Feb 26, 2025 | Actualidad Prime
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el Banco Santander Chile debe entregar toda la información financiera actualizada sobre los activos y montos que mantenía Jaime Solanes Nogues en la entidad financiera. La Cuarta Sala del tribunal de alzada tomó esta decisión tras acoger el recurso de protección presentado en representación de la hija del fallecido, Dolores María Solanes Mestre.
El tribunal, conformado por la ministra Inelie Durán, el ministro Matías de la Noi y el abogado Rodrigo Asenjo, concluyó que el banco actuó de manera arbitraria y discriminatoria al negar la información solicitada.
El fallo (causa rol 21.552-2024) establece que la entidad financiera no presentó una justificación razonable para entregar datos incompletos ni explicó por qué no proporcionó la totalidad de la información. Según el tribunal, esta conducta vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución, ya que el banco ha otorgado respuestas completas a otros clientes en circunstancias similares.
Ante esta situación, el tribunal determinó que el recurso de protección cumple con los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Constitución, lo que justifica su aprobación.
La resolución ordena al Banco Santander Chile proporcionar a Dolores María Solanes Mestre información detallada sobre todos los productos y activos bancarios que su padre mantenía en la entidad hasta el 16 de junio de 2021, junto con su valorización en esa fecha y su cuantía actual.
Fuente: pjud.cl
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Ene 22, 2025 | Actualidad Prime
La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de nulidad presentado por el Fisco contra el fallo que ordenó indemnizar con $6.000.000 por daño moral a una funcionaria de Gendarmería y pedirle disculpas públicas. El tribunal confirmó la resolución del Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, que acreditó actos de acoso laboral en Gerdarmería y la perpetuación de actos de discriminación por parte de la dirección regional del servicio.
Contexto del hostigamiento laboral
El caso se originó por una serie de nueve sumarios administrativos impulsados contra la funcionaria durante tres años, sin pruebas que justificaran las acusaciones. Además, tras regresar de su postnatal, la dirección regional de Gendarmería la removió de su cargo de jefatura sin entregar explicaciones. Este conjunto de situaciones vulneró las garantías constitucionales de la trabajadora, según el fallo ratificado.
La Segunda Sala de la Corte, integrada por la ministra Marcela Araya, la fiscal judicial Paola Oltra y el abogado Iván Hunter, determinó que el fallo de primera instancia no incurrió en errores de derecho. Según el tribunal, someter a una persona a constantes procesos sancionatorios sin sustento constituye una carga psicológica y una forma de discriminación.
Asimismo, la Corte consideró como otro indicio de acoso la decisión de privar a la funcionaria de su oficina, computador y escritorio tras su regreso al trabajo. Aunque Gendarmería intentó subsanar esta situación, el tribunal concluyó que los hechos acumulados evidenciaron un patrón de vulneración de derechos fundamentales.
Resolución definitiva
El fallo original, dictado el 24 de septiembre de 2024, obligó al Fisco a:
- Pagar $6.000.000 como indemnización por daño moral.
- Enviar una carta de disculpas públicas a la funcionaria.
- Ajustar y pagar intereses conforme al artículo 173 del Código del Trabajo.
- Abstenerse de realizar actos que vulneren las garantías de integridad física y psíquica de sus trabajadores.
La resolución también dispuso el registro del caso en la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia y condenó al Fisco al pago de costas procesales, fijadas en $600.000.
Este fallo reafirma el deber de las instituciones públicas de garantizar condiciones laborales libres de discriminación y acoso.
Fuente: pjud.cl
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Ago 12, 2024 | Actualidad Prime
En un fallo trascendental (causa rol 76-2024), la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, compuesta por los ministros Virginia Soublette Miranda, Juan Opazo Lagos y el abogado integrante Fernando Orellana Torres, ha rechazado el recurso de nulidad presentado por el Fisco de Chile, confirmando la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama que ordenó la reincorporación de Cristóbal Andrés Pizarro Castro a Carabineros o, en su defecto, el pago de $15.333.956 por vulneración de derechos fundamentales.
Detalles del fallo
El caso se originó a raíz de un accidente sufrido por Pizarro en acto de servicio el 20 de junio de 2019, lo que derivó en su posterior desvinculación de la institución. El Juzgado de Letras del Trabajo de Calama determinó que la desvinculación constituía una violación al derecho a no ser discriminado por motivos de salud, y ordenó la reincorporación de Pizarro o la compensación económica mencionada.
El Fisco de Chile, representado por el abogado Carlos Bonilla Lanas, presentó un recurso de nulidad alegando que la decisión de desvincular a Pizarro fue tomada dentro de las facultades legítimas de la autoridad, específicamente por la Comisión Médica Central. Sin embargo, la Corte de Apelaciones desestimó esta argumentación, señalando que la gravedad de la medida adoptada y de la vulneración al derecho fundamental referido está dada en los efectos que el retiro de la institución generó en el actor demandante, pues para considerar su incapacidad física y el retiro de las filas se consideró el historial de licencias médicas
Finalmente, la Corte resolvió rechazar, sin costas, el recurso de nulidad deducido por el Fisco de Chile y declaró que la sentencia definitiva no es nula, confirmando así la decisión del tribunal de primera instancia.
Este fallo subraya la importancia de proteger los derechos fundamentales de los funcionarios públicos, especialmente en situaciones donde su salud se ve comprometida en el ejercicio de sus funciones.
Fuente: pjud.cl
Mar 15, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión de Hacienda ha respaldado, por mayoría, las disposiciones pertinentes del proyecto de modificación y fortalecimiento de la Ley 20.609, conocida como Ley Zamudio. Este proyecto, actualmente en segundo trámite, previamente fue debatido por la Comisión de Derechos Humanos, donde se discutieron más de 200 indicaciones presentadas por los senadores.
El objetivo fundamental de esta propuesta es actualizar la Ley Zamudio. Con esto se busca erradicar, prevenir, sancionar y reparar cualquier forma de discriminación, promoviendo así el principio de igualdad. Para lograr este propósito, se establece un procedimiento judicial especial y rápido ante actos discriminatorios.
Entre las disposiciones destacadas, se considera como discriminación arbitraria cualquier acto realizado por agentes del Estado o particulares que carezca de justificación razonable y que afecte el ejercicio de otros derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política.
El proyecto también aborda la discriminación en el ámbito médico y psicológico, prohibiendo cualquier tratamiento destinado a modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona o grupo de personas, a menos que sea un programa de apoyo al autoconocimiento.
Funciones de órganos estatales
Además, se asigna a los órganos del Estado la responsabilidad de elaborar e implementar políticas para garantizar el goce de los derechos sin discriminación. La Subsecretaría de Derechos Humanos será la encargada de impulsar el cumplimiento de esta la Ley Zamudio y sus objetivos.
Una de las novedades es la creación del Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria. Esté estará compuesto por representantes de diversos organismos del Estado y de la sociedad civil. Este consejo será fundamental para promover políticas y acciones en pro de la igualdad y la no discriminación.
El proyecto también introduce modificaciones al Código Penal, estableciendo sanciones para el acoso discriminatorio en lugares públicos. Las sanciones irán hasta una multa de una a tres unidades tributarias mensuales a prisión en su grado medio a máximo.
Durante la discusión en la Comisión de Hacienda, parlamentarios de la oposición expresaron su disconformidad con algunas disposiciones del proyecto, proponiendo reintegrar indicaciones rechazadas en la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, otros destacaron la importancia del Consejo de Igualdad como un avance para la Ley Zamudio y su impacto en la eliminación de barreras discriminatorias.
Fuente: camara.cl
