados, las asesorías jurídicas y otros profesionales del derecho están incorporando herramientas impulsadas por IA para mejorar su eficiencia. La Inteligencia Artificial no solo agiliza procesos. También aporta un análisis profundo de datos, permitiendo a los profesionales jurídicos tomar decisiones más informadas y basadas en precedentes legales sólidos.
En este artículo, exploramos cómo la Inteligencia Artificial Jurídica está transformando el campo del derecho y comparamos dos de las herramientas más destacadas en este ámbito:Sof-IA y Tirant PRIME Conversa, ambas desarrolladas por Tirant lo Blanch. Descubre cómo estas soluciones están transformando la forma en que los profesionales del derecho acceden a la información jurídica y mejoran su productividad.
¿Qué es la Inteligencia Artificial jurídica?
La IA jurídica hace referencia al uso de algoritmos y sistemas inteligentes que asisten a los profesionales del derecho en diversas tareas, como la investigación legal, la gestión de documentos, el análisis de jurisprudencia y la automatización de procesos repetitivos. Estas herramientas no sustituyen a los abogados, jueces o asesores, sino que los complementan al ofrecer acceso rápido y eficiente a grandes volúmenes de información, facilitando la toma de decisiones más precisa y fundamentada.
Entre las principales funciones que puede cumplir la Inteligencia Artificial Jurídica en el derecho, destacan:
Búsqueda y análisis de jurisprudencia: las herramientas de IA pueden procesar enormes cantidades de datos legales en cuestión de segundos. Esto permite obtener resultados relevantes basados en precedentes y doctrinas legales.
Asistencia en la redacción de documentos legales: mediante plantillas y sugerencias basadas en casos similares, la IA ayuda a los abogados a redactar documentos con mayor eficiencia.
Automatización de tareas repetitivas: como la revisión de contratos o la gestión de grandes cantidades de información, liberando a los profesionales para que se concentren en tareas estratégicas.
La IA se convierte en un aliado que libera al jurista de tareas repetitivas y le permite centrarse en el análisis crítico y la estrategia jurídica, que es donde verdaderamente aporta valor.
Tirant PRIME Conversa: la nueva generación de IA generativa para el sector jurídico
Tirant PRIME Conversa es la más reciente adición a las herramientas impulsadas por IA de Tirant lo Blanch. A diferencia de Sof-IA, que se enfoca más en la búsqueda y gestión de información, Tirant PRIME Conversa está diseñada para ofrecer respuestas precisas a preguntas específicas dentro del ámbito jurídico. Esto lo convierte en una suerte de «consultor interactivo» ideal para abogados, jueces, notarios y otros profesionales.
Algunas de sus principales funciones son:
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Actualización constante: una de las mayores ventajas de Tirant PRIME Conversa es su capacidad para integrarse con las actualizaciones legislativas y jurisprudenciales más recientes, garantizando que siempre esté al día con los cambios legales.
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Sof-IA: el primer asistente de Inteligencia Artificial Jurídica de Tirant lo Blanch
Sof-IA es una herramienta pionera en el campo de la IA jurídica en español, desarrollada por Tirant lo Blanch. Su principal función es actuar como un asistente virtual que permite a los operadores jurídicos acceder a información jurídica de manera rápida y precisa. Entre sus características destacan:
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Mientras los usuarios escriben o cuando suben un documento ya redactado, Sof-IA lee y comprende para ofrecerle, como sugerencias, toda la legislación, formularios, jurisprudencia y doctrina relacionada, pertinentes para su caso.
Sof-IA está diseñada principalmente para agilizar la investigación jurídica y la redacción de documentos. Su interfaz intuitiva y capacidad para procesar grandes volúmenes de información la convierten en una herramienta indispensable para cualquier profesional del derecho que busque optimizar su flujo de trabajo.
Mientras que Sof-IA se especializa en búsquedas avanzadas y generación de documentos, Conversa destaca por su capacidad de interactuar con el usuario de manera conversacional, proporcionando respuestas directas, fiables, precisas y fundamentadas a preguntas complejas. Además, su motor de IA, constantemente actualizado, asegura que los usuarios tengan acceso a la información más reciente y relevante.
Sof-IA vs. Tirant PRIME Conversa: ¿en qué se diferencian?
Tanto Sof-IA como Tirant PRIME Conversa ofrecen soluciones potentes y especializadas para el campo jurídico, pero se diferencian en sus enfoques y funcionalidades. A continuación, comparamos sus características clave:
En conclusión, Sof-IA es ideal para quienes buscan una herramienta robusta para la investigación jurídica y la asistencia en la redacción de documentos. Tirant PRIME Conversa, por otra parte, es perfecta para aquellos que necesitan respuestas rápidas, precisas y fundamentadas en tiempo real. La combinación de ambas es, sin duda, la forma más completa de obtener una asistencia jurídica inteligente con resultados fiables, precisos, rápidos y rigurosos.
Ambas soluciones son un claro ejemplo de cómo la IA está transformando el campo del derecho. Esto, no cabe duda, ofrece a los profesionales herramientas cada vez más avanzadas para mejorar su productividad y precisión. En Tirant lo Blanch, el compromiso con la innovación sigue marcando el futuro de la práctica jurídica.
